“Si estás embarazada ya no puedes seguir viniendo a la escuela porque le das mal ejemplo a tus compañeras”, le dijo el director de la Secundaria, y ella ya no fue más, a pesar de su promedio de 9.5
Su embarazo aún era poco visible, pero el rumor se había regado por toda la escuela Secundaria General Número 10 de Pachuca, Hidalgo: “ya hay otra panzona”. El director la mandó llamar a su oficina, la observó de arriba a abajo y le preguntó sin rodeos: -¿Estás embarazada? No hubo más remedio que aceptarlo. Primero, la vergüenza de tener que abrir la boca para dejar salir un tímido “sí, señor”. Después, la rabia contenida ante el dolor de la expulsión. Hasta ese momento las horas de escuela eran su momento favorito del día, y ahora la violación que había sufrido le estaba quitando también esto.
Cuando supe de la expulsión de Jeidy fui a buscarla a su casa para acompañar su caso. Mi auto no pudo subir la inclinadísima colina en que ella vivía, en una colonia urbano-marginal (muy marginal) de la capital hidalguense. Dejé mi vehículo a medio camino, hasta donde logró subir, junto a una montaña de basura. Seguí a pie por el camino de tierra, en medio de casitas de cartón ubicadas sin ningún orden en un cerro poblado sin licencia.
La casa de Jeidy no era diferente a las demás de su colonia: Un solo cuarto de cartón con lámina, de aproximadamente nueve metros cuadrados, y un cuartito de un metro cuadrado a un lado. El piso era de tierra y el techo de una lámina frágil. Aun así, sus dos hermanos mostraban buen humor y no dejaron de jugar ante mi llegada. Anselma, la madre de Jeidy trabajaba por las mañanas como intendente en un centro comunitario de la presidencia municipal de Pachuca, y como empleada doméstica por las tardes. –“Ahorita viene la Jeidy, se está bañando”- me dijo con una amplia sonrisa.
Minutos después, Jeidy apareció en la puerta de la casa, traía la cubeta con la que se había bañado en el cuartito contiguo. El largo pelo negro le escurría acomodado en un hombro, apenas alcanzaba el metro y medio de estatura. Su expresión totalmente infantil contrastaba dramáticamente con su ya entonces visible vientre de embarazada, de niña embarazada a los 12 años.
Hacía un mes que la habían expulsado de la secundaria, y cinco que había sido violada por su vecino, un joven de 17 años adicto al cemento, que un día le habló bonito, le dijo que era su novia y que la querría mucho. Ante esa súbita declaración, Jeidy no le contestó nada y lo dejó hablando solo. Al día siguiente, cuando ella volvía de la escuela y se lo topó nuevamente en la calle, él la violó.
Anselma apoyó a su hija hasta donde sus conocimientos le dieron. Le reclamó al muchacho, pero no obtuvo nada. No sabía que podía denunciar, así que no lo hizo, del mismo modo que no denunció cuando un par de años atrás, su marido (el padre de Jeidy) la golpeó y la atacó con un machete hasta casi matarla. Después de eso, el esposo huyó a Estados Unidos y dejó a Anselma herida y con cuatro hijos, entre ellos Jeidy.
En su camino por obtener algo de ayuda para su hija, Anselma se topó con una activista que le informó que Jeidy tenía derecho a un aborto legal por violación. Madre e hija fueron al DIF Municipal de Pachuca para que les informaran al respecto, pero la trabajadora social que entonces laboraba en el DIF del municipio, les dijo que el aborto no era una opción porque eso “era un crimen”.
Desconcertadas por la contradicción de informaciones y juzgadas por el personal del DIF Pachuca, ambas dejaron de buscar ayuda y se concentraron en llevar el embarazo a buen término para posteriormente dar a la criatura en adopción.
Cuando el caso de Jeidy se conoció en los medios locales, la presión social hizo que las autoridades educativas la readmitieran en la secundaria, tras el consabido “usted disculpe”. No volvió a clases, pero aceptaron realizarle los exámenes con los que se pondría al corriente para que no perdiera el curso escolar.
A parte de la violación sexual, a los doce años Jeidy había sufrido otras dos violaciones: La violación de su derecho a la educación y la violación de su derecho a un aborto legal. Pero una cuarta violación estaba por llegar, y nuevamente por parte de las autoridades.
La noche en que Jeidy se preparaba para parir, llegó con su mamá al hospital ginecobstétrico de la Mujer, en Pachuca. Mientras la niña de entonces 13 años estaba en la sala de partos, su madre fue a efectuar los trámites para la adopción. Ya los habían comenzado desde antes. En el DIF Estatal les apoyaron con un juicio en el que al padre fugitivo de Jeidy le quitaron la patria potestad, para que la niña embarazada pudiera dar en adopción a su bebé, sólo con la autorización de su madre. De tal manera que la noche del parto en el hospital, sólo faltaba un par de firmas para concluir con el trámite.
Cuando Anselma llegó a la oficina correspondiente, fue abordada por integrantes del personal del hospital, quienes la convencieron de no concluir con el trámite y de hacer que Jeidy se quedara con la bebé, con el argumento de que “si ahorita le permitía dar un bebé en adopción, al rato le iba a llevar otro”. – “Es mejor que se haga responsable de sus actos”, le dijeron.
Y así, con los juicios morales por encima de la ley, las autoridades locales de aquel lejano 2007 formaron una cadena de violaciones a los derechos de las niñas, con la cual le impusieron a Jeidy una maternidad adolescente que ella no deseaba.
El embarazo adolescente condena principalmente a las niñas a la pérdida de la salud, de las oportunidades y de los derechos. Jeidy fue una estudiante de excelentes calificaciones, las cuales muy probablemente le habrían llevado a tener una condición socioeconómica y cultural diferente a la de su madre, pero los prejuicios y la violencia de quienes tienen la obligación de garantizar los derechos le condenaron a repetir el círculo de la pobreza, a ella y a su hija Emily.
Casos como el de Jeidy ilustran de la manera más cruel que la prevención del embarazo adolescente no debe focalizarse exclusivamente en las y los adolescentes, sino debe comenzar con la reeducación del funcionariado público encargado de atender a la adolescencia, con el establecimiento de protocolos y procedimientos de atención integral a la problemática del embarazo adolescente, con sanciones para quienes los incumplan y con reparación del daño. No sólo por las “Jeidy”, sino también por las “Emily”, para que las hijas e hijos producto de embarazos adolescentes, vivan una historia diferente a la de sus madres y padres.
