Día Mundial de las Poblaciones Migrantes.
Miles de indígenas migrantes son víctimas de las más flagrantes violaciones los derechos humanos por parte de un grupo de enganchadores que, en un acto evidente de trata de personas, son avalados y hasta financiados por la delegación estatal de la Sedesol.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
 foto: Especial |
Pachuca, Hgo., México.-A lo largo de una década, autoridades federales y del Congreso del Estado han estado avalando a los hermanos Monterrubio Hernández, enganchadores de jornaleros agrícolas acusados de diversos delitos, violaciones flagrantes a los derechos humanos de los indígenas y sujetos de acusaciones penales por homicidio en algunos estados del país, aprobando su trabajo con el argumento de que ellos «son de los que más están cumpliendo» con la norma. |
Lidereados por Margarito Monterrubio, al amparo de su «Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca A. C.» los hermanos Monterrubio mantienen en la actualidad un promedio de ocho mil indígenas cautivos como jornaleros agrícolas, repartidos en diversos estados de la República, mayoritariamente en Tamaulipas y Nayarit, donde en este último, el 14 de marzo del 2005 ocurrió la muerte de Alberto Hernández Hernández, huasteco de 17 años de edad, víctima de intoxicación por plagicidas, a causa de las pésimas condiciones de trabajo en las que los campesinos son obligados a trabajar, como consta en el expediente DH/114/2005 de la Comisión Para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit.
La «Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca A.C.», mantiene un promedio de 50 enganchadores afiliados, según relató el propio Margarito Monterrubio a la prensa local el año pasado, y su forma de operar ha sido duramente denunciada por diferentes organizaciones protectoras de los Derechos Humanos e instancias judiciales, como cuando, en julio de 1998, uno de los hermanos Monterrubio, José, fue acusado por la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET) de ser el autor intelectual del asesinato del indígena Lucio Morales Hernández, tal cuál lo delata la causa penal 558/98 de la PGJET.
Sin embargo, hechos como los arriba denunciados, pasan de largo para autoridades como el diputado local del PRI por Huejutla, José Eugenio Segura Marroquín, quien, sin empacho, presume su «buena relación» con los hermanos Monterrubio, con quienes en diversas ocasiones se ha reunido para «tocar el tema» de los jornaleros agrícolas, asegurando que ellos «en este momento son los que más se apegan a las cosas», refiriéndose a la protección debida a los enganchados.
Prueba de la «buena relación» del diputado Segura Marroquín con los hermanos Monterrubio fue lo sucedido en junio del 2005, cuando invitó a un grupo de enganchadores a quienes el legislador nombró «contratistas» presentándolos ante la 59 legislatura como un «ejemplo del buen trabajo y trato con los jornaleros agrícolas». Entre los invitados se encontraba Monterrubio.
Margarito Monterrubio viene cargando cosas de otro tiempo. En este tiempo, Margarito Monterrubio, es de los que están haciendo mejor las cosas; pero eso no implica que yo no lo pueda cuestionar. Si Margartio Monterrubio se le pasa algo que tenga que ver con la gente, yo lo habré de comentar. Pero ahorita, en este momento, yo creo que es de los que más están cumpliendo», comentó el priísta en una entrevista realizada en ese entonces.
– ¿En qué sentido está cumpliendo?
– Están cumpliendo en el sentido de que no hay una norma o un reglamento establecido por parte de la autoridad. Yo he estado pendiente de esta situación y hasta ahorita me he dado cuenta que él no ha mandado a la gente por sí sola. Veo que está utilizando unidades buenas, está cumpliendo con los pagos, veo que, incluso, está protegiendo a la gente a través de un seguro y, bueno, son cosas que de alguna manera tienen que ser obligadas.
«El hecho de que esté cumpliendo no quiere decir que esté dando más de lo que deba de ser. Tiene que cumplir con su obligación; hay otros que no lo están haciendo. Pero, bueno, esto no quiere decir que está dentro de la ley, que está normado. Yo creo que es una situación que a la mejor, no sé si esté cumpliendo con lo mínimo, pero hasta ahorita no ha habido, insisto, cosas que lamentar…» agregó cantinfleando su excusa el legislador.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), ha alertado en infinidad de ocasiones sobre las «mafias» que significan los enganchadores de jornaleros agrícolas. Aún, el propio presidente del organismo, Alejandro Straffon, ha reconocido que en ese ámbito, las autoridades estatales y federales no «han hecho mucho» en cuanto a la seguridad de los indígenas que acuden a las cosechas.
Más aún, Straffon ha reconocido públicamente que ha existido «omisión», hasta intencional, de parte de autoridades y legisladores locales para, por lo menos, «regular» el infierno de los jornaleros agrícolas, que en el sentido estricto significa la trata de personas, actividad ilegal y absolutamente violatoria de los Derechos Humanos.
De acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada por México el 29 de septiembre del 2003, queda definido como «trata» la «captación, transporte, traslado, acogida o recepción» de personas «recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación», dentro los que se especifican los «trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud».
En Hidalgo, existen personas u organizaciones como la «Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca A. C.», de los hermanos Monterrubio Hernández, que plenamente realizan dichas actividades sin que sobre ellos exista acción penal alguna; dejándolos tratar con indígenas bajo la solapa de autoridades como el diputado priísta, José Eugenio Segura Marroquín.
Pero, no solamente el diputado Segura ha sido «solapador» u «omitidor» de las actividades ilegales de los enganchadores, particularmente de los Monterrubio Hernandez. Junto con su compañero de bancada, el hoy diputado federal, Edmundo Ramírez Martínez, en su paso por el Congreso local, realizó un doble trabajo cuando éste presidía la comisión de Derechos Humanos de la 59 legislatura.
En tanto lamentaba la muerte de dos huastecos menores de edad en los campos de Nayarit y firmaba autorizaciones para realizar diligencias «indispensables» para «el esclarecimiento de la verdad de los hechos» sobre el caso, recibía con gusto en el recinto legislativo, la Casa del Pueblo, a Margarito Monterrubio, líder de la organización que reclutó a los menores y los mandó a trabajar a ese Estado, donde fallecieron.
Y, aunque si bien es cierto que tanto Ramírez Martínez y Segura Marroquín, junto con el presidente de la CDHEH, Alejandro Straffon, realizaron inspecciones sobre el caso, siguieron solapando las actividades de los Monterrubio Hernández.
El propio Straffon deslindó a Segura Marroquín de su paisano justificando que la amistad que el diputado tiene con Margarito Monterrubio y sus hermanos: «son dos cosas totalmente distintas, salvo que más adelante se pueda demostrar una situación al contrario, yo me quedaría con esa perspectiva».
La culpa es de la Sedesol
Pese a sus omisiones, los diputados Ramírez Martínez y Segura Marroquín sí acusaron a la Secretaría de Desarrollo Social de coludirse con los enganchadores. El primero de ellos, como presidente de la comisión de Derechos Humanos, dijo que funcionarios de la Sedesol «complacen» la contratación de jornaleros «ya que estos realizan las encuestas, quienes permiten que se incorporen a las tareas agrícolas a menores de edad». El legislador agregó que en lo sucedido en Nayarit y en otras partes del país con indígenas hidalguenses «solo hay dos puntos de vista: o ineficacia o colusión».
Por su parte, el presidente de la CDHEH, Alejandro Straffón, acusa a la Sedesol de «no realizar trabajos» para regular a los enganchadores y agregó: «No hemos visto para nada la mano del gobierno federal en la región Huasteca, en cuanto a lo que se refiere a jornaleros agrícolas».
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