por Soledad Jarquín Edgar / desdeabajo
Porque son inolvidables, por la amistad que permanece:
A la Generación de Oro de la UAG, a veinticinco años de distancia
Más de una década después de que mujeres independientes, feministas, académicas, de organizaciones no gubernamentales e, incluso, servidoras públicas, demandaran de manera reiterada y en tiempos distintos, las reformas y adiciones necesarias para la eliminación de vacíos legales al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el pasado jueves 12 de agosto se aprobó el procedimiento que hará realidad lo establecido en el artículo 316, fracción II del Código Penal, es decir, el cómo, el quién y el dónde se debe practicar un aborto cuando el embarazo sea producto de una violación, disposición contemplada en Oaxaca desde 1944, según dato obtenido en el dictamen presentado.
La dilación de más de seis décadas para normar el procedimiento de aborto legal en caso de violación por parte del Legislativo es una larga cuenta de muertes maternas, frente a la única opción de las mujeres a realizarse abortos en condiciones no seguras; en otras, el dogmatismo del Legislador, se traduce en enfermedades que las discapacitan y que arrastran a lo largo de sus vidas como resultado de malas prácticas médicas al momento de un aborto que la ley no les garantizó y, un tercer drama, el cambio radical de la vida de las mujeres, que frente al vacío legal como principal obstáculo, son doblemente victimizadas al negarles su derecho al aborto legal y son obligadas a tener un hijo no deseado que le recordará durante toda su vida la forma brutal en que fue concebido. Sí, aunque digan lo contrario.
Pero los tiempos cambian y el reacomodo de las fuerzas políticas actuó como viento a favor de esta añeja demanda de las mujeres que viven en Oaxaca. Así, el priismo llevó la propuesta hasta las últimas consecuencias y el pasado jueves, por unanimidad se aprobaron las reformas y adiciones a varios artículos del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, que establecen los procedimientos de aborto en caso de violación. Sin duda y parafraseando a Neil Amstrong: “es un pequeño paso para las mujeres pero un gran salto para la humanidad”.
La adición al artículo 60 del Código de Procedimientos Penales establece que la interrupción legal del embarazo (ILE) se hará en los hospitales de asistencia pública, los cuales deberán contar con el personal no objetor de conciencia, lo que habría de garantizar a las mujeres este servicio.
Esta reforma establece que corresponderá al Ministerio Público autorizar en 72 horas, contadas a partir de la solicitud del ILE presentada por quien ha sido agredida sexualmente; en seguida el MP notificará al Secretario (o Secretaria) de Salud de la entidad, quien tendrá que ordenar a quién corresponda la práctica del ILE y deberá tomar la muestra del producto para la realización de la prueba de ADN y determinar la responsabilidad del agresor.
No hay duda, es un paso importante, pequeño pero importante, que al menos blinda el derecho de las mujeres a abortar cuando el embarazo es resultado de una violación sexual ¡faltaba más! como decía mi querida abuelita Lucha y es un gran salto considerando lo ocurrido en los últimos años con el derecho a decidir de las mujeres en 18 entidades del país, además de que ignoramos el rumbo que tomarán los derechos de las mujeres con la derechaizquierda, dispuestos a no plantear nada que pueda romper la pretendida unidad al seno de la próxima legislatura (todos contra el PRI), al grado tal que Manuel Camacho Solís ya les tiró línea y les advirtió que para evitar rompimientos nada que tenga que ver con el aborto y el matrimonio homoparental, donde tal parece no hay ni habrá consensos, una hendidura grave que con el tiempo podría desmoronar la casa. Los vientos políticos, queda claro, han cambiado de rumbo, leyó bien ese rumbo la bancada priista que llevó la aprobación de las modificaciones que supuestamente propuso Ulises Ruiz vía el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hasta la unanimidad con la votación de 37 diputados que asistieron, cinco legisladores se perdieron esa oportunidad por encontrarse de permiso: Francisca Vera Pineda y Amador Jara Cruz, del PRD; Juan Olivera del PT, Magdiel Hernández Caballero del PUP y José Vásquez Morales del PSD.
Sin embargo, el Legislativo deja pendientes graves, como las aberrantes reformas al Artículo 12 de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, lo que sucedió en septiembre pasado a propuesta de la panista y presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Perla Woolrich, y que fehacientemente defendieron los priistas, en esa alianza de compromisos que suscribieron legisladores del PRI con el PAN sobre el cuerpo de las mujeres, provocando con ello la criminalización del aborto en 18 entidades del país.
Hemos escuchado cómo algunos actores políticos, algunas mujeres y una mayoría de hombres, han empezado a plantear un debate sobre el aborto, todos quieren decir qué deben hacer las mujeres, entre ellos por supuesto la jerarquía católica, los diputados que no resisten las tentaciones del patriarcado, los funcionarios que con poder se pretenden infalibles y, bueno, hasta los que nada tienen que decir opinan; sin embargo, las mujeres no plantean debate alguno, todos estos años lo que han puesto sobre la mesa es su derecho a decidir y a determinar sobre sus cuerpos, como una decisión propia y no del resto de las personas.
En Guanajuato, por ejemplo, el Legislativo de filiación panista, criminalizó el aborto mediante una figura creada para ello y que se denomina “homicidio en razón de parentesco”. El resultado es que 166 mujeres han sido denunciadas por el personal médico de hospitales públicos, 14 enfrentan un proceso penal, nueve han sido sentenciadas con penalidades que superan los 25 años de cárcel, 30 más ya fueron consignadas.
Tal parece que en Guanajuato, como sucede en otras entidades del país, “La cultura fálica de la dominación es, todavía, un hecho”, como asegura Juan María Alponte, en su libro Mujeres, Crónica de una Rebelión Histórica (Ed. Aguilar). Cultura fálica representada por el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez; el procurador de aquella entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, y por supuesto por el personal masculino de los hospitales que denuncian a las mujeres que abortan, mujeres casi siempre jóvenes y en situación de pobreza, que han interrumpido el embarazo sea o no provocado. Las mujeres que pueden pagar no se arriesgan, acuden a costosas clínicas para interrumpir sus embarazos. Es cuestión de oportunidades.
La criminalización del aborto, es decir, impedir a las mujeres tomar decisiones sobre sus cuerpos, ejercer ese derecho, es una imposición de un viejo sistema de dominación, que se resiste a ver a las mujeres en igualdad de derechos, en igualdad para ejercer su libertad, las considera inferiores, las oprime con sus leyes, de ahí que se atribuya la facultad de seguir subyugándolas mediante legislaciones absurdas. Son, pienso, iguales al grupo talibán que el pasado domingo ejecutó públicamente a Bibi Sanubar, viuda de 35 años, que sin estar casada se embarazó, lo que significa no cumplir con los preceptos del Corán. Antes, esta mujer que fue acribillada por el propio juez que la condenó en un juicio sumario, recibió 200 latigazos y fue obligada a abortar. Sin duda, el patriarcado es una condena vigente.
Cancún, otra vez la infancia
Cancún, cabecera del municipio de Benito Juárez, está en el ojo el huracán luego de que se diera a conocer la violación de una menor en una “celda de castigo” que existe desde 2006 en un albergue o casa filtro para menores, perteneciente al Sistema DIF y que opera el gobierno municipal.
Hace poco más de una semana, fueron reveladas varias verdades: la violencia sexual contra una menor que puso una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trascendió que otra pequeña sufrió la misma tortura y que hay una tercera que está desaparecida.
Sin embargo, este vergonzoso caso cobró notoriedad en los medios por el escándalo político que acusaba con índice de fuego al gobierno perredista de Benito Juárez, lo que dio lugar a otra revelación terrible en el sentido de que estas celdas de castigo operan en seis de los nueve municipios de Quintana Roo.
Así, que como un acto de magia, los medios invisibilizaron las amargas experiencias de las dos menores y la supuesta desaparición de otra más –muy parecido a lo sucedido en Casitas del Sur, un albergue de la ciudad de México, cuya investigación está en manos de la PGR, pero ya no se sabe nada -. Es increíble cómo frente a determinados asuntos escabrosos, dolorosos y vergonzosos, la sociedad mexicana invisibiliza los hechos profundos que revelan que en este país los derechos humanos son un plato de segunda mesa, más aún cuando se trata de las niñas y los niños.
Hasta ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza entrevistas con las más de 40 niñas y niños y la directora María del Pilar Rello Aguilar fue destituida. Esta funcionaria aceptó que sí había la celda de castigo y, en una pretensión absurda de lavarse las manos, sostiene que se utilizó sólo “algunas veces” para niñas y niños con adicciones y también para aislar a quienes por su conducta podrían ocasionar algún daño.
Sin duda, se hace necesario investigar a fondo los hechos ocurridos. No basta con destituir a la directora, se tiene que saber quiénes fueron y castigar a los agresores de la violencia sexual cometida contra una o dos niños y también se debe conocer qué fue de la niña cuyo paradero se desconoce. Saber la verdad es fundamental.
El albergue o casa filtro como le llaman es dirigido desde el pasado viernes por la ex visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Laura Susana Martínez, quien tendrá que asumir su papel, porque aunque el hecho se convirtió en un asunto político, ocultando las agresiones cometidas contra las niñas y los niños, este no puede ser un caso más de los que ocurren en este país y que termine en el olvido y sin el ejercicio de la justicia para las niñas violadas.
Ojala que la verdad se esclarezca antes de que inicie su gobierno el priista Roberto Borge Angulo lo que ocurrirá en abril de 2011, digo esto por aquello del parentesco del mandatario electo con nada más ni nada menos que Kamel Nacif Borge, quien es su primo. Sí, efectivamente, me refiero al Kamel Nacif, aquel de “mi héroe”, “mi gober precioso”, el Rey de la mezclilla, como le llaman es primo del nuevo gober electo de Quintana Roo. El otro ojalá que se me ocurre expresar es que esta vez el gobierno de Quintana Roo sea menos complaciente con quienes violan los derechos de la infancia.
