Piden a legisladores reformas urgentes en materia de energía eléctrica para formar un nuevo organismo que atienda la zona centro del país. La Comisión podría mediar en las negociaciones a petición de ambas partes, para facilitar la construcción y cumplimiento de acuerdos.
Ciudad de México (DESDE ABAJO).- “Como miembros de la sociedad civil exigimos al gobierno mexicano la vuelta a la legalidad en el tema eléctrico; demandamos que las autoridades federales atiendan y solucionen el grave conflicto social que provocaron con el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro”, afirmó Alfonso Bouzas, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al intervenir durante la presentación de la Comisión Civil de Seguimiento de los Acuerdos SME-gobierno federal, de la cual él forma parte, el especialista indicó que es momento de que los ciudadanos mexicanos asuman su derecho de reclamar a los gobernantes que cumplan con su función no sólo en lo que se refiere a este conflicto, sino también con su obligación de proporcionar un servicio eléctrico de calidad y con seguridad.
Hemos visto que han tenido lugar diversos accidentes en las instalaciones eléctricas que han ocasionado daños a las personas y sus bienes; falta de suministro eléctrico y, sobre todo, esas eventualidades han causado ya algunas muertes y han puesto en peligro la vida de muchos ciudadanos.
En sendas intervenciones, la senadora Rosario Ibarra y el secretario general del SME, Martín Esparza, reiteraron el tema de los accidentes. Hoy mismo, comentó, más de una decena de personas resultaron quemadas por la explosión de instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto se debe a la falta de mantenimiento de la infraestructura pero también, y en gran medida, a la impericia de quienes son ahora los encargados de suministrar el servicio eléctrico.
En consonancia con Enrique González Ruiz, Alfonso Bouzas explicó que la Comisión tiene como fin ayudar, desde la sociedad civil, a que se cumplan los acuerdos que devuelvan los derechos que les fueron conculcados a los trabajadores electricistas y a su organización gremial. “Exigiremos al gobierno una solución pronta y justa al conflicto; recurriremos a todas las instancias necesarias para hacerlo, incluidas las internacionales”.
Incluso, la Comisión podría mediar en las negociaciones a petición de ambas partes, para facilitar la construcción y cumplimiento de acuerdos. “Eso dependerá de la Secretaría de Gobernación, de que preste oídos a esta demanda de la sociedad civil”, añadió González Ruiz.
Por su parte, Miguel Concha Malo, defensor de derechos humanos, advirtió que la Comisión se ha formado para hacer un trabajo concreto de coadyuvancia en la solución del conflicto y no escatimará esfuerzos para ventilar el caso ante los mecanismos de justicia y denuncia tanto nacionales como internacionales.
Durante el acto, el catedrático Enrique González Ruiz, dio lectura a la declaración pública de la Comisión de Seguimiento, mientras que Miguel Concha Malo hizo lo propio con el documento Constitutivo de la misma instancia.
