Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.
El Comité, reunido en su período 42 de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.
El 14 de mayo el Comité contra la Tortura expresó «su profunda preocupación por la prohibición general del aborto», contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008. El gobierno del sandinista Daniel Ortega no reaccionó hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.
Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro. En estos casos antes era legal la interrupción del embarazo.
Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.
El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa «una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas» y supone «un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión».
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.
La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.
Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.
El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género. «El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», dictó en su informe.
En concreto propuso al país estudiar «la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto», y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.
La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.
El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es «una condena internacional contra Nicaragua». «El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica», señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.
Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y «una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres».
El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento de que la ley que penaliza el aborto terapéutico «contiene todos los elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura». Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: José Adán Silva. IPS, Mayo 29 de 2009
