Desde septiembre de 2010, pobladores del municipio hñahñú de Santiago de Anya rechazan la construcción de una cementera que no goza de la aprobación de las comunidades ni de los estudios de impacto ambiental necesarios. La represión ya escaló a la desaparición forzada de uno de sus opositores.
por Pablo Vargas González
Se ha hablado en este sexenio de Calderón de la venta y entrega de concesiones mineras de México al capital extranjero (757 proyectos) principalmente en regiones mineras de pueblos indígenas y campesinos pobres que no han podido aprovechar sus riquezas naturales en su beneficio, puesto que no solo siguen en la pobreza sino que ahora corren el riesgo del saqueo por parte de empresas trasnacionales.
Se han entregado concesiones mineras a inversionistas en un momento de auge global y elevación de precios del oro y la plata. Lo que produce ganancias elevadas que no quedan en las comunidades ni mucho menos benefician a la población. Ya que gran parte de esos territorios son ejidalesy la presencia de las empresas en las comunidades ha ocasionado conflictos sociales, además de la destrucción de bosques y selvas.
El territorio de Hidalgo no está exento de estos riesgos. Es el caso de los pueblos aledaños a Santiago de Anaya, Hidalgo. La promesa de la “modernización” no siempre ha traído el “progreso”, sino trae consigo un alto impacto ambiental, territorial y social. Provoca devastación forestal y vegetal; expulsa ejidatarios, campesinos e indígenas de sus tierras y degrada el medio ambiente de forma irreversible, así lo han planteado diversas organizaciones comunitarias de México.
Se trata de proyectos que en pleno siglo XXI son inadmisibles porque implican una nueva colonización similar a la del siglo XVI, donde el saqueo y la sobre explotación se da con la gracia del supremo gobierno en contra de regiones, comunidades y población. Es hora de pensar en proyectos de desarrollo local que beneficien a las personas.
En Santiago de Anaya se dio a conocer en septiembre de 2010 cuando los pobladores de diferentes comunidades indígenas (recordemos que el municipio se encuentra en el Valle del Mezquital), se manifestaron por que desconocían la inminente la construcción de una empresa cementera en el municipio y nadie del gobierno federal, estatal o municipal se había tomado la molestia de informar a la población sobre un proyecto que podría cambiar sus vidas.
Pero de repente todo se vino en una espiral de información a medias. La preocupación e incertidumbre fue combatida de manera mediática. Desde el gobierno estatal de dijo que llegaría “una empresa verde” y, como siempre se plantearon los grandes propósitos y las “grandes bondades” de la empresa cementera. Pero lo que mal empieza no siempre acaba bien.
El 23 de enero de 2011, a todo vapor al final del sexenio del gobernador Osorio Chong se inauguró la Trituradora y Procesadora de Materiales (TPM) Santa Anita ubicada en la comunidad El Palmar, municipio de Santiago de Anaya. Se dieron las grandes cifras:
La planta generará hasta mil 200 empleos y 150 más directos y 400 indirectos para su operación. Y que la empresa producirá 600 mil toneladas de cemento de alta calidad anuales y por el tipo de maquinaria y equipo a utilizar, será la planta más moderna del país en su ramo. Y la cereza del pastel es que la empresa es parte de los corporativos pertenecientes a Carlos Slim, dueño de Telmex, el monopolio telefónico.
Sin embargo en el transcurso de 2011, las promesas de que habría una “armonía con la naturaleza y el entorno no se cumplieron y por el contrario fueron desarrollando problemas que hoy tiene un conflicto de grandes dimensiones entre las necesidades y el bienestar de la población con intereses económicos ajenos a las comunidades.
Los estudios de impacto ambiental no fueron los suficientemente apropiados, tanto en la etapa de construcción de la planta como en la operación. Hasta el momento se han venido inquietando varias comunidades y pueblos circunvecinos de Santiago de Anaya y de San salvador porque es probable la afectación de recursos naturales: la contaminación del acuífero Actopan-Santiago de Anaya, la más importante reserva de agua subterránea del Valle del Mezquital, y de las grutas de Xoxafi y muchas otros problemas de salud y ecología.
El caso es que por falta de diálogo, de información y de transparencia, hoy existe una línea divisoria entre las comunidades, la empresa transnacional y el gobierno estatal. El conflicto ya ha tomado signos preocupantes en la violación de derechos humanos, toda vez que de las amenazas y hostigamiento a los líderes sociales se ha concretado con la desaparición forzada de Daniel Gómez Pérez comisariado ejidal de Patria Nueva. Es urgente formar una mesa de diálogo y concertación y no esperar hasta que las circunstancias sean irremediables.
