Mujeres mexicanas son criminalizadas y perseguidas por leyes antiaborto: Red TDT

. La Red TDT se pronuncia en favor de acciones para erradicar la violencia institucional que viven las mujeres en México por parte del Estado.

Por Desde Abajo

Distrito Federal, México.- De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende como violencia institucional contra las mujeres “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

En un comunicado de prensa, la Red TDT encuentra en la manifestación de la violencia institucional una, entre otras, de las realidades que viven las mujeres en México.

La primera son las reformas a las constituciones locales que en 17 estados han aprobado los Congresos para proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo por el espermatozoide. Estas reformas tienen como consecuencias negación de servicios médicos para interrumpir el embarazo en casos de violación, incumplimiento en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 y sobre todo criminalizar y perseguir a las mujeres que interrumpen su embarazo.

Las reformas impuestas en los estados son discriminatorias de las mujeres y muestran el incumplimiento del Estado mexicano del principio de progresividad pues el estándar alcanzado en la ciudad de México para proteger los derechos de las mujeres no fue seguido y contraposición dio lugar a regresión en los estados, de forma que lo que la ciudad de México es un derecho de las mujeres en 17 estados es un delito, incluso en caso de violación.

La segunda es la mayor extensión y creciente número de feminicidios. Los datos oficiales obtenidos por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en 2009, revelan que de enero a junio de este año fueron asesinadas 430 niñas y mujeres en 15 estados. Este ambiente de violencia contra las mujeres se recrudece aun mas con la permisividad del Estado, de los 430 casos, tan sólo 78 (18{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}) han sido consignados a las autoridades correspondientes, sin que esto dé lugar a una sentencia que cumpla con los estándares internacionales en cuanto a la reparación del daño.

A pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, éste no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

La tercera son las condiciones que viven las mujeres en situación de reclusión. En la actualidad la población penitenciaria femenil en México es de 11,728 personas (alrededor del 5,1{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} del total), recluidas en 10 centros exclusivamente femeniles o en 236 mixtos. Los reclusorios donde albergan mujeres las condiciones carcelarias violentan los derechos humanos de las internas, debido a la discriminación estructural e institucional que hacia ellas existente a todos los niveles. La arquitectura de las prisiones, la distribución del espacio y el equipamiento no tienen en cuenta las características y las necesidades específicas de la mujer.

El Estado Mexicano dio un paso significativo en la transición de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio con la reforma constitucional relativa al sistema de justicia procesal penal a partir de 2008. El proceso de implementación de este nuevo sistema implica modificaciones a diversas leyes. Esta es una oportunidad para armonizar el derecho penal y procesal penal con una perspectiva de género y a la luz de los derechos humanos de las mujeres. Lamentablemente no existe una instancia pública que vele porque las entidades federativas que forman parte del estado mexicano y están en proceso de integrar la reforma procesal penal, incorporen y garanticen los derechos humanos de las mujeres.

Por tanto para que el nuevo sistema de justicia tenga una efectiva perspectiva de género en el proceso de implementación debe existir un trabajo expreso para tal propósito.

Por último, es importante mencionar que no existe una política pública que garantice la seguridad sexual y la integridad física y emocional de las mujeres ante una situación de militarización de la seguridad pública en el país. Ante la cada vez más frecuente presencia de militares en las calles no existen programas de prevención del delito que asuman de manera integral y multidisciplinaria la prevención de la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas antes expresadas se presentaron el pasado 5 de Noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contando con la presencia de representantes del Estado mexicano. Preocupa la falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la violencia institucional contra las mujeres en México y la presentación de un discurso que limita la violencia contra las mujeres al aspecto socio cultural. Es necesario una visión autocrítica por parte de las autoridades y con ello una evaluación del actuar de las y los funcionarios y su participación en la violencia perpetrada contra las mujeres. Las acciones y programas de combate a la violencia contra las mujeres deben estar acompañadas de sanciones a funcionarios y funcionarias que ejerzan violencia institucional contra las mujeres tanto a nivel federal como estatal.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” es conformada por las siguientes organizaciones sociales:
Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos «La Voz de los sin voz» (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo- México (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD) (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (Chalco, estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)

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