A unas cuantas semanas de que inicie el proceso electoral federal de 2012, aún faltan algunas acciones centrales para poder realmente integrar los elementos básicos que darán certidumbre a los electores y a los actores políticos. Uno de ellos es la selección de los consejeros electorales locales.
La convocatoria que emitió el Instituto Federal Electoral (IFE) para la selección de los consejeros electorales que integrarán los 32 Consejos Locales de cada entidad federativa y el Distrito Federal ya se cerró hace algunos días. Corresponde ahora a los Consejeros Electorales, del Consejo General, realizar el proceso de selección entre una gran cantidad de aspirantes.
Un hecho trascendente de la convocatoria fue que las postulaciones pudieran ser propuestas por las organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, académicas, empresariales y de apoyo a la comunidad. Lo que puede ser un factor para romper las viejas inercias con la que se seleccionan a los consejeros electorales.
Hoy se puede tener la oportunidad para reconstruir a los organizamos electorales como instancias ciudadanizadas, que respondan a la diversidad de expectativas de los sectores sociales. El IFE creado en 1990 hoy enfrenta el reto de superar la críticas y poder convertirse en un árbitro con decisión, respetable y reconocido capaz de organizar las elecciones presidenciales de 2012 que apuntan a ser polémicas y aguerridas.
El IFE se crea para institucionalizar los procesos electorales en México, después de un largo periodo desde 1917 hasta 1977, en que las elecciones eran organizadas por dependencias gubernamentales, lo que permitió la conformación de un sistema político hegemónico, sin oposición fuerte, y sin generar condiciones para la competencia política entre el poder y sus adversarios.
En 1977 se realiza una “reforma política”, vertical y “desde arriba” que permitió el mantenimiento de elecciones inducidas y controladas. Así se inicio un “ciclo de reformas políticas” graduales que mantuvieron al PRI como partido predominante, puesto que la Secretaria de Gobernación seguí siendo la figura principal en la organización de las elecciones federales y locales. Fueron reformas “gatopardezcas” de “cambiar todo” para dejarlo igual.
Fue hasta las elecciones de 1988 cuando hay una división en la elite gubernamental y se inicia la competencia. Carlos Salinas de Gortari se erige como presidente ante una elección con graves y masivas irregularidades que pusieron a temblar las normas e instituciones electorales creadas para reproducir un sistema. Todos recuerdan que en la etapa de cómputo de votos, simplemente “se cayó el sistema” y empezaron a fluir votos falsificados. El IFE nace como un mecanismo de imparcialidad, legalidad y certeza para acceder al poder y legitimar los procesos políticos de manera abierta y para que el voto ciudadano cuente y se cuente.
En diez años se fue construyendo un consenso de respetabilidad para el IFE. Las elecciones de 1997 de diputados federales y la elección presidencial del 2000 confirman la independencia e imparcialidad de actuaciones. No fue una dadiva ni una concesión graciosa del poder, fue una demanda ciudadana y de la sociedad civil exigiendo el respeto de los derechos políticos de los mexicanos.
Pero en 2003 se reemplaza a los consejeros electorales y se da un “golpe de timón” al IFE. Nuevamente los partidos meten “mano negra” y se reparten los consejeros entre el PRI y el PAN, e incluso Elba Esther Gordillo tiene una notable injerencia al imponer al presidente del consejo general Luis Carlos Ugalde, quién fue el centro de las críticas en la elección de 2006 en donde los actores se olvidaron de la “democracia” y “el Estado de Derecho” y torcieron los resultados electorales.
Como resultado de una severa impugnación ciudadana a las elecciones de 2006 se formuló en 2007 una reforma a la ley electoral federal y se propició un cambio de los Consejeros del Instituto Federal electoral. Previamente se había planteado incluso la desaparición de este organismo electoral. Todo ello se hizo para cerrar cicatrices de la irregular y sucia elección, reconocida incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación (TEPJF).
En las entidades federativas no varía mucho la injerencia de los gobiernos locales y de los partidos políticos más fuertes para imponer “cuotas” en la selección de consejeros locales y más aún el de vetar a personas que opinan y tienen ideas distintas. Si se quiere un proceso limpio, legal y transparente será necesario que la selección de consejeras y consejeros se realice de modo claro, sin partidarismos y seleccionando a personas que sean representativas de los diferentes sectores de la sociedad y de la opinión pública.