por Alberto Buitre
La inclusión del general colombiano Oscar Naranjo a la fila de asesores extranjeros de Enrique Peña Nieto es una muy mala noticia para el precario sistema de derechos humanos en México. Significa que, de llegar el priísta a la Presidencia, con su asesoría se instalará en México un régimen de persecución e impunidad jurídica, con el pretexto del combate al narcotráfico y el “terrorismo”. Y como en la Colombia de Álvaro Uribe –a la cual Naranjo sirvió como Director de la Policía Nacional-, podrían establecerse políticas extraoficiales para favorecer el abierto accionar de grupos de choque que, como en el caso colombiano, no establecería límites visibles entre la reacción institucional y la clandestina.
Ni más ni menos que Naranjo es uno de los responsables de la Operación Fénix el año 2008 en la región de Santa Rosa de Sucumbíos, Ecuador, en la cual murieron los estudiantes mexicanos Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, quienes, junto a la única sobreviviente nacional, Lucía Morett, se encontraban en un campamento de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tras los hechos, Naranjo no sólo no respondió ante la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad política, legal y diplomática en el atentado, sino que se encargó de acusar a los gobiernos de Ecuador y Venezuela de ligarse con las FARC según los supuestos apartes del supuesto computador del acaecido jefe guerrillero Raúl Reyes, supuestamente encontrado entre los escombros de los bombazos de Sucumbíos. Tras las acusaciones, el ministro de Interior y Justicia venezolano Ramón Rodríguez Chacín acusó a Naranjo de tener vínculos con el narcotráfico-
Según su biografía simple en Wikipedia, Naranjo es miembro de la International Drug Enforcement Association, que no es otra cosa que el brazo de operación internacional de la DEA. De resultar Peña Nieto elegido, esta agencia estadounidense podría tener libertad para operar en México bajo protección presidencial, pero en detrimento de la Constitución y la soberanía nacional, en pleno escándalo inacabado por el operativo “Rápido y furioso” que permitió el trasiego ilegal de 2 mil armas a México desde Estados Unidos con evidencias de protección del aparato de seguridad de ese país.
Grito desesperado de Peña Nieto a Washington
Por otro lado, la inclusión de Oscar Naranjo es un grito desesperado de Peña Nieto por agradar en Washington, dada la colaboración de éste general en el régimen de Álvaro Uribe, que a la sazón era (y sigue siendo de alguna manera) encargado en Latinoamérica de los intereses políticos-militares y financieros del ala más reaccionaria de los Estados Unidos,
Y no es nada raro que tal maniobra caiga justo en la hora en que el secretario particular de Peña Nieto, Erwin Lino, y su coordinador de comunicación, David López, así como el vocero del PRI, Roberto Calleja, están siendo demandados por la empresa de televisión estadounidense Frontera Television Network (FTN) ante la corte del distrito centro en California por conspiración y fraude para la presunta obtención de 56 millones de dólares de dudosa procedencia, a nombre de dicha compañía propiedad del empresario mexico-estadounidense José Luis Ponce de Aquino. Esto sumado a la terrible imagen que de él ya tienen tres alfiles mediáticos del presidente Barack Obama, el New York Times que ha declarado que en cualquier otro país, Peña Nieto iría hasta abajo en la preferencia electoral , el Washington Post que opina que EPN es “guapo pero con propuestas vagas”, y el The Guardian de Londres, que ha descubierto la relación de complicidad política y financiera entre el aspirante presidencial priísta y la cadena Televisa
para proyectar su imagen como presidenciable, al mismo tiempo de intentar derrumbar la de su principal oponente electoral, Andrés Manuel López Obrador.
Vicente Fox, la conexión
En ese sentido, es muy probable que la conexión Álvaro Uribe – Peña Nieto se haya dado gracias a Vicente Fox, panista y asesor del aspirante priísta, quien ha sido uno de los aliados “antiterrorismo” del ex presidente colombiano y enemigo público de López Obrador. De hecho, tras la masacre de Sucumbíos, se reunieron el 8 de noviembre del 2008 en el “Centro Fox” de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el ex presidente Fox, Uribe y el grupo Consejo Ciudadano para la Seguridad, que interpuso una demanda penal contra Lucía Morett queriéndola llevar ante la corte colombiana por presuntos nexos con las FARC. En esa reunión estuvo presente el mismo General Oscar Naranjo a quien Uribe pidió hacer “una revisión documental” para “ayudar” a dicho Consejo Ciudadano para la Seguridad, del cual hoy no se tienen muchas noticias, y que, entonces, pidió al ex presidente colombiano actuar en contra de quienes estaban “alborotando a los maestros” en el Estado de Morelos, refiriéndose a las protestas magisteriales contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.
