. La Auditoria Superior de la Fiscalización (ASF) publicó en su informe sobre el ejercicio fiscal 2005, un faltante de 60 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) no ha pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por multas y recargos, pues no declaró tal cantidad de IVA e ISR emanados de la nómina de sus empleados. Ante el hecho, diputados locales ya solicitaron a las dependencias estatales involucradas, informen a detalle lo ocurrido
por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Pachuca, Hgo., México.- La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) será objeto de indagación, luego de que la diputada local del PAN, Irma Chávez Ríos, solicitara a la coordinación de la cámara de diputados y al Órgano Superior de Fiscalización rinda informes sobre un presunto faltante de 60 millones de pesos que no fueron pagados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el año 2005 por concepto de multas y recargos impuestos a la dependencia, por no rendir la declaración del IVA e Impuesto sobre la Renta de la nómina de los trabajadores.
En conferencia de prensa dictada por el Comité Directivo Estatal del PAN, la legisladora aprovechó para informar que a raíz de la publicación sobre el caso que mantiene la Auditoria Superior de la Fiscalización (ASF) sobre la deuda que mantiene la SEPH con la SHCP por no pagar las multas y recargos que ascienden a 60 millones de pesos, se ha solicitado al OSF y al Congreso estatal informe sobre los reportes que presentó la dependencia en ese año, con el afán de verificar en qué fue ocupada, entonces, tal cantidad de dinero que obligó la deuda con el Sistema de Administración Tributaria.
La deuda fue propiciada, dijo, en el periodo en el que Raúl González Apaolaza fungió como secretario de educación y Gerardo González Espínola era el director de finanzas de la SEPH, a quienes, junto con otros funcionarios más, se le podrían fincar responsabilidades de lo que se presume terminaría en la documentación de un delito de peculado, a través del cual, dinero oficial pudo haber sido distribuido a la campaña electoral del actual gobernador, Miguel Osorio Chong.
Cabe destacar que la legisladora fue tajante al afirmar que el faltante de 60 millones de pesos fueron detectados por la ASF en el ejercicio fiscal 2005, justo en el año cuando en Hidalgo se realizaron elecciones a gobernador y cuando en junio del 2004, se presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de parte de la SHCP por operaciones financieras «inusuales» de la Secretaria de Finanzas gubernamental que evidenciaban un presunto desvío de recursos por 24 millones de pesos, que fueron a parar a las carteras de diversos personajes «políticamente expuestos» del estado como la actual presidenta del DIF Hidalgo y esposa del gobernador, Laura Vargas, a través de cheques firmados por la actual secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Nuvia Mayorga,en ese entonces subsecretaria de Egresos.
Según señaló Chávez Ríos, dependiendo de los resultados que arroje el OSF y el Congreso del Estado, se procederá a emitir las averiguaciones correspondientes conforme a lo planteado en la Ley de servidores públicos, lo que podría derivar en una acción de tipo penal contra los que resulten responsables.
«Se tienen que hacer las denuncias correspondientes para aplicarles todo el peso de la ley a los funcionarios que resulten responsables por la comisión de estos delitos. Nosotros estamos hablando de instituciones, no de personas», dijo la panista.
