Por Otilia Sánchez Castillo / Desde Abajo
Pachuca, Hgo. México.- El pasado lunes 18 de diciembre un grupo para policíaco, organizado desde el mes de marzo de este año por Ulises Ruiz, realizó el secuestro de Florentino López, actual vocero de la APPO, Otalo Macario, representante del sector Ocotlán de la sección XXII del SNTE y Pedro García, dirigente estudiantil en la UABJO, miembros del Frente Popular Revolucionario y de la APPO.
De acuerdo con información de la APPO, llevaban varios días tratando de capturarlos sin ninguna orden de aprehensión, por lo que presuponen que su detención iba a darse de manera clandestina. Por lo menos en tres ocasiones, Florentino López, logró burlar a sus captores.
El día de su secuestro, los tres salían de una reunión del Consejo Estatal de los Pueblos de Oaxaca que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se ubica en una área sitiada por policías del estado y federales, cuando el vehículo en que viajaban fue perseguido e interceptado por dos camionetas de las que salieron sujetos vestidos de civil con armas largas y cortando cartucho los encañonaron mientras los bajaban del automóvil tirándolos al suelo. “Al mando de este operativo iba Alejandro Barrita» declaró en conferencia de prensa Macario Otalo con el rostro ensangrentado.
Desde el momento de su ilegal detención hasta su traslado a una “casa de seguridad» fueron víctimas de golpes, amenazas y tortura psicológica. Ya en la “casa de seguridad» además de continuar con las golpizas y tortura psicológica, los desnudaron y fotografiaron.
Después de la tortura en esa celda clandestina los subieron en medio de amenazas a una camioneta. Al bajarlos, detrás de Plaza Soriana, hincados sobre su camioneta les colocaron la pistola en la cabeza y amenazaban con disparar. Ahí los abandonaron, después de hora y media de haberlos privado de su libertad y de someterlos a tortura y tratos degradantes.
Lo anterior violenta los derechos humanos fundamentales, en particular la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU del 10 de diciembre de 1984 y ratificada por nuestro país en 1986, así como su Protocolo Facultativo adoptado el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de la ONU y ratificado por México en marzo de 2005.
El artículo 2, numeral 2 de esta Convención establece que: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura».
Sin embargo, y a pesar de ello, hemos sido testigas y testigos de las diversas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y del incumplimiento del gobierno estatal y federal con sus obligaciones de preservar y garantizar a todas las personas el pleno disfrute de estos derechos. No en balde la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presentar en ese mismo día, lunes 18 de diciembre, su informe preliminar sobre los hechos de violencia en Oaxaca, suscitados a partir del 2 de junio pasado, concluye que: «En el estado y, principalmente, en la ciudad capital se mantiene la situación de conflicto, y no existen las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales».
Estos hechos corroboran que el actual gobierno carece de la legitimidad y de la voluntad política para resolver, mediante el diálogo abierto, el conflicto oaxaqueño, prevalenciendo los intereses del poder por encima de los derechos del pueblo.
Como ciudadanas y ciudadanos conscientes, no podemos tolerar y aceptar que se continúe con estas prácticas para tratar de anular la inconformidad y las protestas ciudadanas ante los abusos de la autoridad en turno. La dignidad del pueblo de Oaxaca nos ha venido dando el ejemplo.
