Pablo Vargas González
Por si fuera poco a los problemas políticos ocasionados por la baja aceptación a las llamadas reformas que se están implementando como la reforma educativa, en donde hay una significativa movilización de protesta ahora llegan los desastres naturales.
Nuevamente como en cada temporada, nos ponemos a reflexionar sobre los estragos y repercusiones que causan los fenómenos naturales en el país o en esta entidad. En esta ocasión con dos ciclones no es la excepción, muy poco se puede hacer ante fenómenos meteorológicos devastadores como los huracanes, tormentas e incluso terremotos u otros que generan desastres naturales. Muy poco pueden hacer los gobiernos para prevenir a la población que es afectada por estos acontecimientos, sino solamente para dar respuesta cuando han pasado las tragedias.
Con los fuertes ciclones Manuel e Ingrid que arrasaron en las costas de Guerrero y Oaxaca, es un ejemplo de que si bien es casi imposible prever el carácter de riesgo, esta afecta con mayor intensidad a las poblaciones vulnerables, es decir a las comunidades y pueblos marginados y pobres. Precisamente en estas entidades los estragos han sido mayores puesto que la acción gubernamental es débil e ineficaz, y desde luego las respuestas son en consecuencia precarias.
Esto nos da dos lecciones: por una parte, se requiere la fortaleza estatal, y de la planeación de las políticas para generar el desarrollo económico, y más aun si este proceso es efectivo para todas las regiones y municipios. Aunque los desastres repercuten casi por igual, lo cierto es que las poblaciones afectadas siempre son las que se ubican zonas de marginación y comunidades rurales, en que la prosperidad no ha llegado aún.
Y por otra parte, en casi todos los ejemplos de desastres naturales, la acción gubernamental es insuficiente, y donde la intervención de grupos sociales es más evidente, y se tiene mayor capacidad de movilización de la ayuda y del apoyo. Esto aunque la sociedad civil organizada sigue siendo despreciada y minusvalorada, hoy mas que nunca es la gran reserva de la sociedad, no solo para prevenir y generar una cultura de la prevención y del riesgo sino para llevar a efecto las labores de reconstrucción de las comunidades afectadas.
Los datos en el nivel internacional son fuertes. En los últimos 20 años, más de 200 millones de personas se han visto afectadas por desastres naturales cada año en el mundo. Los desastres naturales deben entenderse como el resultado que genera un fenómeno natural cuando impacta sobre una sociedad. Es muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad de la población y los factores sociales críticos que agravan los efectos del fenómeno natural, como las viviendas mal construidas, la pobreza extrema o las deficiencias en las medidas de prevención, entre otras.
Los desastres naturales tienen enormes consecuencias para las personas que los sufren puesto que además de cobrar vidas, también dan lugar a pérdidas materiales de la producción, medios de producción y generación de ingresos e infraestructura, las cuales menoscaban la capacidad de subsistencia y recuperación de los sobrevivientes, además de que al reducirse la seguridad alimentaria por la destrucción de cultivos y la pérdida de ganado se agravan los problemas al ocurrir empeoramientos de la salud, hambrunas y muertes.
No puede pasar inadvertido, que muchos de los fenómenos naturales (huracanes, tormentas, sismos) dejan ver la falta de calidad de la infraestructura pública sobre todo carreteras, puentes, pavimentación, alcantarillado y escuelas y hospitales y edificios públicos. Es decir donde existe responsabilidad de los constructores y de los funcionarios que permitieron las obras con baja calidad de los materiales. Por lo que debe de haber una sería investigación y rendición de cuentas.
Se requiere incorporar en nuestro país, de manera urgente la prevención y preparación en caso de desastres naturales en sus planes de desarrollo nacional y estatal, esto permitirá una planeación sólida. Y también una extensa educación, capacitación y sensibilización de la sociedad para concientizar sobre el cuidado de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y del agua. Esto resulta a la larga más barato y más eficaz que los planes de urgencia y de desastres naturales. Urge un nuevo tipo de políticas públicas locales que tengan una visión de largo plazo y de sustentabilidad centrada en la participación ciudadana.
