. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a México que investigue a los funcionarios acusados de irregularidades y que de ser preciso aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resultaran responsables.
Por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Como si fueran una estadística más, en 2001 aparecieron ocho mujeres asesinadas, violadas y mutiladas en un desolado lugar conocido como el campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dos de ellas eran unas niñas, pero eso no las salvó de la indiferencia y complicidad gubernamental.
Ocho años después, los feminicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez no han dejado de doler, pero al menos han sentado un precedente en el país: La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano a reconocer que violó los derechos humanos de tres de las ocho víctimas asesinadas en el campo algodonero.
Es el primer caso donde el máximo tribunal de justicia habla de perspectiva de género y declara violaciones directas a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
El gobierno de México es misógino y feminicida, eso nosotras ya lo sabemos, lo sufrimos todos los días, al sentir en carne viva todos los tipos de violencia. Pero ahora un tribunal internacional se lo dijo, se lo sentenció y le puso una sanción, que debe cumplir en el mediano plazo.
Histórico definitivamente. Por fin una victoria real para las mexicanas. La Corte reconoció que en el caso conocido como “González y otras, Campo Algodonero contra México”, el Estado mexicano violó los derechos humanos de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice, así como de sus familiares y de sus madres, por lo que esta sentencia lo obliga a investigar y sancionar a los responsables, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y a los servidores públicos implicados en el caso.
Pero el regalazo viene completo, ya que la Corte reconoce “que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”. No dice “feminicidio”, pero ya reconoce los asesinatos por el simple hecho de ser mujeres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a México que investigue a los funcionarios acusados de irregularidades y que de ser preciso aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resultaran responsables.
El castigo es sumamente preciso y no acaba ahí. La CoIDH le exige publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de amplia circulación nacional y estatal en Chihuahua, además de en una página electrónica oficial del Estado, tanto federal como del estado de Chihuahua dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación.
El documento con la sentencia señala también que “en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del campo algodonero, en honor a la memoria de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, donde deberá mencionar las violaciones a los derechos humanos en que incurrió” y que se declararon en la sentencia. Aunado a ello, debe retribuir del daño psicológico y económico a las familias de las asesinadas
Y nada de cosas en lo oscurito o de nuevas simulaciones, porque la sentencia dice que el acto mencionado en memoria de las asesinadas deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública con funcionarios de alto rango y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las tres víctimas y de sus representantes legales.
Aunque lo deja en el plano de lo “que es pertinente” la Corte también estipula que el gobierno mexicano debe levantar un monumento, justo en el Campo Algodonero, “en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las asesinadas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro”
Entre las acciones que nuestro país debe cumplir en la Web, está la creación de una página electrónica de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, misma que deberá actualizarse constantemente, además de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.
Por fin, un poco de justicia para las mexicanas, esa justicia tan difícil de hallar por estos días en que México se encuentra en los primeros lugares mundiales de feminicidio, e Hidalgo en el 9º lugar nacional de violencia contra las mujeres en la pareja.
Claudia, Esmeralda y Berenice: Nada podrá pagar el dolor de sus feminicidios, ni a sus familiares que lucharon para llegar hasta aquí, ni a las mujeres del mundo que no las conocimos, pero que sentimos el miedo amenazante que produce una injusticia cometida contra una igual, por la enseñanza didáctica que sus asesinatos nos producen a quienes hemos cometido el mismo delito que ustedes: ser mujeres en un país feminicida.
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