Hablar de 198 vidas de mujeres arrancadas, producto de actos violentos cometidos en una inmensa mayoría por hombres, con acciones de violencia sexual en otro número importante y precedidos, según los datos que arrojan las notas periodísticas, por escenarios de violencia familiar, hielan el cuerpo.
por Soledad Jarquin Edgar
El recuento hemerográfico de las organizaciones civiles señalan que a la fecha 198 mujeres han sido asesinadas y otras 57 desaparecieron en lo que va de la actual administración pública que encabeza Gabino Cué Monteagudo.
Esa cifra que parece no detenerse y que aumenta con el paso de los meses, tiene a buena parte de la sociedad bajo el temor, pero más que eso hay indignación frente a los hechos porque reflejan que la violencia no se puede desmontar desde las palabras y los discursos sin acciones concretas, sin hechos que contrarresten el machismo y la misoginia que sigue permeando no sólo la actuación cotidiana de los hombres sino también de las instituciones.
En tanto la clase política oaxaqueña está preocupada por obtener un sitio en la contienda electoral, la cifra macabra que deja la violencia feminicida sigue creciendo, sin que le quite el sueño a sus protagonistas, mujeres y hombres, que tienen puestos sus ojos en otros espacios y no en la seguridad pública, no en erradicar la pobreza, no en la educación, no en procurar condiciones mejores para que las y los jóvenes puedan tener expectativas para sus vidas, no las futuras sino las actuales, y en general no en la generación de condiciones mejores para toda la ciudadanía.
Hablar de 198 vidas de mujeres arrancadas, producto de actos violentos cometidos en una inmensa mayoría por hombres, con acciones de violencia sexual en otro número importante y precedidos, según los datos que arrojan las notas periodísticas, por escenarios de violencia familiar, hielan el cuerpo.
¿Por qué tanta exageración? Pensaran. No es para menos. Hace algún tiempo ya habíamos hablado del espejo en que los estados del país deberían observarse frente a la violencia feminicida y que se concentra de forma lamentable en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde esta violencia denominada como feminicidio tomó la categoría de una catástrofe humana.
Todavía recuerdo en 2005, cuando recién se inauguraba en su gobierno el terrible Ulises Ruiz, las organizaciones demandaron poner los ojos en la violencia y asesinatos cometidos contra las mujeres, el detonador fue el asesinato de una joven perpetrado en el municipio de Xoxocotlán. A raíz de ello, la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza, negó que fuera un feminicidio, porque entonces el concepto no estaba reconocido en las leyes locales. Pasaron desde entonces siete años para que fuera tipificado el feminicidio como delito autónomo, lo que sucedió apenas en agosto del año pasado.
A raíz de los dos asesinatos ocurridos en cosa de menos de 10 días y las cada vez más frecuentes desapariciones de mujeres muy jóvenes de nueva cuenta aparece en el escenario el Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, diciendo a un diario que se edita en la ciudad de México que “si bien los homicidios de mujeres que se han dado en esta administración son varios, no todos, tienen características de feminicidios”.
Me pregunto y se preguntas muchas otras personas ¿para qué meterse en camisa de once varas? ¿Qué es lo que pretende con esas declaraciones? ¿Qué es lo que le preocupa más? Lo que diga la prensa y lo que piense la ciudadanía o los resultados escuálidos que ofrece la dependencia que usted encabeza.
¿Le importa tanto que los asesinatos tengan o no tintes de feminicidio para ocuparse de ellos? ¿Acaso no es suficiente el asesinato de mujeres y su tarea esclarecer los crímenes tengan o no tengan “tipo de feminicidio”?
¿Qué indicaciones tiene señor procurador sobre la violencia feminicida? Que de un plumazo mediático intenta descalificar las críticas que la sociedad civil le hace al sistema de gobierno frente a una realidad que es simplemente inocultable y que a todas luces está parada sobre dos aspectos: uno la ineficiencia de sus colaboradores y la otra, resultado de la primera, la impunidad.
Ese es, al final de cuentas el problema fundamental, mientras los resultados de su trabajo sean conceptos tergiversados a una conveniencia política y no la aprehensión de los feminicidas o asesinos, como prefiera llamarlos, estaremos repitiendo la grotesca historia que juzgará por los siglos de los siglos a los gobernadores, procuradores y hasta jueces que no dieron ni dan resultados concretos a las familias de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y en otras entidades del país.
Me pregunto en qué momento las autoridades electas y las designadas por los gobernadores para ocupar puestos públicos, que en un ritual institucional juran servir al pueblo, que para eso les paga y bien, pierden la sensibilidad y, por el contrario, actúan como si el pueblo les debiera o de plano no los mereciera.
Ese es el caso del procurador Manuel de Jesús López López quien con sus declaraciones en los medios lo que hace es menospreciar al pueblo. Es lo que hace cuando un padre o una madre de familia solicitan angustiados que se investigue la desaparición de su hija o que el asesinato de sus hijas no quede en la impunidad y en cambio lo que reciben es simplemente nada, ninguna respuesta, sino esperar, como si las cosas se resolvieran por arte de magia.
Su ineficiencia procurador, como sucedió en 2005 con Caña Cadeza, tienen un costo enorme para la sociedad y se refleja en las cifras de una cuenta hemerográfica que no me queda duda podría ser aún mayor porque para su fortuna y mala suerte de Oaxaca los medios no reflejan todo lo que sucede en esta entidad tan grande y tan dispersa: 198 mujeres asesinadas.
La sociedad no quiere más desaparecidas, la sociedad rechaza contundente que la cifra siga creciendo y no está dispuesta a que la impunidad siga siendo el signo de las instituciones, la muestra está en las marchas de protestas, en las declaraciones, en la indignación que hay en este momento no sólo de organizaciones civiles sino de una sociedad entera y en especial de las y los jóvenes.
Lo que tenemos a la vista producto de la violencia misógina y machista, es también producto de la falta de una estructura de gobierno que nos lleve a prevenir estos lamentables hechos. Con el argumento de la eterna falta de dinero, el gobierno de la alternancia que encabeza Gabino Cué Monteagudo ha sido incapaz de articular una acción preventiva entre todas sus dependencias, incluso, entre los distintos poderes y niveles de gobierno.
Pero si en el gobierno de Gabino Cué lo que prevalece es la ineficiencia y la ineptitud, en el gobierno de la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados la violencia parece no quitarles el sueño. Hasta ahora no hemos escuchado ni un solo pronunciamiento del presidente municipal para saber al menos qué piensa, en tanto las autoridades de Mitla y Tlacolula fueron acusadas de no actuar de inmediato después de la desaparición de una menor de 16 años, cuyo cuerpo sin vida fue arrojado en un paraje.
Es la falta de políticas y campañas encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres la que lleva a una sociedad a no acudir al llamado de auxilio de una mujer para evitar que se cometa un crimen o se le violente; lo mismo pasa cuando como sociedad estamos paralizados mirando cómo aparecen las fotografías de mujeres y hombres desaparecidos en las redes sociales o en plotters colgando de puentes o bardas y no hacemos nada consecuente para exigir al gobernante en turno que se cumpla con la ley para proteger la vida de las mujeres.
No lo hacemos porque pensamos que lo que sucede dentro de una casa es un asunto privado y que no debemos meternos, pero lo cierto es que como decían las feministas en los años setenta: lo personal es político, y la violencia familiar no es un asunto que se queda dentro de cuatro paredes, es un asunto público que debe ser atendido de manera pronta y eficicaz por las autoridades, pero nunca a través de la mediación, ni la pretensión de que las parejas se reconcilien por el “bien” de la familia.
La responsabilidad del gobierno es cambiar la violencia estructural que hoy se puede contabilizar en cientos de casos de agresiones a mujeres, en la desaparición de 57 jóvenes y en el asesinato de otras 198 y está más allá de lo que hasta ahora, el protagonismo desmedido, permite ver a las y los servidores públicos.
Una lástima para Oaxaca que sigamos gobernados por quienes creen ilusamente en sus “buenas” acciones pero que no pueden ver la realidad concreta. Por eso este lunes a las 12:30 horas, “Todas en un Pacto por la Vida de las Mujeres y las Niñas de Oaxaca” convoca a las mujeres de Oaxaca a unirse para solicitar a Gabino Cué respuestas, a rechazar la impunidad y sobre todo que asuma su responsabilidad como gobernante y si no –eso digo yo- que se vaya.
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@jarquinedgar
