por Otilia G. Sánchez Castillo / desdeabajo
Más allá de la manipulación gubernamental de los festejos del bicentenario, y a punto de celebrar los doscientos años del inicio de la gesta independentista, que además de permitir crear esta nueva nación, abolió la esclavitud de la población negra e indígena, reivindicando la libertad como uno de los derechos humanos fundamentales, las feministas y el movimiento amplio de mujeres, no sólo de nuestro país, sino a nivel mundial, nos congratulamos por la libertad de 7 de las mujeres presas por abortar, en el estado de Guanajuato.
Esto no fue una dádiva del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez quien presentó el 20 de agosto una reforma al Artículo 156 del Código Penal del Estado de Guanajuato, ni del Congreso del Estado de Guanajuato que el pasado 31 de agosto, con 34 votos a favor y uno en contra, aprobó reformar del Código Penal, para reducir la pena por el delito homicidio en grado de parentesco: «A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrá de tres a ocho años de prisión» y que un artículo segundo transitorio estableció la obligatoriedad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) de revisar de oficio los beneficios retroactivos de la ley a casos vigentes.
Esta reforma se logró gracias a la presión nacional e internacional, generada por el trabajo y esfuerzo de todo el equipo de trabajo de las compañeras de Las Libres, de Guanajuato, encabezado por Verónica Cruz, del equipo de abogados que apoyaron a Las Libres en la defensa legal, y de las diversas mujeres y organizaciones feministas, principalmente agrupadas en el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, que las acompañamos en este proceso, que permitió, por un lado, desenmascarar al gobierno panista de Guanajuato, que durante mucho tiempo negó la criminalización de las mujeres por abortar y, por el otro, liberar a 7 de las mujeres presas en Guanajuato por abortar.
Con esta reforma fueron liberadas las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha. Estas mujeres son inocentes, sin embargo, de nada les valió su inocencia para evitar ser encarceladas el delito de homicidio «en grado de parentesco», y sentenciadas a purgar penas entre 25 a 30 años de prisión, de las cuales ya habían cumplido de 3 a 8 años. Su liberación surtió efecto a partir de este martes 7 de septiembre, al entrar en vigor el decreto firmado por el Gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, para la publicación de la Reforma al Código Penal.
En un comunicado oficial el Gobierno del Estado de Guanajuato manifestó que “está en la disposición de apoyar a las mujeres que fueron liberadas, lo cual se hará mediante un trabajo de acompañamiento por diferentes dependencias de gobierno, a través de sus diferentes programas, para lograr así su pronta reinserción social.” Para ese gobierno las mujeres liberadas continúan siendo homicidas, que necesitan de su apoyo, con cualquier delincuente, para reincorporarse a la sociedad.
A doscientos años del inicio de la Independencia de México, las mujeres seguimos luchando por el derecho a la independencia en nuestros cuerpos, por nuestro derecho a decidir, en el marco del estado laico y de los derechos humanos, más allá de dogmas.
¡La mujer decide; la sociedad respeta; la iglesia no se mete; y el estado garantiza!
