Hay un escándalo en España luego de que un Hospital público le negara la práctica de un aborto a una mujer, que además es médica de ese mismo centro, alegando objeción de conciencia. Ella presentaba un embarazo de alto riesgo y, ante el maltrato recibido por los obstretas, ha denunciado a la institución pues en el país la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas es legal desde 1985.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente aprobó por unanimidad la legalidad del aborto; pero también dio validez a la objeción de conciencia, en una votación dividida. Según la Corte, el personal médico puede negarse a interrumpir un embarazo siempre y cuando no ponga en riesgo la salud de quien es paciente o se trate de una urgencia médica.
El argumento del grupo de jueces que se opusieron es que, la objeción de conciencia, violenta al paciente; es decir, que en ello, los médicos o médicas no ven por la persona en riesgo sino por su propia moral. Y en efecto: negarse a practicar un aborto nada implica asuntos médicos, científicos o sanitarios. Al contrario, quienes apelan a esta argucia para violar un derecho, lo hacen desde bases morales religiosas, nunca médicas.
En todo México el aborto es legal. Todos los hospitales, pero sobre todo los públicos, deben adecuar sus normas, procedimientos y recursos a garantizar este derecho. Quien lo niegue está violando lo dispuesto por la Corte, por tanto, estaría incurriendo en un delito. Aún más, estaría cometiendo un acto de terrorismo contra la salud pública por razones morales, algo no menos parecido a un talibán.
