Por Pablo Vargas González / Desde Abajo
En días pasados la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A. C. (ACADERH), alertó a la opinión pública por la escalada en contra de defensores de Derechos Humanos en el estado de Hidalgo. Lo grave es que hay un nuevo acontecimiento puesto que se ha detenido, al parecer de manera injustificada e incluso ilegal, sin orden de aprensión a José León Rivera.
Ahora la víctima es José León Rivera García quién es miembro de la Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” A.C., agrupación integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”. Su labor de denuncia en contra de los abusos cometidos por autoridades comunitarias, municipales y estatales es ampliamente reconocida.
La detención de que fue objeto, con lujo de violencia por autoridades policiacas es preocupante. La denuncia fue de la señora Rufina Rubio García quien informó que el pasado día viernes 30 de julio de 2010, alrededor de las 15:30 horas, en la comunidad de Los Duraznos, en el municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo; dos agentes judiciales acompañados de aproximadamente seis policías municipales y estatales encapuchados llegaron de manera agresiva a la casa del defensor de derechos humanos José León Rivera. En este acto lo detuvieron con lujo de violencia, golpeándolo y estrangulándolo, en presencia de su esposa, hijos e hijas a quienes también agredieron y amenazaron.
En esos hechos, fueron golpeados la señora Rufina Rubio García y su hija de 9 años Digna Rubio, quienes trataron de defender a José León Rivera. Además a Rufina Rubio la trataron de amedrentar gritándole que la iban a detener a ella también por intervenir en defensa de su esposo. Asimismo su hijo Ernesto Rubio, de 25 años de edad, fue amenazado con una pistola por un policía municipal.
José León Rivera García fue trasladado al Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial de Jacala, estado de Hidalgo, donde se sabe no ha recibido la atención médica correspondiente por las lesiones infringidas. Asimismo, José León Rivera, padece de diabetes, enfermedad que requiere de cuidados y tratamientos especiales, mismos que no ha recibido al interior del centro penitenciario. Su esposa Rufina Rubio, dio cuenta del mal estado de salud de José León Rivera García durante la visita realizada al penal el día sábado 31 de julio y de la negativa de las autoridades del Penal de permitir el ingreso de un médico particular para constatar el estado de salud de José León Rivera.
Estos hechos se circunscriben en el clima de persecución y hostigamiento que defensores de derechos humanos de la región han padecido. En el caso concreto, a José León Rivera se le fabricó el delito de abuso de confianza, instaurado dentro de la causa penal 36/2006 en el Juzgado Mixto de Jacala, Hidalgo. El denunciante Marcos Zúñiga, fue tesorero hasta 2005 de un comité de obra del Barrio Rancho Nuevo, comunidad los Duraznos, conformado para con la finalidad de construir un camino vecinal. Dicho comité recibió de parte de las autoridades de bienes comunales la cantidad de 25,000 (veinticinco mil pesos); numerario que fue utilizado en su totalidad y cuyo gasto nunca fue justificado.
Ante las denuncias de José León Rivera por la malversación de fondos, los encargados de administrar las obras, ligados a grupos caciquiles locales que detentan el control de los órganos de gobierno de las comunidades agrarias, realizaron falsas imputaciones en su contra; tratando de desvirtuar los señalamientos hechos por el mal uso de los recursos del Comisariado de Bienes Comunales del Pinalito y anexas, municipio de Jacala, Hidalgo. Hasta la fecha, no se ha resuelto el proceso penal debido a la falta de interés de la parte denunciante en el esclarecimiento de los hechos delictivos que falazmente se le imputan.
Ante la escalada de criminalización en contra de defensores de derechos humanos en el país y en Hidalgo, las organizaciones civiles y los ciudadanos demandan: Se libere de inmediato al defensor de derechos humanos José León Rivera y se garantice la seguridad e integridad física y psicológica de José León Rivera y su familia.
Se investigue y se sancione a los servidores públicos involucrados en los hechos violentos en los que fueron agredidos José León Rivera y su familia. Se revise la causa penal 36/2006 con apego a las garantías mínimas del debido proceso, en el entendido de que este irregular proceso deriva del uso faccioso del sistema de justicia penal por parte de grupos de poder en la zona. Es urgente detener la criminalización a miembros de organizaciones civiles cuando hay un clima de inseguridad pública; es a todas luces que la represión se centre en población civil indefensa que lo único que hace es defender los derechos de los ciudadanos.
