. Los grupos de mujeres que en todo el país luchan contra este retroceso legal, argumentan que la sanción penal contra el aborto contribuye a la desigualdad jurídica y económica, pues a pesar de que el castigo es para todas las mujeres, en la realidad solamente las más pobres se verán afectadas, porque las mujeres con recursos económicos suficientes pueden acceder a abortos seguros en instituciones privadas.
Por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Carolina Viggiano Austria, Gloria Romero León y Paula Hernández Olmos, nuestras tres únicas diputadas federales hidalguenses, llegan a San Lázaro en un momento histórico en la lucha de las mexicanas por los derechos.
El ala ultraconservadora del poder avanza peligrosamente en varios estados de la república, otorgando el derecho a la vida desde la concepción (sic). Catorce entidades han aprobado esta ley medieval que criminaliza y persigue a las mujeres, y que va en contra de los fundamentos científicos que estipulan que la vida humana inicia a las doce semanas de gestación, momento en que comienza la actividad neuronal.
Son ya catorce estados cuyos congresos locales han aprobado leyes en favor del cigoto y en contra de las mujeres, si se llega a 18, el tema deberá discutirse formalmente en San Lázaro, y cabría la oscurantista posibilidad de que pudiese hacer ley general, con lo cual se afectaría a toda la federación.
La historia del feminismo no se mide en períodos o etapas, sino en olas, porque en una analogía con el movimiento del mar, ante el avance de las mujeres siempre habrá un retroceso propiciado por grupos conservadores que quieren regresarnos al ámbito doméstico.
Hoy México vive una ola. Primero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y luego la Interrupción legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal, entidad a la cual podemos acudir todas las mexicanas a practicar la ILE gratuitamente, seamos o no capitalinas. Ante este avance, los sectores decimonónicos que hace mil años discutían si las mujeres éramos seres humanos o no, hoy se aferran legalmente al hecho de que no somos capaces de decidir por nosotras mismas sobre el momento en que deseamos ser madres.
Los grupos de mujeres que en todo el país luchan contra este retroceso legal, argumentan que la sanción penal contra el aborto contribuye a la desigualdad jurídica y económica, pues a pesar de que el castigo es para todas las mujeres, en la realidad solamente las más pobres se verán afectadas, porque las mujeres con recursos económicos suficientes pueden acceder a abortos seguros en instituciones privadas.
Al igual que las drogas, el aborto no se resuelve con la prohibición. Lo que estas leyes consiguen no es detener las interrupciones de embarazos, sino criminalizar y perseguir a las mujeres.
De acuerdo con la Agencia Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), en Guanajuato, donde a pesar de que el aborto por violación es un derecho legal, han sido encarceladas más de cien mujeres del año 2000 a la fecha por el “delito de aborto”, todas denunciadas por médicos del Sector Salud.
En días pasados, en Puebla, una mujer de 20 años fue la primera víctima de estas nuevas leyes, ya que llegó a la Cruz Roja con un sangrado por una interrupción del embarazo mal realizada, y los médicos dieron parte a la policía, sin conocer las causas, ni la condición socioeconómica de la paciente.
En Tijuana, el 15 de mayo pasado, una mujer de 22 años recibió atención médica en el Hospital General donde, ante la sospecha de un aborto inducido y sin investigar las causas, los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público, por lo que fue aprehendida.
En Chihuahua, en julio pasado, una mujer de 20 años fue puesta a disposición del Ministerio Público por practicarse un aborto, luego de ser denunciada por el personal del Hospital Central, donde pidió asistencia por una hemorragia. En Altamira, Tamaulipas, una mujer de 20 años fue detenida el 14 de mayo por el delito de aborto y enfrenta un proceso penal.
Y ¿qué decir de Hidalgo?, donde para vergüenza nuestra, en Tepeji del Río una joven de 24 años fue detenida luego de dos años de ser perseguida judicialmente, acusada de interrumpirse un embarazo en 2007.
En sus respectivas campañas, Carolina Viggiano y Gloria Romero tomaron la bandera de las mujeres, así que su estancia en San Lázaro será el lugar y el momento justo para demostrar que verdaderamente trabajarán en beneficio de las hidalguenses y de todas las mexicanas.
El voto de nuestras diputadas en contra de la muy posible intensión conservadora de echar por tierra los avances en materia de ILE, será la prueba de fuego para estas políticas, cuya trayectoria pública subsecuente quedará marcada por el trabajo que hagan en favor de las mujeres.
Paren las prensas:
Dos periodistas hidalguenses fueron reconocidos por estos días. Nuestro orgullo estatal, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, sumó a su larga trayectoria periodística el Premio Internacional “Nuevo Periodismo” en la modalidad de Homenaje, otorgado por la fundación que preside Gabriel García Márquez, quien le premiará personalmente. Mientras tanto, el joven periodista Luis Alberto Rodríguez ganó el Premio Nacional de Periodismo contra la Discriminación, otorgado por la ONU, el Conapred, la Universidad Iberoamericana y la Fundación “Manuel Buendía”. Ambos premios de periodismo serán entregados esta semana. En la Agencia Alternativa “Desde Abajo” A. C., que me honro en dirigir, estamos doblemente de plácemes porque el maestro Granados Chapa es nuestro padrino y Luis Alberto Rodríguez, nuestro jefe de información. Muchas felicidades a los dos.
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