. Luego de confirmarse que los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) fueron condenados a 67 años de prisión, acusados de “secuestro equiparado», he aquí la memoria de lo que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sucedió los días 3 y 4 de mayo, y que, a un año de la represión no ha sido cumplido: castigo a los culpables
por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Días después de la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco de parte de Policías Militares y agentes de las secretarías de seguridad públca del Estado de México y Texcoco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recibido 150 quejas de habitantes de San Salvador Atenco, entre ellas 16 por abuso sexual y 7 por violaciones contra mujeres de entre 20 y 50 años de edad -a quienes a algunas les introdujeron objetos y los dedos por el recto-, todas cometidas por elementos policiacos durante el traslado de las detenidas al penal de Santiaguito.
El sábado 6 y domingo 7 de mayo, y hasta el lunes 8, las quejas por violación y abuso sexual habían sido presentadas en la CNDH por terceros afectados, pero para el martes 9 las mujeres ultrajadas y que padecieron esos abusos las ratificaron y dieron sus testimonios de viva voz.
»Con esta decisión de las afectadas, de dar a conocer los abusos sufridos, se empezaron a girar peticiones de información a las autoridades y tenemos que esperar a que nos den respuesta. Por ley tienen un plazo de 15 días; si en ese lapso no hay contestación se tendrán por buenos los testimonios ratificados por las afectadas.», informó la CNDH
De acuerdo con la recopilación de testimonios del personal del organismo, las mujeres denuncian que »las tenían ya hincadas, les ordenaban subirse la ropa de la cintura para arriba, y en los camiones en los que eran trasladadas de Atenco al penal de Santiaguito, los poli-cías les metían mano, las toqueteaban, hurgaban en su sexo, en su ano, y a algunas les introducían objetos. Otras eran obligadas a realizar sexo oral».
Denuncia penal
Además, en los casos de presuntos abusos sexuales y violaciones de mujeres que presentaron su queja en la CNDH, se hizo la denuncia penal correspondiente, »ya que se trata de un delito que se persigue de oficio», señalaron.
También en esos hechos de exceso de fuerza policiaca e irracionalidad con la que actuaron los policías, decenas de detenidos presentan golpes y lesiones que tardan más de 15 días en sanar. A la CNDH se dio cuenta de que 11 menores fueron detenidos, 9 fueron enviados a una escuela de rehabilitación y dos continúan en Santiaguito.
Por la gravedad del caso, que se fue evidenciando con testimonios de las y los detenidos, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, ordenó que se aumentara de 8 a 30 el número de visitadores que se hacen cargo de la investigación, mismas que se realizaron en San Salvador Atenco, el penal de Santiaguito y los hospitales donde fueron trasladados varios heridos; a algunos de estos últimos se les tuvo esposados.
Visitadores de la comisión documentaron la saña con la que actuaron los policías -federales, estatales y municipales-, los días 3 y 4 de mayo del 2006, contra pobladores de San Salvador Atenco, cuando irrumpieron para detener a los dirigentes y a muchos de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Se reconstruyó la brutalidad con la que actuó la fuerza pública, el coraje con el que arremetió contra la población, ya que se acreditó que hubo detenciones ilegales y arbitrarias, golpizas inhumanas, allanamiento de moradas y destrucción de los objetos y enseres que encontraban a su paso, en su afán de lograr la detención de los atenquenses.
Entre los testimonios que recogieron de viva voz los visitadores de la CNDH, algunos son »indignantes y vergonzantes», comentaron los propios funcionarios de la comisión. Por ejemplo, un número importante de mujeres violadas o que sufrieron acoso sexual, manoseos y fueron obligadas a hacer sexo oral a los policías son amas de casa. Hay casos como el de una mujer de 50 años que »fue obligada a hacer sexo oral a tres policías para que la dejaran libre. Ella, dolida, avergonzada, con el rostro escondido, narró que salió de su casa porque iba a comprarle un regalo a su hijo, por eso los uniformados se aprovecharon de ella. Le dijeron, narraron: ‘si quieres quedar libre tienes que darnos una mamada a cada uno’. Ella nos comentó que no quería, pero tenía miedo de que la golpearan, como lo habían hecho con otras detenidas, así que tuvo que acceder a hacer lo que ellos querían. Al final, la dejaron irse».
Los visitadores de la CNDH que realizaron la investigación se allegaron de materiales como grabaciones, fotografías, testimonios de peritos e informes médicos. Toda esta documentación formó parte del primer informe preliminar y la recomendación presentada por la CNDH.
Conclusiones
El lunes 16 de octubre del 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 038/2006 sobre el caso de los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de ese año en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, dirigida al secretario de Seguridad Pública federal, al gobernador del estado de México y al comisionado del Instituto Nacional de Migración. Dicha recomendación se sumó a los informes y denuncias elaborados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Acción de los Cristianos contra la Tortura, Amnistía Internacional y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que oportunamente señalaron los abusos, excesos y violaciones en los que incurrió el gobierno mexicano.
Dicha recomendación precisa que en el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco, estado de México, la madrugada del 4 de mayo, participaron elementos de la tercera brigada de la Policía Militar -de la Secretaría de la Defensa Nacional- de San Miguel de los Jagüeyes, 700 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mil 815 miembros de la Agencia de Seguridad Estatal y alrededor de una decena de policías municipales de Texcoco.
José Luis Soberanes Fernández, ombudsman nacional, demanda en la recomendación 38/2006, relativa a los hechos de violencia en el municipio de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2006, «el total esclarecimiento y sanción penal a los elementos de las fuerzas de seguridad pública responsables de los abusos y violación sexual de 26 detenidas».
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que «existen elementos para advertir presuntos actos de tipo penal: violación sexual equiparada, realizada por policías que custodiaban a bordo del camión a las 50 detenidas, cuando eran trasladadas de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito, estado de México. Veintiseis de ellas presentaron queja por violación y ultraje».
Soberanes Fernández denunció que, con motivo del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad pública federal, estatal y municipal contra habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, hubo exceso de fuerza por las corporaciones policiacas. Utilizaron armas de fuego contra la población, y entre otros delitos que deben ser sancionados incurrieron en tortura, allanamientos, cateos ilegales, robos, saqueos e incomunicación de detenidos, además de deficiente labor de los defensores de oficio y violaciones sexuales contra las aprehendidas.
Debe investigarse a funcionarios del Instituto Nacional de Migración
Recomienda al Instituto Nacional de Migración que investigue la responsabilidad de los servidores públicos que expulsaron a cinco extranjeros -cuatro mujeres y un hombre- a pesar de que ya tenían amparo en su favor. Asimismo, demanda que les sean restituidos sus derechos.
Al estúpido y asesino gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, le pidió que continúen las investigaciones por lesiones contra los detenidos en el penal de Santiaguito y que se inicie una investigación por torturas. Además, que se indague a los responsables del uso y aplicación de gas lacrimógeno contra el joven Alexis Benhumea.
Le solicitó que se estudie la posibilidad de crear un equipo de trabajo, que estaría integrado por el Ministerio Público Federal y la Procuraduría General de Justicia del estado de México, para que se avance en las indagatorias respectivas.
Al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Eduardo Medina Mora, le recomendó que empiece un procedimiento administrativo de responsabilidad contra elementos de la PFP y comisionados que llevaron a cabo el operativo.
Asimismo, le pide que se inicie una averiguación previa por los ilícitos en que incurrieron elementos de la PFP y se proporcionen cursos y acciones de capacitación para prevenir acciones de tortura y trato cruel o degradante.
La recomendación, que consta de casi 150 cuartillas, está integrada por más de 4 mil fojas, más de mil 500 fotografías, videos y estudios de organizaciones no gubernamentales, entre otros elementos, que dan cuenta de que en el operativo colaboraron 700 elementos de la PFP, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal -estado de México- y nueve policías municipales. También integrantes de la tercera brigada de la Policía Militar.
El ombudsman sostiene en la recomendación que se comprobaron los ultrajes y ataques a las mujeres, y derivado de las investigaciones que realizó la CNDH sostiene que «existen elementos para advertir presuntos actos de tipo penal -‘violación sexual equiparada-‘ en contra de las detenidas por policías que las custodiaban cuando eran trasladadas a bordo de los camiones que las llevaban de San Salvador al penal de Santiaguito».
Soberanes Fernández apunta que «las mujeres manifestaron -en actas circunstanciadas y otras evidencias que recibió la CNDH- que las obligaron a realizar actos de naturaleza sexual bajo amenazas, como que continuarían siendo golpeadas, que las matarían, que sabían dónde vivían en caso de no cooperar. Todo ese tipo de amenazas fueron empleadas por los policías».
De igual forma solicita que el titular del penal de Santiaguito sea investigado, así como personal de ese centro de reclusión, por la retención ilegal de las personas a quienes ya se había decretado libertad, por el hecho de que en el caso de las 26 mujeres que denunciaron violación sexual «en dicho penal no se preservaron las evidencias».
Soberanes Fernández denunció que «las evidencias, las señales de lesiones y los abusos ocasionados por policías a las mujeres, cuyas muestras quedaron en su vestimenta, no fueron debidamente preservadas, pues en el penal referido las despojaron de esas prendas y algunas fueron obligadas a lavarlas, en contravención a lo que estipula el Código Penal del estado de México».
En la investigación que llevó a cabo la CNDH destaca el oficio PFP/CFFA/ 3/05/06, con fecha 3 de mayo del 2006, en el cual el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo es señalado de dirigir la tercera brigada de la Policía Militar.
Sin embargo, nada de eso fue cumplido. Hoy por hoy, aún quedan 28 presos políticos al cumplirse un año del sangriento operativo. De éstos, once permanecen en el penal de Texcoco, 14 en el de Almoloyita de Juárez, y tres en el penal federal del Altiplano. En este último está recluido Ignacio del Valle, quien está acusado de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación y medios de transporte. (Con información de La Jornada y CIMAC)
