Es verdaderamente delicado que en plena campaña para renovar los poderes de la Unión (Ejecutivo y legislativo), se manifiesten signos de desgaste de las instituciones políticas y las libertades constitucionales. Ahora es el caso de la libertad de prensa que en los últimos años ha sido por lo menos asediada, y el Estado se ha visto incapaz de proporcionar las garantías para ejercer este derecho.
La semana pasada sucedió uno de los clímax en el sexenio por el asesinato de cuatro personas vinculadas a medios de comunicación, tan solo en el estado de Veracruz. El 28 de abril en Jalapa asesinaron a la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, y posteriormente el 3 de mayo el crimen violento en contra de tres personas en Boca del Río, con huellas de tortura y crueldad excesiva, ponen en alerta las condiciones que viven los medios de comunicación para realizar su labor.
Todo ello sucedió un día antes del Día de la Libertad de Prensa, que se celebra el 4 de mayo, un día en que se ponen en consideración las garantías que establecen los países y Estados para que los medios de comunicación puedan tener las circunstancias de libertad plena y los ciudadanos tengan la posibilidad de ser informados.
Cabe agregar que en este punto de la democracia en México, no se puede mentir, tenemos serios rezagos institucionales que no exentan al gobierno federal ni a los gobiernos locales. México en materia de libertad de prensa, está reprobado, se le compara con países con atraso general en el sistema político y social, e incluso donde hay problemas internos severos.
México se ubica en “zona roja” asegura Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) dentro del radar de los organismos internacionales ante el número de asesinatos, desapariciones y ataques contra periodistas: “una de las situaciones más graves del planeta”, y clasifica entre aquellos países en los que la libertad de prensa no existe.
El día de la libertad de prensa fue de claroscuros, cuando se celebra la valentía de los hombres y mujeres de prensa, se tiñe con la trágica noticia del asesinato de tres reporteros gráficos en Veracruz, por lo que demandó una investigación a fondo y eficaz, pues se debe romper con el círculo de impunidad que rodea estos crímenes, ya sean perpetrados por el crimen organizado, delincuencia común o autoridades implicadas.
La principal crítica es la existencia de la impunidad. Las denuncias y la violencia contra medios y periodistas simplemente no avanzan ni se tiene una claridad. Se habla de que “de fondo hay un problema de disfuncionalidad del sistema de procuración de justicia”, donde los periodistas que son víctimas deben incluso aportar evidencias en la investigación.
Durante la presentación del informe Libertad de prensa 2012, presentado por la organización internacional Freedom House, Darío Ramírez, presidente del colectivo Artículo XIX, lamentó conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa con la noticia de que otros tres comunicadores fueron asesinados.
“La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a tomar otro rumbo, a celebrar alguna condena (contra los agresores de periodistas) y que el gremio empiece a sentirse más seguro? Condenamos la impunidad y nos indigna, y vemos el origen en la incapacidad de los ministerios públicos para configurar investigaciones adecuadas”.
“Hay un trinomio de irresponsabilidad: uno, que el Estado deja hacer y deja pasar lo que destruye a la sociedad mexicana; dos, la sociedad ha dejado que los comunicadores sean masacrados al no valorar el periodismo valiente y crítico, y tres, la competencia entre los medios les ha nublado el sentido de la solidaridad”.
Es triste que en lugar de proporcionar plenas garantías los partidos y gobiernos de diferentes niveles se “tiren la bolita” de que estado es el menos incapaz para dar garantías a la libertad de prensa, cuando se trata de salir de los últimos lugares del autoritarismo, de un problema de país, que sin duda afecta y sufre la sociedad, la economía, las familias, y los derechos constitucionales. Es decir, la falta de libertad de prensa repercute en todo el sistema.
