Bajo el yugo casi 30 años de gobiernos ultraconservadores –del PRI tecnócrata al PAN confesional y guerrerista-, México ha tenido que lidiar con amenazas institucionales en detrimento a los derechos de la población. El caso de las y los enfermos de VIH/Sida es uno de los ejemplos más claros.
Como se sabe, el VIH/Sida es una enfermedad que mata también en lo social. Ligada históricamente a la homofobia, la sociedad general se asustó cuando conoció que la pandemia también contagiaba a mujeres y a infantes. Y peor aún, las y los más pobres de los pobres del tercer mundo, eran –siguen siendo-, el blanco principal de la enfermedad, no solo por la agudización del machismo que ciega los intentos de prevención sexual, sino porque las limitadas políticas públicas destinadas a la prevención y combate no bajan y las personas mueren en la inanición. En pocas palabras, en México, el VIH/Sida está íntimamente ligado a la pobreza, como en todo el mundo.
Así que por principio es ridículo que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), asegure que en un año se han reducido las cifras de enfermos y enfermas de 25 mil a 10 mil. Considerando que la población mexicana aumentó en un millón en los últimos años y que existen casi 20 millones de pobres en el país, según cifras del oficialista Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los efectos de la pandemia son inversamente proporcionales a la capacidad del Estado de asegurar el derecho a la salud – a lo que se suma el desmantelamiento gradual de la seguridad social.
Así que la prevención, control y combate al VIH/Sida en México es un tema urgente de derechos humanos, en el que surge el llamado público a: medir correctamente la situación que guarda la enfermedad en el país y las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de las y los pacientes; elaborar políticas públicas encaminadas a la cobertura total contra sus efectos tanto en pacientes arraigados como en potenciales; garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas las mexicanas; enfatizar programas sociales y políticos para la erradicación del machismo; y la asignación de un presupuesto justo.
Pero, para documentar la frustración, es pertinente recordar que Felipe Calderón redujo el presupuesto federal para VIH/Sida en un saldo de 53 millones de pesos para el 2010, y el 2011 no es alentador.
