Las autoridades económicas y laborales del Estado podrían aprovechar que los empresarios restauranteros exigen abrir sus locales en medio de la pandemia para revisar las condiciones contractuales bajo las cuales mantienen a su planta laboral. Cuántos trabajadores y trabajadoras no tienen contrato fijo, o colectivo; cuántos gozan de seguridad social y prestaciones mínimas; cuántos tienen vacaciones pagadas y aguinaldo; si se les pagan horas extras o se les asegura indemnización y atención médica en caso de accidentes laborales; o cuántos están sometidos al modelo de subcontratación, régimen antiético dónde se les niega el contrato quienes trabajan, no tienen acceso a utilidades y yacen en indefensión laboral. Además, sería fundamental investigar cuántos de estos negocios tienen demandas por despidos injustificados, acoso o violencia de género en el trabajo. Si resulta que cumplen con cada uno de los derechos que son inherentes a las y los trabajadores, merecen ser atendidos pues demostrarían ser patronales que cumplen a cabalidad su responsabilidad con la ley. De lo contrario, no sería que les preocupara tanto dejar de laborar, sino perder una fuente de lucro a costa de las personas empleadas.
Antes de que abran los RESTAURANTES
