. La comunidad indígena de Zacacuautla, a las faldas de la Sierra Tepehua del estado de Hidalgo, lleva cinco años violentada en todos sus derechos al amparo de las autoridades municipales, estatales y federales. La causa: la destrucción indiscriminada de 50 hectáreas de bosque de oyamel y ayacahuite, propiedad original de la comunidad. Por defender el bosque, un activista ya fue asesinado en el año 2004; en tanto, en este 2009, las líderes restantes de la resistencia fueron encarceladas y las amenazas se extienden a pobladores y organizaciones solidarias.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Un acta de propiedad firmada en 1939 con ¡bolígrafo! es la justificación reconocida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que Pedro y Margarita Canales exploten más de 50 hectáreas de bosque de pino, oyamel y ayacahuite ubicados en los predios El Salto, Las Delicias y Ojo de Agua, en la periferia inmediata del pueblo indígena de Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán, al borde de la sierra Ototmi – Tepehua. A senda incongruencia se añade que dicha cesión de derechos habría sido firmada por el, para entonces, difunto propietario original, beneficiando a su actual dueño, quien en aquella época apenas contaría con 16 años de edad, según rememoran las y los integrantes de la Coopertiva El Ocotenco, el principal grupo en resistencia contra este ecocidio.
Tres son los conflictos más graves que se desprenden de esta situación: Primero, que las legítimas dueñas de estas tierras, Luz Estela y María Guadalupe Gómez García, son víctimas de un cínico despojo sobre el cual decenas de árboles son brutalmente talados semana tras semana, desde hace cinco años a la fecha. El segundo es que, pese a las denuncias presentadas y peticiones de intervención, las autoridades federales, estatales y municipales no han actuado en consecuencia, basándose en aquella inverosímil acta de propiedad, dejando en estado de indefensión a las propietarias y a la comunidad entera que se ha levantado en protesta a pesar de los amagues a fuerza y fuego por parte de los talamontes. El tercero es que, de lo anterior, se ha derivado una campaña de represión política y parapoliciaca contra la delegación comunitaria de Zacacuautla, reconocida oficialmente por el Ayuntamiento de Acaxochitlán, y su titular, Filiberta Nevado Templos, quien, junto a Trinidad Templos Santos, subdelegada, encabezan la
pelea contra la explotación del bosque y el reconocimiento de los derechos comunales sobre el mismo y con él, un preciado manantial que brota de su suelo.
Producto de su lucha social, las mujeres fueron detenidas forzosamente y aprehendidas sin proceso en la cárcel municipal de la cabecera distrital con sede en la ciudad de Tulancingo, el jueves 15 de octubre pasado. Su detención corrió a cargo de la Coordinación de Investigación de la Procuraduría de Justicia, bajo orden penal con número 221/2009, ordenada por el juez segundo de lo penal del lugar por el presunto delito de daño en propiedad agravado.
Fili y Trini, como se les conoce en Zacacuautla y sus cinco comunidades, relatan que su detención arbitraria se dio al regreso de un recorrido por las últimas zonas devastadas por la tala, cuando los agentes policiacos les interceptaron solicitándoles ayuda para verificar el domicilio donde supuestamente se había reportado el robo de una camioneta. Después de mucho insistir, los policías reconocieron que aquello se trataba de una aprehensión.
Desde el 2005, Filiberta Nevado ha denunciado la explotación irracional del bosque y la falta de atención de las autoridades estatales y federales a través del Consejo Estatal de Ecología (Coede), la Profepa y la Semarnat. Desde entonces, dio a conocer que el delegado municipal incurría en “graves anomalías” al otorgar permisos de explotación de madera por 10 años, en los predios Ojo de Agua y El Salto, pese a que se encontraban bajo litigo; mismo que permanece a la fecha, pero que, pese a establecerse como condición para suspender el usufructuo del bosque, de poco ha servido para detener su explotación a razón de la omisión de las autoridades.
El 14 de noviembre pasados, el grupo de choque de Canales, dados a conocer por la población como “Los Negros”, atacaron a un grupo de comunales, quienes guiaban a algunos reporteros y estudiantes a la zona de conflicto para verificar la devastación. La noche y la madrugada de aquél día, en medio de la falta de electricidad y de comunicación telefónica, las y los agredidos esperaban con miedo el contraataque de la banda. Un temor justificado si se toma en cuenta que esta lucha ya cobró una víctima fatal: se trata de Samuel Cruz Hernández »el más firme defensor de los bosques” asesinado en 2004. Y “nadie ha sido castigado por este hecho ni por los delitos de la familia Canales », denuncia Fili.
Nevado Templos dijo que los vecinos de Zacacuautla se han organizado y han frenado parcialmente la tala inmoderada, pero que por las noches entran camiones con maquinaria para derribar árboles y sacarlos. Por eso demandan que se aclare la forma a todas luces impropia en que la Semarnat dio permiso a la familia Canales para perpetrar un »terrible ecocidio», que ha provocado que se sequen los manantiales de la región.
También piden la expropiación de las 50 hectáreas a fin entregarlas a la comunidad para que ésta proteja sus recursos naturales, exigiendo, asimismo, el seguimiento a la demanda por despojo que interpusieron las hermanas Gómez García contra la familia Canales por el despojo de sus tierras heredadas por su padre, Francisco Gómez.
Este lunes 30, la Cooperativa El Ocotal, la Delegación de Zacacuautla, organizaciones y personas solidarias, harán llegar la segunda carta de intervención al gobernador Miguel Osorio, pidiéndole “detener este crimen ambiental y dar castigo a sus culpables; la suspensión de los seis procesos penales vigentes interpuestos contra Filiberta Nevado Templos y Trinidad Templos Santos y sus colaboradores, y garantías de respeto a la seguridad de cada uno de los habitantes de Zacacuautla.
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