El Gobierno de Colombia no sólo ha avalado la estatura política y militar de esta organización mediante el reconocimiento del diálogo “entre iguales”, sino que ha recurrido a los gobiernos de Cuba y Noruega –se dice que de forma personal a Fidel Castro-, para establecer la mesa de ruta para la paz.
Por Alberto Buitre
La firma de los Acuerdos para la terminación del conflicto armado en Colombia es un triunfo político de las FARC-EP y del Partido Comunista Clandestino de Colombia. Algo cierto, que pocos se atreverán a reconocer.
Hace apenas cuatro años, el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez y primo hermano del actual presidente Juan Manuel Santos, Francisco Santos, aseguraba que la guerrilla de Marquetalia estaba “liquidada”; que estaban en “punto de quiebre”; en su “peor momento de la historia”; que sólo quedaban “sectores radicalongos” que en “cuatro o seis años” serían aplastados. ¿Y ahora? El Gobierno de Colombia no sólo ha avalado la estatura política y militar de esta organización mediante el reconocimiento del diálogo “entre iguales”, sino que ha recurrido a los gobiernos de Cuba y Noruega –se dice que de forma personal a Fidel Castro-, para establecer la mesa de ruta para la paz.
Una paz que juega en campo de los guerrilleros. Una paz que, no obstante, aún costará más vidas de soldados e insurgentes pues Bogotá no está dispuesta a soltar las armas contra los alzados, ni por parte de sus fuerzas oficiales ni de aquellos que auspician a los que actúan paramilitarmente. Pues Bogotá, se sabe, no opera sola sino en concordancia con un cúmulo de potentados que tejen la macroeconomía colombiana.
Pues Bogotá sigue siendo el principal eje geoestratégico de Estados Unidos, en tanto que Washington determina su política militar. De tal manera, si el presidente Santos ha puesto sobre la mesa la intención de un “proceso de paz” no sólo estaría motivado por una derrota política interna, sino aceptando la fuerza organizativa de movimientos sociales como la Marcha Patriótica que proponen la “Segunda y definitiva Independencia” de Colombia contra la plutocracia colombiana y la de Estados Unidos. Una agenda que es diametralmente opuesta a la que llevó a Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño.
El proceso de paz fue definido por el propio presidente Santos como “una hoja de ruta”. A confesión de partes, desde hace año y medio se han trabajado los acuerdos que permitieron este 4 de septiembre oficializar en La Habana la mesa de diálogo. Luego de esto, a mediados de octubre se reunirán en Oslo, Noruega, comisiones del Gobierno y del Secretariado de las FARC-EP para comenzar los trabajos que serán marcados por tres etapas, cada cual de crítica importancia:
La primera será exploratoria; es decir, las FARC-EP y el Gobierno colombiano evaluarán y en su caso, asentarán, si existen condiciones y voluntades para el acuerdo de paz. Si las partes deciden avanzar hacia el segundo punto, se estaría hablando de una posibilidad real y auténtica de pacificación del conflicto armado colombiano. En ella, Marquetalia y Bogotá estarían discutiendo “sn interrupciones ni intermediarios” cinco puntos en agenda, construidos mutuamente como necesarios para el éxito del proyecto: uno, desarrollo rural; dos, garantías para el ejercicio de la política y participación ciudadana; tres, fin del conflicto armado, dejación de las armas y reincorporación a la vida civil y pública de las FARC-EP; cuatro, solución al problema del narcotráfico; y cinco, los derechos de las víctimas. Si existen acuerdos sobre estos rubros, no sólo habría voluntad para el establecimiento definitivo de la paz sino una agenda concreta para lograrla. De ahí, la mesa avanzaría hacia el tercer y último punto que sería la implementación de todo lo acordado, a través de un puntual marco de garantías.
Todo el proceso será cuestión de meses y no de años, según adelantó el presidente Santos. Los grupos políticos al interior de Colombia dedicados a la justa construcción de la paz, al igual que los gobiernos del Continente americano, han apostado a que surja humo blanco de la mesa de octubre para el avance del diálogo y que en un periodo breve de tiempo -tan breve como pueda considerarse a la luz del año y medio que tardó en concretarse el acercamiento-, el pueblo colombiano pueda soñar con una paz efectiva y seguramente, con una paz que conlleve “profundas modificaciones al orden vigente”, según palabras del Comandante Timoleón Jiménez.
Pero no todo será terso. Grupos de todos los órdenes no dudarán en alinearse a los propósitos desestabilizadores de Álvaro Uribe, quien yace en una guerra declarativa en contra de Santos acusándolo de “negociar con el terrorismo a través de la dictadura Chávez”, según escribió en su cuenta de twitter a mediados de mayo.
Es probable que éstos quieran aprovechar la continuación de los combates entre la guerrilla y los grupos militares y paramilitares, para echar por la borda el proceso de diálogo que proseguirá en tanto. Sin embargo, Uribe luce solo. La aparente buena recepción de la Casa Blanca a la firma del Acuerdo, supone para el ex presidente un mensaje de rechazo a su palabrería en contra de Santos, Las FARC-EP y de paso, Hugo Chávez quien ha sido un acompañante permanente en la ruta de pacificación colombiana, tanto que, de concretarse, éste será también un triunfo, un gran triunfo, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
A Uribe sólo le restan sus amigos en el Partido Republicano. Y suponiendo que Mitt Romney pueda derrotar a Barack Obama en noviembre, Estados Unidos se arriesgaría a reactivar los yerros más intransigentes del Plan Colombia. Sin embargo, la empresa luce incierta para el uribismo que, al parecer, ya tan solo cuenta con el ex presidente mexicano Vicente Fox como aliado seguro, lo que de por sí ya es un despropósito.
Santos está llamado a superar las dos amargas experiencias previas a este nuevo proceso. La primera: la de 1985 con Belisario Betancur, que condujo al asesinato de entre 14 y 20 mil militantes de la Unión Patriótica, entre ellos dos candidatos presidenciales, por parte de paramilitares, fuerzas oficiales y narcotraficantes.
La segunda: la de la frustrante experiencia del Caguan de 1998, llena de traiciones, tolerancia institucional de las masacres, subordinación de Andrés Pastrana a la política exterior de Estados Unidos y amenazas de su gabinete para que las FARC-EP en dos años se entregaran y desmovilizaran en pleno desconocimiento de las propuestas de paz. Sin embargo, las intenciones del presidente Juan Manuel Santos lucen serias y por su parte la guerrilla se declara optimista. Venezuela y Chile fungirán como acompañantes. Se sabe de qué lado cada cual. La Habana y Oslo, las anfitrionas. Las distensiones partirán de su intervención.
El proceso es largo y muy difícil. Y aún así, sólo el diálogo y no la guerra, podrán solucionar más de 50 años de conflicto colombiano, el más duradero en América. Diálogo que aspira a una paz de verdad, no sólo a una paz sin fuego, sino una paz democrática y con justicia social, donde – está claro-, no caben plutócratas ni guerreristas.
@albertobuitre
