Luis Astorga Almaza, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. dijo que los tomadores de decisiones tienen de tres: no hacer nada, negociar con el crimen organizado (lo cual solo legitimará a estos grupos y alimentará el autoritarismo) o hacer un pacto político, es decir, que los partidos políticos se pongan de acuerdo en las líneas de acción de una política de seguridad de Estado con metas a corto, mediano y largo plazo.
México, DF (DESDE ABAJO).- El tráfico de drogas y las organizaciones del crimen organizado atraviesan todas las esferas de la sociedad, por eso el planteamiento de las soluciones a estos temas deben incluir multiplicidad de visiones y ángulos, aseguró Luis Astorga Almanza, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Los puntos principales a tomar en cuenta para el diseño de una Política de Seguridad de Estado van más allá de pensar en policías y militares, hay que hablar de la situación económica del país y su inserción a nivel internacional, de la relación con Estados Unidos, de la pirámide demográfica que incluye a muchos jóvenes desempleados, tan sólo por poner ejemplos, dijo el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El fenómeno de la violencia vinculado al tráfico de drogas, añadió, es cada vez más impactante, se disparó de manera brutal en este periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa y desafortunadamente las opciones que ha planteado el Gobierno Federal han sido muy limitadas.
México ha seguido el modelo de las políticas internacionales, que son esencialmente punitivas, no ha encontrado un equilibrio entre éstas y las políticas preventivas, siguen imperando el andamiaje institucional prohibicionista, existente desde hace más de un siglo, y liderado por Estados Unidos.
Sin embargo, hay algunos países como Portugal y Holanda que han puesto un poco de énfasis a las medidas preventivas, con la aplicación de políticas menos ortodoxas, encaminadas a la reducción del daño con la regulación de algunas drogas.
Es necesario, aseguró, tomar en cuenta la experiencia de otros países con referencia al tipo de sanciones legales y la forma de aplicación de la ley, no para clonar sus modelos, sino para tomar las medidas que funcionan en contra de los grupos del crimen organizado: “para tener más claro cómo y cuándo usar a las fuerzas armadas, cómo investigar el lavado de dinero y todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la delincuencia organizada, por ejemplo”.
El investigador urgió la autonomía de las instituciones de procuración de justicia del Poder Ejecutivo, en todos los niveles de gobierno, para que no sean objeto de uso político y así buscar la profesionalización y fortalecimiento de estos organismos “que en la actualidad generan desconfianza en la sociedad”.
Astorga informó que México cuenta con más de dos mil instituciones policíacas con niveles de profesionalización dispares, con altísimos grados de corrupción, con una fragmentación política generada desde los gobiernos federal y estatal, pues los directores de las policías “guardan lealtad” a quien los nombró titulares del cargo y no al servicio de la sociedad.
Es decir, el gobierno federal no puede controlar a estas instituciones policíacas porque el país ha pasado de un sistema de partido de Estado a la alternancia en el poder con la competencia de partidos. “Pero esto no ha dado origen a pactos políticos para diseñar de manera conjunta una política de seguridad de Estado”, señaló.
El especialista sostuvo que las discusiones del tema se han centrado exclusivamente en lo que pasa al interior del país por lo que se tiene que incorporar el peso de la relación de México con Estados Unidos así como el marco regulatorio internacional prohibicionista que no se han atrevido a romper países como Holanda o Portugal y si ellos no lo han hecho, hay que entender que nosotros tampoco lo haremos. “Eso nos está mostrando lo políticamente posible a nivel internacional, que no es lo políticamente deseable”.
En el país, es un pequeño grupo el que concentra la mayor parte de la riqueza criminal, el que está causando problemas de inseguridad y de ingobernabilidad en algunas partes de México, y no son una minoría ridícula, como dijeron algunos funcionarios públicos en una declaración desafortunada, pues lo que hacen tiene efectos multiplicadores de gran impacto sobre la sociedad.
No es el 95{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} del crimen común el que está generando sensaciones de ingobernabilidad, ni cortando cabezas, ni despedazando gente, la mayor parte de estas sensaciones las están creando grupos de la delincuencia organizada particularmente de tráfico de drogas ilegales.
Los partidos políticos deben entender que la política de seguridad en un país es muy importante, que rebasa los intereses de los costos con miras a las elecciones locales o presidenciales, que en un sistema de alternancia no se puede decir que toda la responsabilidad es del Presidente de la República y que los gobiernos locales tienen que asumir lo que les toca.
En resumen, subrayó, los tomadores de decisiones tienen de tres: no hacer nada, negociar con el crimen organizado (lo cual solo legitimará a estos grupos y alimentará el autoritarismo) o hacer un pacto político, es decir, que los partidos políticos se pongan de acuerdo en las líneas de acción de una política de seguridad de Estado con metas a corto, mediano y largo plazo.
Esto último es lo que han hecho países como Inglaterra, Canadá, Francia y EU, quienes no modifican su política de seguridad de Estado solo porque llegue un partido distinto a la dirigencia, al menos en lo sustantivo.
El Estado mexicano no puede coordinarse porque no hay un acuerdo entre partidos políticos, por lo tanto, éstos tienden a utilizar sus propias fuerzas de seguridad en beneficio de su propio partido, de sus propios intereses y eso crea el corto circuito con el poder central, por eso urge el pacto político, aseveró el doctor Luis Astorga.
