Fallo federal da razón a Pablo Vargas contra UAEH; se cumplen dos años del cese al académico

. Este miércoles 3 de enero, se cumplen dos años del despido injustificado de Pablo Elías Vargas González de su puesto como investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), bajo la acusación de ser un “comunista”. En esta fecha, el académico informó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ignoró el amparo que le concedió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Distrito federal, en el cual, le solicitan a la instancia se “corrijan las anomalías” y se “valoren correctamente las pruebas” que se siguen en el caso que inició por los hechos de los cuales son responsables el rector Luis Gil Borja y el director del Instituto de Ciencias Sociales, Adolfo Pontigo. No obstante, la JLCA optó por ignorar el fallo.

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

Pachuca.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ignoró el amparo concedido al doctor Pablo Vargas González por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Distrito federal, en el cual, le solicitan se “corrijan las anomalías” y se “valoren correctamente las pruebas” que se siguen en el caso por despido injustificado que el académico sigue contra las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El amparo resolutivo -basado en la queja 447/2007 interpuesta por el académico a causa de la sentencia emitida por la JLCA el 8 de junio del 2006 donde “absuelve” y perdona a los representantes de la universidad de restituir a Vargas González-, indica que la Junta Local “analizó de manera incorrecta las pruebas” y “actuó con ilegal proceder” en el juicio, por lo que el Tribunal Colegiado regresó el expediente a dicha instancia para que se corrigiera y se valoraran correctamente las pruebas.

Las pruebas que la JLCA no valoró correctamente se refieren –señala Vargas González en un comunicado-, a un documento falso y alterado, “producto de un delito de orden penal que la JLCA consideró como válido”. En él, se establece que el académico dice ya está “cansado del maltrato” por lo que renuncia “para ya no tener más problemas”. Sin embargo, ese es un párrafo que “agregaron” las autoridades de la UAEH a una acta de entrega recepción de la oficina del investigador de la cual lo arrojaron con “lujo de intimidación, engaños y violencia verbal”.

Para el académico, la alteración del documento “no sólo es pueril y ridículo, sino que violentó todo tipo de legalidad”.

Pese a las pruebas, el nuevo laudo de la JLCA sobre el caso, prefirió ignorar el resolutivo federal. El 4 de diciembre de 2007 el pleno de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje emitieron otra resolución en la que absuelven a las autoridades de la UAEH a cumplir con la ley y de pagar las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, obteniendo el respaldo de la representante del Sindicato de Profesores (SPAUAEH) con lo que “queda claro la distorsión y el control que se tiene de este agrupamiento que debe velar por los intereses de los trabajadores; por lo que es evidente la línea política que se sigue en esta universidad”, sentencia Pablo Vargas.

“Ante la falta legalidad de las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que depende del gobierno del Estado, nuevamente recurriré a la justicia federal, mediante juicio de amparo, para que proteja y garantice mis derechos laborales y particularmente me reinstale en mi puesto como profesor investigador, en el cual realicé para la UAEH contribuciones académicas significativas”, señala.

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