. Por una parte los intelectuales críticos han argumentado que este proyecto constituye un claro inicio de “privatización”, es decir de entrega del petróleo mexicano en manos extranjeras, como ha sido el caso de contratos que se han firmado en los últimos años. Por otra parte está el problema de Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, por estar involucrado en tráfico de influencias, y acceder a gasolineras y contratos a familiares y amigos, una “comisión” ya le dio carpetazo gracias a la cortina de humo.
Por Pablo Vargas González / Desde Abajo
Una vez acordado en el Congreso Federal la discusión sobre la iniciativa oficial para modificar el régimen constitucional de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por parte del gobierno de Felipe Calderón, que durante 71 días se pondrá en debate los diversos temas que están en el entorno de la propuesta, han surgido diversos elementos que no estaban previstos, y le han dado un giro a la eventual toma de decisión.
Uno de ellos fue la intervención de intelectuales en exponer los riesgos y señalar los posibles retrocesos en materia jurídica, tecnológica, económica y social. Desde antes de la discusión se formaron diversos grupos tanto en la UNAM, y otras instituciones académicas que sin ningún interés económico o partidista pusieron el dedo en la llaga: la propuesta presidencial si conlleva una privatización del petróleo mexicano y amenaza la soberanía nacional y tecnológica, además de vulnerar la constitución.
El primero de ellos fue el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo que señaló: “Privatizar, con el nombre que se le quiera dar, es despojo triple: a la gran herencia de la soberanía, a la nación de hoy y a las generaciones siguientes. Oponerse a la privatización del petróleo es sustentar las realidades y las esperanzas en la ley”; así lo dijeron: José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Enrique González Pedrero, José María Pérez Gay, Lorenzo Meyer, Margo Glantz, Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, Hugo Gutiérrez Vega, Laura Esquivel, Guadalupe Loaeza, Ida Rodríguez Prampolini, Héctor Vasconcelos, David Ibarra, Carlos Payán, Luis Javier Garrido, Carlos Pellicer y Enrique Semo.
En respuesta se ha instrumentado la etapa de la política de la “la línea”, es decir llevar hasta sus últimas consecuencias su aprobación. El propagandismo se hace notar en todos los medios, precisamente con recursos públicos, que paradójicamente pueden resultar dañinos para los ciudadanos.
No obstante, esta medida se produce en medio de una coyuntura política intensa; por una parte los intelectuales críticos han argumentado que este proyecto constituye un claro inicio de “privatización”, es decir de entrega del petróleo mexicano en manos extranjeras, como ha sido el caso de contratos que se han firmado en los últimos años. Por otra parte está el problema de Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, por estar involucrado en tráfico de influencias, y acceder a gasolineras y contratos a familiares y amigos, una “comisión” ya le dio carpetazo gracias a la cortina de humo.
El mismo presidente Felipe Calderón Hinojosa ha tenido que salir a defender la iniciativa de reforma petrolera, exponiendo las bondades de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), y negando se pretenda la privatización. Sin embargo en la propuesta plantea permitir a Pemex contratar empresas especializadas para la construcción y operación por cuenta de la paraestatal de nuevas refinerías. Es decir que haya capital extranjero en la construcción de instalaciones petroleras.
La incorporación de gobernadores al debate han elevado la tensión y creado nuevas polémicas: los gobernadores del PAN apoyan abiertamente la propuesta presidencial; llamó la atención que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera (PRI) haya planteado que los gobiernos locales tienen interés en “la creación de empresas mixtas” con las que se pretende que los gobiernos estatales participen, junto con Pemex, en la refinación de petróleo y en la explotación de pozos abandonados, esto si sería un regreso al pasado de “populismo” que abriría un amplío flanco de desigualdades y corrupción.
El toque distinto fueron los gobernadores del PRD Leonel Godoy (Michoacán) Marcel Ebrard (Distrito Federal) quienes se opusieron a la iniciativa y en cambio sostuvieron la posibilidad de organizar una consulta en sus estados, que está fundamentada en la constitución.
Ante la incertidumbre de que se termine la discusión, que ha sido un verdadero “diálogo de sordos”, se habla pero no se escucha ni se pone atención, y se pretenda votar y aprobar la propuesta presidencial sin realmente haber considerado los riesgos y amenazas planteadas por los expertos. Se teme que se pretenda dejar fuera a los mexicanos. Debido a que se trata de la empresa más importante del país, y de que está en juego el uso y apropiación de los recursos estratégicos del país, se requiere de una discusión y una consulta nacional, en que realmente que se consideren los puntos de vista de los diferentes sectores sociales. Hasta ahora han sido, los empresarios y los grupos económicos de interés los que han hablado, así como a los empleados gubernamentales. Pero no se ha escuchado a la gente de a píe. A las mujeres, a los trabajadores, a los jóvenes, a las amas de casa, a los intelectuales. Si es válida hacer una consulta nacional: PEMEX y el petróleo, lo valen como los demás recursos naturales del país, que forman parte de la historia nacional, de la identidad cultural y de soberanía.
La parte gubernamental, desde luego se opone a que los mexicanos decidan sobre el destino de los recursos naturales, diciendo que no es “legal” un referéndum o una consulta ciudadana de tal magnitud. Pero ya se ha discutido también por parte de expertos jurídicos sobre su pertinencia o legalidad de hacer una consulta. Algunos especialistas han señalado que la Constitución si prevé la participación ciudadana en su artículo 26, párrafo tercero:
“La ley facultará al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Así mismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones para su elaboración y ejecución”.
Quiero destacar la opinión de Juventino Castro y Castro, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya jubilado, quien aporta su visión jurídica.
El ex ministro señala que la consulta popular sobre las iniciativas para reformar a la industria petrolera si está reguladora por diversas normas: “está incluida la Ley de planeación, expedida por el presidente Miguel de la Madrid y publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983 (hace más de 25 años), para regular la planeación y la coordinación de la actividad económica nacional, promover (o pretender promover) la convivencia armónica de los distintos sectores, e impulsar así el desarrollo económico nacional, como responsabilidad conjunta de todos ellos.
Se ha planteado que la Constitución faculta al Ejecutivo federal para llevar a cabo los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, prevista en la Ley de Planeación y su artículo 20 dice:“En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley”. Por lo que la Constitución y nuestras leyes reglamentarias prevean una institución para aplicar a la consulta propuesta”.
En el estado de Hidalgo, quiero informar que esta previsto en una de las leyes locales diferentes figuras de participación. En el Congreso Local del estado, el 16 de abril de 2001 se hizo una reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, y se incluyeron las figuras de Iniciativa Popular, Plebiscito y Referéndum. En el artículo 21 de esta ley se dice que éstas se establecen para “otorgar mayor participación ciudadana a los ciudadanos en el quehacer municipal”. Aunque el legislador solo delimitó estas figuras al ámbito municipal por extensión se podrían utilizar para este tema nacional.
De acuerdo con los lineamientos en Hidalgo la forma de consulta sería el “Plebiscito”, ya que el párrafo segundo de este artículo 21 (LOM) define a la Iniciativa Popular como “la facultad que tienen los ciudadanos para proponer normas reglamentarias ante el ayuntamiento” lo cual no se adecua al proceso planteado. El referéndum “es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos de los municipios manifiestan su aprobación o desaprobación respecto a los bandos y reglamentos municipales. En cambio el Plebiscito. “es la consulta a los ciudadanos a fin de que expresen su previa aprobación o rechazo, para los actos de los ayuntamientos que sean considerados como trascendentes para la vida de los municipios”. En Hidalgo si existe la posibilidad de que las autoridades, e incluso el organismo electoral el Instituto Estatal Electoral organice una consulta para aprobar o no en la fase previa, antes de que sea votada en el Congreso Federal, puesto que las normas hidalguenses si lo prevén.
