Política

Los Partidos y el poder popular

Justo cuando este diecisiete de abril se cumplió un aniversario más de la agresión militar de Estados Unidos sobre Cuba en Playa Girón, la cual fue socavada en menos de setenta y dos horas, el gobierno de EEUU anunció la activación del artículo tercero de la Ley Helms-Burton, la cual castiga a cualquier empresa, persona o gobierno que emprenda negocios con la Isla y concede llevar a tribunales estadounidenses a cualquiera de estos que estén relacionados con bienes que fueron nacionalizados tras la Revolución de 1959.

La ley Helms-Burton permite que se tome acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales contra entidades cubanas y extranjeras fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y endurece los impedimentos a la entrada en los Estados Unidos de directivos y familiares de las empresas que invierten legítimamente en Cuba.

Tales medidas fueron rechazadas desde hace mucho por la comunidad internacional, indicó la Cancillería de Cuba en un comunicación, y subrayó que la nación cubana repudió la Ley Helms-Burton desde su promulgación y aplicación en 1996, y cuyo fin fundamental es “imponer la tutela colonial sobre nuestro país”.

La medida anunciada por Donald Trump, la cual será efectiva a partir del dos de mayo, limita las remesas que residentes cubanos en los EE.UU. envían a sus familiares y allegados en la Isla y restringe aún más los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba, y la de aplicar sanciones financieras adicionales.

¿Por qué EEUU hace esto?

La administración Trump emprende esta medida porque, según lo expreso el ex presidente Raúl Castor Ruz el pasado 10 de abril: “Se culpa a Cuba de todos los males, usando la mentira en el peor estilo de la propaganda hitleriana”.

Específicamente, se pretende castigar a Cuba por su apoyo a Venezuela y su presidente Nicolás Maduro pues, en la lógica geopolítica, para acabar con Caracas, se debe acabar primero con La Habana.

Según la Cancillería cubana, Estados Unidos acusa a Cuba de ser responsable de la solidez y firmeza que han demostrado el gobierno bolivariano y chavista, el pueblo de ese país y la unión cívico-militar que defiende la soberanía de su nación.

“Miente descaradamente al alegar que Cuba mantiene en Venezuela a miles de efectivos militares y de seguridad, influyendo y determinando lo que ocurre en ese país hermano. Tiene el cinismo de culpar a Cuba por la situación económica y social que enfrenta Venezuela tras años de brutales sanciones económicas, concebidas y aplicadas por Estados Unidos y varios aliados, justamente para asfixiarla económicamente y generar sufrimiento en la población”, dijo el gobierno cubano.

De tal modo, Washington con a ley Helms-Burton llega al extremo de presionar a gobiernos de terceros países para que intenten persuadir a Cuba de que retire este “supuesto e inverosímil respaldo militar y de seguridad”, e incluso para que deje de prestar apoyo y solidaridad a Venezuela.

Pero, para La Habana, la administración Trump es reconocida por “la inescrupulosa tendencia a utilizar la mentira como recurso doméstico y de política exterior. Es un hábito que concuerda con viejas prácticas del imperialismo”.


“Cuba no posee tropas ni participa en operaciones militares ni de seguridad en Venezuela”.

Aún están frescas las imágenes del Presidente George W. Bush, con el apoyo del actual asesor de Seguridad Nacional John Bolton, mintiendo indecorosamente sobre supuestas armas de destrucción masiva en Irak, falacia que sirvió de pretexto para invadir a ese país del Medio Oriente, señaló el gobierno cubano

“Debe quedar claro que las calumnias de los Estados Unidos descansan en una mentira total y deliberada. Sus servicios de inteligencia tienen evidencias más que suficientes, seguramente más que ningún otro Estado, para conocer que Cuba no posee tropas ni participa en operaciones militares ni de seguridad en Venezuela, si bien es un derecho soberano de dos países independientes determinar cómo cooperar en el sector de la defensa, lo que no le corresponde a EE.UU cuestionar”, sostuvo.

Y sentenció: “Quien acusa mantiene más de 250 mil soldados, en 800 bases militares en el extranjero, una parte de ellas en nuestro hemisferio”.

Cuba defendió su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela como “un deber que forma parte de la tradición y los principios irrenunciables de política exterior de la Revolución cubana”.

El gobierno de Cuba hace un llamado a todos los miembros de la comunidad internacional y a los ciudadanos estadounidenses para detener la escalada irracional y la política de hostilidad y agresión del gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez declaró el pasado 13 de abril: “Cuba sigue confiando en sus fuerzas, en su dignidad y también en la fuerza y la dignidad de otras naciones soberanas e independientes. Pero sigue creyendo también en el pueblo norteamericano, en la Patria de Lincoln, que se avergüenza de quienes actúan al margen de la ley universal en nombre de toda la nación norteamericana”.

Las y los 13 trabajadores de la delegación en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que aún no reciben su pago, están a la espera de una respuesta favorable.

Sin embargo, independientemente de si les pagan o no, las preguntas que le surgen a esta reportera son: ¿Qué clase de autoridades tienen el ISSSTE? ¿Cómo es posible que el delegado y demás jefes de área permitieran la entrada a personas que ni siquiera tenían un contrato firmado? ¿Qué le solicitaran a dicho personal laborar sin tener asegurado un salario para ellas y ellos? ¿Qué permitieran que tuvieran acceso a documentos confidenciales?


La falta de responsabilidad por parte de las autoridades, debe merecer al menos una sanción, pues ponen en riesgo el trabajo diario del Instituto.

La falta de responsabilidad por parte de las autoridades, debe merecer al menos una sanción, pues ponen en riesgo el trabajo diario del Instituto, y no es que no confiemos en el personal que estuvo laborando sin salario; sino que no se dieron cuenta que se afectan los trámites y la atención al derechohabiente, pues quienes estuvieron por más de tres meses sin recibir un solo peso atendían situaciones jurídicas, médicas, trámites para traslados, en fin una serie de actividades que afectan directamente al derechohabiente y que incluso quedan inconclusos por la situación que se atraviesa.

Hay que recordar que el personal que no recibe salario desde enero a la fecha, informó que las autoridades al inicio del año les comentaron que el presupuesto ya estaba asegurado, y que solo esperaban que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo “soltara”; sin embargo, en días pasado el delegado del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio Copca García, informó que las y los trabajadores sabían que era muy probable que no hubiera salario.

De verdad cree el delegado que la gente iba a trabajar sin tener un salario asegurado; pero además no se dio cuenta del problema que tendría si el dinero no llegaba; ¿a poco no sabe que el ISSSTE tiene graves problemas económicos? Y con esta deuda que ahora arrastra, el problema se incrementará. Pues si el personal decide demandar, y espero que lo haga, se podrían ventilar la falta de seguridad laboral que prevalece al interior de la dependencia; además de que con facilidad ganarían el juicio.

La próxima semana se tendrá que tener un veredicto final, pues fuentes cercanas al delegado aseguran que ya tienen una respuesta y al parecer no es la que se espera, por lo que se espera que esta situación pase a los juzgados y por muchas razones el Instituto tenga que pagar los salarios que adeuda, lo que sería un fuerte golpe a la economía del ISSSTE.

El Gobierno de México lamentó la decisión de Estados Unidos de aplicar por primera vez en la historia el Título III de la Ley Helms-Burton, que permitirá a ciudadanos estadounidenses interponer demandas, a partir del dos de mayo, en contra de empresas que hagan uso de propiedades confiscadas después de la Revolución cubana en 1959.

Hoy, la administración de Donald Trump anunció que aplicará está ley, lo cual afectará a cientos de empresas en todo el mundo que tienen negocios con la República de Cuba. Se trata de una medida que pretende ahogar financieramente a la Isla y presionar al gobierno para cambiar de régimen.

En su comunicado, la Cancillería mexicana denunció que la medida puede afectar a empresas extranjeras que hacen negocios en y con Cuba, por lo que el Gobierno de México protegerá a las empresas mexicanas que hacen o tienen interés en hacer negocios con Cuba y que pudieran ser afectadas.

“Como lo ha hecho históricamente, México rechaza la aplicación de leyes comerciales unilaterales con carácter extraterritorial, pues violan las normas del derecho internacional”.

En se sentido, el Gobierno de México refrendó su apoyo al fin del bloqueo económico y comercial impuesto contra Cuba, país con el cual cumple 117 años de relaciones bilaterales ininterrumpidas.

Dos de los periódicos de mayor circulación estatal –Criterio e Independiente de Hidalgo–, publicaron en su primera plana que la ex diputada federal del PRI y ex directora de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), Martha Gutiérrez Manriquez, firmó gran parte de los contratos en los que se simularon servicios a empresas fantasmas y dependencias federales.

Lo anterior fue declarado por los abogados defensores del ex director de RTH, Sergio I. O., y del ex director de la coordinación financiera de RTH, Carlos B., quienes son acusados por desviar 243 millones 320 mil pesos (cifra actualizada) de la paraestatal para supuestos servicios de campañas a diferentes empresas e instituciones públicas.

Gutiérrez Manriquez firmó gran parte de los contratos en los que se simularon servicios a empresas fantasmas y dependencias federales.

Sin embargo, durante la audiencia intermedia de la causa penal 406/2016 la defensa de los implicados asegura que la ex legisladora, ex directora del Sistema de RTH, y ex coordinadora de Comunicación Social en el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong, Martha Gutiérrez, fue quien firmó los contratos para la Secretaría de Salud federal, de Desarrollo Social (hoy Bienestar) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras empresas.

De acuerdo con los medios Criterio y El Independiente, los acusados aseguran que dichos contratos fueron firmados de enero a febrero de 2012, cuando ella estaba el frente de la paraestatal, por lo que también es culpable del desvió de recursos, por lo que aseguran que en próximos días entregaran la documentación necesaria para probar lo dicho.

Se defiende Martha Gutiérrez: responsabiliza a Francisco Olvera

Ante esta situación, Martha Gutiérrez en su derecho de réplica envío una carta al director y editor responsable de El Independiente de Hidalgo, Jorge Romero Navarro, en la que afirma que las acusaciones en su contra son irrisorias y que tendrán que probarlo jurídicamente mostrando documentos en los que este su firma, los cuales –afirmó–, no existen.

Pero además sostiene que si lo que se busca es reorientar las investigaciones, deberán hacerlo con “los superiores jerárquicos, la persona responsable del área, y por supuesto al responsable político, el ex Gobernador Francisco Olvera ya que en su administración más que en cualquier otra en la historia reciente de la entidad, existió torpeza, incompetencia, insensibilidad y como las investigaciones deducen, actos profundos de corrupción”.


“En su administración (Francisco Olvera) existió torpeza (…) y como las investigaciones deducen, actos profundos de corrupción”

Gutiérrez Manriquez agregó que, “intentan políticamente reorientar hacia mí su discurso, pero exijo que prueben sus dichos”.

Ante esta situación tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes determinen y deslinden las responsabilidades, pues existe un daño al erario público de 243 millones 320 mil pesos, por lo que se pide una pena de 12 años de prisión, una multa de 500 veces el monto de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación del daño, informaron los medios de comunicación citados.

El ex presidente de Perú, Alan García, falleció este miércoles en un hospital de Lima tras dispararse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía de ese país por supuestos delitos de corrupción asociados al caso Odebrecht.

De acuerdo con información de Rusia Today, García fue operado pero el personal no logro salvarle la vida.

Sobre el caso, RT destacó las declaraciones del político peruano, Mauricio Mulder, congresista y amigo de Alan García, quien afirmó que el suicidio del ex presidente “es un acto de dignidad y de honor frente a una persecución fascista”, dijo a las afueras del hospital donde era atendido y murió producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardio-respiratorio”.

Alan García nació en Lima en 1949. Fue abogado, político del Partido Aprista Peruano y presidente de Perú entre 1985 y 1990, y entre 2006 y 2011.

De acuerdo a lo informado por RT, García intentó suicidarse cuando varios agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad se presentaron en su domicilio para detenerlo, en un operativo vinculado a investigaciones por un supuesto caso de corrupción.

El expresidente estaba siendo investigado por unos supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, que habría estado interesada en obtener un contrato de construcción de una línea de metro en Lima, durante el segundo mandato presidencial de García.