. Este lunes 18 se dieron cita periodistas, directivos de medios, dirigentes de organizaciones civiles, juristas e intelectuales para acompañar a Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores en la audiencia pública del juicio por daño moral entablado por el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra el prologuista y autor del libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, respectivamente
Por Desde Abajo
Pachuca.- El caso de demanda del diputado federal, Gerardo Sosa Castelán contra el columnista Miguel Ángel Granados Chapa y el escritor Alfredo rivera Flores inició en agosto de 2004 ante el Juez 39 de lo civil Miguel Ángel Robles Villegas y su secretaria de acuerdos, Laura Alanís Monroy , sustentándose en el presunto daño moral que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusa haber sufrido por la publicación del libro “La Sosa Nostra Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo”, por lo que demandó también a la casa editorial, Miguel Ángel Porrúa, al diseñador y fotógrafo que participaron en la edición de la obra.
Ante lo anterior, este lunes 18 se dieron cita periodistas, directivos de medios, dirigentes de organizaciones civiles, juristas e intelectuales para acompañar a Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores en la audiencia pública del juicio por daño moral entablado por el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra el prologuista y autor del libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, respectivamente.
El periodista Jenaro Villamil de la Agencia Proceso relató que en la audiencia, realizada en el juzgado 29 de lo civil del Distrito Federal, la perito en psicología de la parte acusadora, Olga Leticia Galicia García, afirmó que el peritaje psicológico realizado en contra de Granados Chapa y Rivera Flores se justifica porque la finalidad es determinar “la intención” de los demandados en contra de Sosa Castelán.
La abogada Perla Gómez, defensora de Granados Chapa y Rivera Flores, subrayó ante el juez Miguel Ángel Robles Villegas que el peritaje psicológico en contra de los demandados viola el derecho a la privacidad, no constituye prueba idónea para determinar el daño moral y va en contra de la jurisprudencia establecida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechaza la “intencionalidad” y la subjetividad como una causal de prueba para justificar el daño moral.
Gómez afirmó que este peritaje psicológico constituye una de las irregularidades más graves de este juicio por daño moral que se ha prolongado durante cuatro años, con el consentimiento y la dilación del juez Robles Villegas.
En la audiencia pública estuvieron presentes el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el director Editorial del periódico Reforma, René Delgado; la periodista Carmen Aristegui; el escritor Carlos Monsiváis; el abogado Javier Quijano; el periodista José Gutiérrez Vivó; la defensora de derechos humanos Clara Jusidman, y decenas de activistas y reporteros que fueron a expresar su solidaridad y apoyo a Granados Chapa y a Robles Villegas, ante la irregularidad de un juicio que, de acuerdo con la abogada Perla Gómez, tiene como objetivo principal mantener “permanentemente demandados” a los periodistas y sentar un precedente “muy negativo” en los casos de daño moral.
La abogada defensora de Sosa Castelán, Rosalía Verónica Castro Abeika, se quejó continuamente ante el juez por la presencia de los representantes de los medios de comunicación y de los especialistas que acompañaron a los acusados.
El juez Robles Villegas, quien llegó 45 minutos después de la hora acordada por él mismo para la audiencia, manifestó su sorpresa ante “el interés sorprendente” que ha adquirido el caso
Hostigar, intención de la demanda
Sobre el asunto, Libertad de Información México (Limac) y su coordinadora Perla Gómez Gallardo, quien funge como representante legal de los demandados explica, que para que en México para que proceda el Daño Moral es necesario que se configuren dos situaciones: 1) Que el acto que presuntamente lo origina sea ilícito; 2) Que se cause un daño a la persona agraviada.
Ambos supuestos no se configuran en el caso que nos ocupa, pero indistintamente que lo anterior se hace valer en el procedimiento lo que preocupa no es propiamente la demanda que en sí misma ya es excesiva sino las múltiples irregularidades que se han presentado en la tramitación de la misma tales como:
“Se llevó más de 2 años en avisar a todas las partes a fin de que se presentaran a contestar su demanda ante el tribunal; Una y otra vez se retrasan los acuerdos en perjuicio del tiempo tramitación del juicio; Se desecharon pruebas relevantes por parte del Juez; Se aceptaron en cambio la prueba pericial en psicología en contra de los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa, para demostrar la supuesta intención de dañar, cuando eso es irrelevante en la causa que nos ocupa y atenta incluso a la dignidad de los demandados que acuden de buena fe”.
Limac explica que ante todas las irregularidades se llevan 29 apelaciones ante la 8a Sala del Tribunal y la fecha tienen paralizado por la irregularidad procesal desde la número 14 lo que “entorpece el juicio”.
Limac solicitó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia magistrado Edgar Elías Azar tuviera en cuenta las irregularidades y lo excesivo de los tiempos en la tramitación del caso, sin que a la fecha se vean resultados en la supervisión que tiene de los casos.
Gómez Gallardo dijo que hostigar a Rivera Flores y a Granados Chapa es el trasfondo de la demanda presentada por Sosa Castelán: “Desde que inició este procedimiento pareciera que simplemente la estrategia es tener demandadas a las personas. Porque de querer él resarcir su honor, con todo derecho, si existiera el caso, pues estaría agilizando todo. Pero, por el contrario, pareciera que es una medida indirecta de inhibir la libertad de expresión: tener demandado a alguien a perpetuidad. Sólo que los demandados no están pagando abogados, sino, sí estarían en un serio problema”
“Un juicio ordinario (de esta naturaleza)dura ocho meses; llevamos tres años cuatro meses sólo porque la otra parte no ha agilizado el procedimiento. Pero dado que llega un momento en que no pueden retrasarlo más, ya está avanzando. Ya desahogamos nosotros nuestras testimoniales, la confesional falta por desahogarse y es una de las pruebas pendientes, pero sí, no dejan de hacer, lo que se llama e la jerga: la chicana, en el sentido de que han objetado, incluso, mi firma en documentos que uno presenta como abogado. Son situaciones que sólo pretenden dilatar el procedimiento”
Gómez Gallardo negó contrademandar a Sosa Castelán pues –expuso-, el “peor castigo” que el ex rector de la UAEH tendrá con la demanda es que se “exhiben públicamente, tanto lo nefasto de la mala defensa que están llevando, como el hecho de que se pone en duda su propia reputación”.
“Lo más importante en este caso es que se deje un precedente importante para que cualquier figura que quiera avisar de su derecho, lo piense dos veces antes de hacerlo”, dijo.
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