. En Hidalgo, el club de Tobi ostenta aún los principales puestos de poder y, en la mayoría de los casos, la presencia femenina en las candidaturas para cargos de elección popular sigue manteniéndose en las suplencias. Cincuenta y cuatro años parecen muchos, pero en cuanto a una equidad de género político- ciudadana, el trabajo más rudo está aún por hacerse.
Por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
La fecha puede parecer lejana, pero no lo es. Cincuenta y cuatro años son muy pocos, comparados con el inicio del sufragismo de los hombres en México.
La historia oficial nos dice que el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines otorgó a las mexicanas el derecho al voto. Así nada más, como si el mandatario se hubiera levantado de buen humor, se hubiera mirado fijamente en el espejo y hubiese dicho para sí: “Hoy, concederé el voto a las mujeres”.
La lucha de las mexicanas por el derecho al sufragio viene desde la creación misma de México como nación, pero ha sido invisibilizada por la historia gubernamental.
Desde 1824, las mujeres zacatecanas reclamaron la ciudadanía como consecuencia de su participación activa en la lucha por la independencia. Después, en 1887, la periodista Laureana Wright encabeza la lucha por el derecho al voto desde “Las violetas del Anahuac”, primera revista feminista en la historia de nuestro país. Este mismo reclamo fue emitido por el grupo “Las admiradoras de Juárez” a principios del siglo XX.
En el desarrollo y triunfo de la revolución mexicana, el papel de las mujeres fue mucho mayor que el de simples Adelitas que iban detrás de sus hombres echando tortillas. Soldaderas, periodistas y estrategas, exigieron ser consideradas como ciudadanas en el proceso de reconstrucción nacional. Encabezadas por Hermila Galindo, las revolucionarias reclamaron el derecho al sufragio, pero los constituyentes les dijeron: “¿Qué creen? La constitución garantiza el derecho al voto de LOS mexicanos, no dice nada de LAS mexicanas”. Y otra vez, fuera.
La lucha no cesó ahí. En 1920, las yucatecas consiguieron el derecho al voto, y en los siguientes cinco años lo hicieron las potosinas y las chiapanecas. Desde luego, no fue fácil. Se requirió de amplia organización, del apoyo de algunos hombres democráticos y de mucha fuerza para soportar descalificaciones, humillaciones y hasta amenazas de muerte.
Después de una ardua batalla librada en todos los frentes (incluso contra los izquierdistas, machistas-leninistas, que en 1920 expulsaron del Partido Comunista a Concha Michel por pedir el sufragio); el 17 de octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 constitucional, que establecía: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
Así, en 1954 se elige a la primera diputada federal (Aurora Jiménez), en 1958 a la primera diputada de oposición (Macrina Rabadán, por el Partido Popular Socialista), en 1964 y 1967 a las primeras dos senadoras (Alicia Arellano y María Lavalle), en el 79 a la primera gobernadora (Griselda Álvarez Bravo) y en 1988 a la primera senadora de oposición (Ifigenia Martínez)
En poco más de medio siglo parece haberse logrado mucho, pero no ha habido ni una sola presidenta de la república. Sólo hemos contado con seis gobernadoras en todo el país (Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Rosario Robles, Amalia García e Ivonne Ortega). En Hidalgo, el club de Tobi ostenta aún los principales puestos de poder y, en la mayoría de los casos, la presencia femenina en las candidaturas para cargos de elección popular sigue manteniéndose en las suplencias.
Cincuenta y cuatro años parecen muchos, pero en cuanto a una equidad de género político- ciudadana, el trabajo más rudo está aún por hacerse.
