La criminalización de la pobreza

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la Plaza de los Derechos Humanos y de las Libertades, en Trocadero, París, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos. Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día que dice:»Allí donde hay hombres (yo agregaría y mujeres) condenados a vivir en la miseria los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado». La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de diciembre de 1992, declaró el 17 de octubre “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”.

En nuestro país el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, creado en el año 2005 por Decreto presidencial, con base en la Ley General de Desarrollo Social, tiene entre sus objetivos la medición de la pobreza “garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad”. La Ley General de Desarrollo Social también establece que para la medición de la pobreza en México el CONEVAL debe considerar, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; y grado de cohesión social.

En el estado de Hidalgo 1,466,200 personas viven en situación de pobreza, lo que equivale al 54.8{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de la población (CONEVAL, 2010). De éstas, 1,136,300 viven en situación de pobreza moderada, y 330,000 viven en situación de pobreza extrema. En ese mismo año, 2010, Hidalgo se ubicó en el sexto lugar con Grado de Marginación Alta con relación a las demás entidades federativas. Del total de la población hidalguense el 48{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de la población vive en comunidades rurales, y el 51.4{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de la población total son mujeres. De estas últimas, de acuerdo con tabulados del Consejo Estatal de Población (COESPO), hay 657,452 mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años; y el grupo de edad más representativo de este segmento poblacional es el de 15 a 29 años que comprenden el 41.8{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del estado, publicados en un diario de circulación local, de 2007 a la fecha, se practicaron 8 mil 600 abortos en clínicas rurales de la entidad. Durante el periodo de 2007 al primer semestre de 2010, se procesaron a 31 mujeres por abortar, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, complementados con la revisión de expedientes, por parte de integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en Hidalgo. Por otro lado, Hidalgo ocupa el 7° lugar a nivel nacional con relación a la mortalidad materna por abortos inseguros, con 56 muertes por cada 100,000. Estos datos son de mujeres que acudieron a los servicios de salud, sin embargo no se cuentan con cifras exactas del número de abortos inseguros, ni de las mujeres muertas a causa de éstos.

Evidentemente las mujeres que fueron procesadas o que murieron por abortar, no tuvieron acceso a un aborto seguro por las condiciones punitivas de la actual legislación estatal, ni tuvieron la información y/o el recurso para acudir a que les practicaran una interrupción legal de su embarazo en la Ciudad de México, que sólo se encuentra a 96 km de distancia de Pachuca pero a cientos de años luz en materia del respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Obviamente que las mujeres que tienen acceso a los aborto seguros, aunque ilegales de acuerdo con nuestra legislación, son las mujeres que tienen por lo menos los $4000 o más que se les cobra en las clínicas que la mayoría de personas sabemos que existen aquí en Pachuca.

El resultado, derivado de las leyes restrictivas y punitivas para el acceso a un aborto seguro en Hidalgo, es la criminalización de la pobreza, que se traduce en la persecución, acoso, chantaje por parte de algunos elementos de la policía ministerial, proceso legal, e incluso sentencias a la privación de su libertada a las mujeres que logran sobrevivir a un aborto inseguro; o sentencia de muerte a las mujeres que no tuvieron la fortuna de sobrevivir.

Por ello es importante que, junto con la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, se pueda alcanzar la cobertura total de los métodos anticonceptivos, y se cuente con la educación sexual científica, laica y suficiente para ejercer la sexualidad de manera libre, responsable e informada, sin los sobresaltos de un embarazo no planeado ni deseado.

Es necesario crear una cultura de la prevención, pero mientras eso sucede las mujeres deben tener las condiciones necesarias para, si así lo deciden, interrumpir se embarazo de manera segura y legal.

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