. El derecho a la construcción de un patrimonio en pareja, a compartir la custodia de un hijo, a visitar a la pareja en el hospital y tomar decisiones médicas, a faltar al trabajo en caso de enfermedad o fallecimiento del cónyuge, a recibir una herencia –aunque la seguridad social, por ser asunto federal, sigue pendiente- ya no serán una preocupación en la Ciudad de México, pero sí los ataques verbales, las agresiones físicas, las intimidaciones policiales, las exclusiones laborales, escolares y familiares, los asesinatos y la negación de otros derechos como la libre manifestación afectiva en cualquier espacio público.
Por Alejandro Ávila Huerta / Desde Abajo
Y se cumplieron los peores temores de la iglesia católica y el PAN, junto con los de algunos otros sectores políticos y sociales. De nada valió el encono ultraconservador y derechista a muerte, que tan desesperadamente peleó por prevalecer, aunque fuera un poquito más, en ese oscurantismo tan provechoso para él; dio lo mismo porque, con y sin su permiso y sus amenazas, la realidad alterada a su gusto por tanto tiempo dejó de estarlo para despabilarlo de sus imaginaciones retrógradas sobre la familia feliz; ésa que es violenta, falsa, misógina, heterocentrista…
Se esperaba ya casi con seguridad la aprobación de las reformas a los códigos defeños que permitieran el matrimonio entre personas del mismo sexo –lo contrario hubiera sido de una moralina ya impensable, preocupante de tan exagerada-, pero la afirmación integral del derecho, sin discriminación –con la posibilidad de adoptar-, aunque no es ningún privilegio –sólo lo justo-, sí resultó un imprevisible suceso, pues la propuesta desde su origen venía con ese candado.
Fue esto lo que llevó al colmo las fobias clericales, panistas y demás, que fantaseando con un país perdido en la depravación homosexual pedófila –aunque nadie piense en competir con ellos-, hicieron todo lo risible para evitarlo, aludiendo al resguardo de los valores impuestos por el catolicismo (con la desbandada en progreso), a la capacidad reproductiva de las parejas heterosexuales (que también pueden estar imposibilitadas para ello o decidir no hacerlo), a la fugacidad de las relaciones homosexuales (sin fundamentos y sin tomar en cuenta este fenómeno en aumento entre heterosexuales), a la confusión de roles que se generará en las y los niños adoptados (¿dónde quedan el padre golpeador y la madre abnegada?) y hasta a la protección de la población LGBTTTI (que es engañada a cambio de votos o que se desatará una homofobia imparable –si lo sabrán ellos-).
La reacción homofóbica es peligrosa, cierto. Inclusión igualitaria en las leyes no quiere decir integración equitativa a la sociedad, y hay países europeos que siguen siendo ejemplos lamentables de esto, pues más de mil quinientos años de homofobia institucional la han validado y normalizado más de lo que se ha intentado hacerlo con las orientaciones sexuales, y las garantías legales que ahora se ofrecen a personas homosexuales que forman una pareja no las protegen de la discriminación ni de la violencia, por lo que legislaciones al respecto siguen siendo urgentes.
El derecho a la construcción de un patrimonio en pareja, a compartir la custodia de un hijo, a visitar a la pareja en el hospital y tomar decisiones médicas, a faltar al trabajo en caso de enfermedad o fallecimiento del cónyuge, a recibir una herencia –aunque la seguridad social, por ser asunto federal, sigue pendiente- ya no serán una preocupación en la Ciudad de México, pero sí los ataques verbales, las agresiones físicas, las intimidaciones policiales, las exclusiones laborales, escolares y familiares, los asesinatos y la negación de otros derechos como la libre manifestación afectiva en cualquier espacio público.
Muchos asuntos faltan por resolver todavía: la tipificación como delito de los crímenes de odio por homofobia, una ley de acceso a una vida libre de violencia, una ley de identidad de género, pero el lugar de residencia no puede ser una limitante de los derechos humanos, y por eso también falta la aceptación federal, o en su defecto estatal –pero en todos los del país-, de las leyes ya existentes en otras entidades (la prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, la ley de sociedades de convivencia, la aprobación de la matrimonio y adopción, el decreto oficial de la Jornada contra la homofobia).
Pero con un Presidente de México ahogado en sus rencores y frustraciones, y con diputados y senadores hidalguenses abiertamente homofóbicos o sujetos a lineamientos partidistas homófobos –figuras que no dan esperanzas de cambiar, aunque cambien los representantes-, las expectativas se tornan pesimistas, y una vez más en el estado nos quedamos a cincuenta minutos de los derechos, a merced de la muy pequeñita comprensión de esos cuantos que creen que a sus consideraciones morales se deben someter los derechos de quienes no son como ellos; la marginación social y la primera ciudad latinoamericana en reconocer el matrimonio homosexual, a menos de cien kilómetros de distancia nada más.
La deuda que el Estado tiene con la población LGBTTTI es histórica, milenaria, y como tal debe ser liquidada y con intereses. No hay “paso a paso”, no hay “poquito a poco”, no hay conformismo, no hay por qué esperar acuerdos mayoritarios ni estar preparados para entender (peor para quien no lo haga); los derechos humanos no están a discusión, mucho menos a capricho, no se debaten, se respetan, y es obligación del gobierno vigilar su defensa y establecerla donde no la haya más allá de sus miedos y conflictos. Innecesario y terco sería rebatir otra vez argumentos tan endebles.
El recurso de inconstitucionalidad que el PAN ha advertido con presentar, el posible golpe de homofobia reactiva e institucional en el Distrito Federal y los estados, las declaraciones ignorantes de instituciones políticas y religiosas y su difusión irresponsable, las dificultades en la plena aplicación de estas reformas legales (que también se deben esperar y más para la adopción, ya difícil incluso para heterosexuales), son problemas que se deben prever y enfrentar para eliminar cualquier intento de retroceso, para que las declaraciones de marido y marido, de mujer y mujer, sean una realidad consumada, para que vivan para siempre, no sólo felices, protegidos también.
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