De ser cierta como lo dijo el obispo de Mexicali, que el Papa Benedicto XVI tuvo que intervenir, con una llamada telefónica, en la polémica nacional que en la Suprema Corte de Justicia se resolvió a favor de leyes locales que representan un riesgo a los derechos humanos de las mujeres, estaríamos frente a la completa debilidad del Estado Mexicano.
Como se recordará el Papa Benedicto XVI es el Jefe de Estado del Vaticano, es decir de un gobierno y país extranjero, y por lo tanto que persigue intereses propios, económicos, religiosos y de poder. El obispo de Mexicali abundó que no solo fue el Papa quién intervino en la decisión de los Magistrados que tienen el encargo de impartir justicia a los mexicanos.
Señaló que hubo gobernadores y hasta el presidente Calderón quienes tuvieron un activismo para modelar la lamentable decisión de los magistrados que por un sesgo orientado por valores morales y religiosos perdieron toda objetividad para cumplir su mandato.
El miércoles 28 de septiembre, que además fue una fecha emblemática para el avance de los derechos de las mujeres (Día internacional de la despenalización del aborto) en la Suprema Corte de Justicia se discutió si era constitucional una ley que en el Estado de Baja California declara “el respeto a la vida desde la concepción” pero a pesar de que la mayoría de siete magistrados votaron en contra de ella, cuatro de ellos defendieron con argumentos poco universales y científicos esta norma.
Lo mismo sucedió el jueves 29 de septiembre al discutir una norma similar en el estado de San Luis Potosí, no hubo mayoría calificada (dos terceras partes) y las normas locales quedaron intactas lo que representa estar por encima de la Carta Magna, como lo explican? No hay ninguna explicación, lo que representa un grave y enorme retroceso en materia de justicia y de respeto a los derechos humanos.
Finalmente lo que está en el fondo, es como un conjunto de actores vulnera el Estado de Derecho y el conjunto de leyes de este país. Inclusive la posibilidad de funcionarios del Poder ejecutivo (presidente y gobernadores) que presionaron al poder Judicial, algunos de estos magistrados, que se sabe son “amigochos” que fueron impuestos por “cuotas” para representar intereses particulares y no los de la sociedad mexicana.
Pero sobre todo llama la atención que en un caso en que se juegan los derechos de las mujeres se impongan lineamientos desde el exterior por representantes de otros Estados y gobiernos. Estaríamos frente a la debilidad del Estado Mexicano y de sus actuales representantes en los poderes públicos.
No se trata de un simple desacuerdo, sino de un problema de fondo en la conducción del Estado Mexicano. No solo se han observado límites en materia de seguridad pública donde la delincuencia organizada controla territorios y regiones. Hoy la incapacidad se muestra en unos de las columnas vertebrales de este país.
Desde 1857 se estableció la separación del Estado y la iglesia, inclinándose este país hacía la laicidad en todas sus esferas. El Estado Laico forma parte indispensable en la construcción de la nacionalidad y la identidad política de México, desde el 2000 con la “alternancia” vemos que se está claudicando en este principio fundamental.
Un Estado laico es un estado que centra su concepción democrática en los derechos humanos y que por tanto, se opone a toda pretensión de hacer del derecho vehículo para promover una sola moral, un solo estilo de vida, una única concepción de la persona, una única cultura.
Por su carácter incluyente, el componente laico del estado de derecho garantiza que todas las personas adscriban sus comportamientos al estilo de vida y a los códigos morales y culturales que sea su convicción seguir, con el único requisito de hacerlo en los márgenes del respeto a los derechos fundamentales.
Se trata de faltas muy graves atentatorias con el Estado de Derecho, que no pueden quedar como extravíos y “rumores”, los diputados y senadores deben de intervenir para poner orden en este caos, que tanto daño está causando a la sociedad.
