por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
La principal razón por la que Olvera aún no puede celebrar del todo el ser gobernador electo, se llama Radio y Televisión de Hidalgo.
Aún cuando el reciente proceso electoral será dirimido por los tribunales, existe un elemento que jurídicamente pesará mucho en la impugnación opositora: la inequidad en los medios públicos, que implica malversación de los recursos del pueblo, porque ya en otros estados el desequilibrio en los espacios públicos mediáticos durante procesos electorales, ha resultado en la anulación de elecciones.
Flaco favor le hicieron al candidato quienes durante las campañas pensaban en quedar bien al maltratar a la oposición. Pero lo peor no fueron los errores de este tipo que algunos conductores cometieron de manera individual, sino la falta de sanción por parte de sus jefes, lo cual daba a entender a los demás que no había problema si cada quien hacía su luchita para favorecer al candidato oficial.
Error tras error, nadie ponía un alto hasta que el Instituto Estatal Electoral no tuvo más remedio que reportar la inequidad (Tal vez lo hizo por un verdadero apego a la ley o tal vez fue porque era imposible seguir pretendiendo que no pasaba nada)
El Instituto Electoral no fue el único que notó esta desigualdad. Cualquier persona que siguiera las emisiones informativas de la televisión pública hidalguense, podía darse cuenta de la conciente omisión opositora.
Sin embargo, el personal de Radio y Televisión de Hidalgo no tiene toda la culpa de lo ocurrido. Mucho se les ha criticado, pero en realidad no cuentan con todas las herramientas necesarias para realizar un trabajo óptimo.
Ahí, en la televisión y la radio públicas de Hidalgo, labora gente que desde hace años pone todo su empeño en el trabajo, pero más frecuentemente de lo que se quisiera, los gobiernos estatales les imponen a directivos ignorantes en el ramo, que a penas y saben encender los aparatos receptores de sus casas y que, además, no valoran la experiencia y conocimientos del personal.
Radio y Televisión de Hidalgo tiene otro gran obstáculo en su contra: la inmisericorde legislación federal y la inexistente legislación estatal en medios electrónicos públicos.
La renovación a la Ley de Radio y Televisión se esperó en México durante 45 años, sobre todo por las personas dedicadas a los medios electrónicos públicos, quienes mantenían la esperanza de que la legislación incrementara sus fuentes de financiamiento, pero sucedió todo lo contrario, porque cuando hace algunos años se instauró la llamada “Ley Televisa” sólo se les impusieron mayores restricciones y se eliminó el concepto de radio comunitaria.
Lo más grave de todo es que la Ley Televisa no garantiza el derecho de réplica, ni el equilibrio en contenidos, lo cual lleva a los concesionarios o a los permisionarios de los medios a opacar y linchar a quien les venga en gana (cualquier parecido con la reciente elección, es mera coincidencia)
Sobre el verdadero sentido de los medios de comunicación, el investigador cubano Ernesto Vera señala: “No existe otro argumento más válido para proclamar la verdadera libertad de prensa que reconocer, respetar y responder ante el derecho colectivo, de la sociedad, del pueblo, a recibir una información veraz. Todo lo que se aparte de ello no es más que palabrería con la libertad reiterada, que parte de la falsedad de concebir a esa libertad como propiedad de los medios por encima de la sociedad”.
Respecto de la “Ley Televisa” hay una pequeña esperanza para medios públicos como Radio y Televisión de Hidalgo”. Se trata de una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que actualmente ya se encuentra en las cámaras de diputados y senadores, y que pretende sustituir a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Con esa iniciativa se busca impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.
Esta propuesta rescata preocupaciones sostenidas durante largo tiempo por profesionales y estudiosos de la comunicación, y que hace justicia a los medios públicos y sociales, quienes al fin podrían recibir ingresos por venta de publicidad, con límites mayores que los medios con fines de lucro.
Ya sea que esta fabulosa iniciativa del diputado Javier Corral se apruebe o no, el congreso local de Hidalgo debe comprometerse también con la legislación estatal respecto de los medios públicos, que permita una mejoría mediática general.
Con este proceso electoral, Radio y Televisión de Hidalgo tocó fondo: Ya no puede seguir como hasta ahora, ésa es una exigencia de su audiencia constituida por una sociedad que crece, que se harta de las viejas prácticas y de la impunidad. Alcanzado el límite, no queda más que meter reversa e ir hacia arriba, hasta tomar conciencia de que se trata de la radio y la televisión DEL ESTADO, no del gobierno del estado y que, citando a Javier Corral, “consideramos que como el agua, que como la seguridad, que como el medio ambiente, como la salud y la educación, la información es un bien público y no una mercancía”.
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