Desde hace algunas semanas y gracias a un trabajo periodístico de Animal Político (medio digital de noticias) nos pudimos enterar con lujo de detalles sobre el nivel de corrupción en el gobierno de Veracruz a manos de Javier Duarte.
Desde ese día a la fecha se han desatado una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto una amplia red de complicidad entre los funcionarios del mal logrado gobierno de Veracruz.
Con ese telón de fondo (corrupción y malversación de fondos por cerca de tres mil millones de pesos) no debemos de olvidar la catástrofe social que impera en aquella entidad. Donde la inseguridad ha aumentado considerablemente (tiene la mayor tasa de asesinatos en el país), es el estado en donde más periodistas son asesinados y, por desgracia, el más endeudado de México (por obvias razones). En este sentido, hablamos de una verdadera degradación institucional que ha permeado en todos los espacios de la vida pública. De esta magnitud es el daño que se le hizo a Veracruz.
Sin embargo, las autoridades y algunos medios, hacen énfasis exclusivamente en el daño patrimonial y en el proceso judicial que se le sigue a Duarte. Está bien (existe un reclamo generalizado de ver al ex gobernador tras las rejas). Pero no hay que perder de vista el daño colateral que deja ese político caído en desgracia. Por principio de cuentas se tendría que recuperar el dinero que tomó de las arcas del estado y que tenía como destino apoyos en salud y educación. Por otro lado, sería pertinente procesar a todos los operadores de ese desfalco. Es decir, para que Duarte extrajera indebidamente tres mil millones de pesos tuvo que comprar muchas voluntades. A esos cómplices también hay que procesarlos. En otras palabras, el principal delincuente es Duarte (por eso se fugó) pero detrás de él hay otros implicados que deben caer.
Ahora bien ¿qué pasó en Veracruz para que un gobernador hiciera de las suyas durante seis años y no pasara nada? La respuesta es sencilla. Duarte contó con el apoyo de su partido y de políticos de primer nivel. Sólo así se puede entender que, el ahora prófugo de la justicia, gozara de un margen de maniobra tan extenso. Vale la pena recordar que en 2012, cuando Peña Nieto estaba en campaña, al secretario de finanzas de Veracruz (Tomás Ruiz González) lo descubrieron portando 25 millones de pesos en efectivo cuando viajaba en el aeropuerto de Toluca. Dinero que no pudo comprobar y que decomisó la PGR. Después se especuló que esa generosa cantidad estaba destinada a la campaña presidencial del PRI.
Bajo este esquema (de complicidad y amiguismo con la clase política nacional), podemos entender el periodo de gracia con el cual contó Duarte durante todo su sexenio. Para reforzar esta hipótesis basta con hacer un seguimiento de su estrategia de renuncia. Esto es, después de separarse del cargo de gobernador en una cadena de televisión nacional nadie lo ha visto; ¿ya sabía de la orden de aprensión en su contra? ¿Quién le aviso Gobernación o la PGR? ¿Por qué decidió fugarse? ¿Ya no cuenta con la gracia de la clase política nacional?
Ahora bien ¿qué pasará con el caso Duarte? Considero que es más rentable (políticamente hablando) capturarlo, procesarlo y meterlo a la cárcel que dejarlo libre. Esto es una obviedad. Pero el tiempo en política es clave y si lo anterior no ha ocurrido es por algo. Me explico, en este momento se hacen los cálculos (el recuento de los daños) de aquello que se llevó Duarte, pero sobre todo, de aquellas implicaciones que tendrá este caso en el ambiente político nacional. De tal suerte que caben algunos escenarios.
El primer escenario podría ser que capturen a Duarte justo antes de que inicie el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien en diciembre toma posesión como gobernador constitucional y quien ha reiterado en diversas ocasiones que tiene información suficiente que “cimbrará al sistema político” según afirma. Si antes de ese anuncio “bomba” del nuevo gobernador capturan al prófugo Duarte su anunció no tendrá tanto impacto.
Otra posibilidad es que capturen a Duarte antes de 2018 obedeciendo a un cálculo electoral básico. Veracruz representa un estado clave en las aspiraciones presidenciales de cualquiera. De tal manera, que es muy conveniente que ese caso se “resuelva” en un ambiente de campaña electoral. El costo social, sin embargo, es muy alto. Porque eso implica que el acusado burló la justicia durante dos años.
El último escenario es que exista una negociación entre el PRI y el PAN en donde esos dos partidos se comprometan a procesar a dos de sus peores referencias políticas: Duarte y Padrés (Guillermo Padrés fue gobernador de Sonora por el PAN y es acusado por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares); y de esta manera, compartir los efectos (positivos y negativos) de tener dos gobernadores en la cárcel.
Sea cual sea el desenlace de estos acontecimientos, lo cierto es que Duarte se convirtió en el peor referente de todo el sistema político mexicano. Donde es evidente que la corrupción ocupa un lugar de preferencia en la práctica de la política. Y no sólo eso, también pone en evidencia todo el sistema judicial del país. Porque teniendo una orden de aprensión en su contra un personaje de tal envergadura (acusado, señalado y demandado por las propias autoridades federales) se les escapó sin dejar rastro de su paradero.
Bajo estas circunstancias, las autoridades judiciales y los políticos se convierten en el hazme reír de un buen sector de la población, que consideran que todo este caso tiene que ver con una gran simulación.
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