Al finalizar 2011 una cosa parece clara: integrantes del Ejército Mexicano torturan y vejan a las mujeres como una forma de control político y social. Desde las incursiones del ejército buscando guerrilleros en Oaxaca y Guerrero en los años 60, hasta el día de hoy.
La paradoja es que el gobierno, obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la voz del secretario de gobernación, Alejandro Poiré, pidió perdón y se horrorizó ante la historia de Valentina Rosendo Cantú, la indígena tlapaneca que esperó 10 años para que su experiencia y tortura fueran reconocidos.
Pero todos los demás casos están en la impunidad y el recuento es tremendo. No hay avance en las denuncias, no existe, a pesar de que como me explicó la diputada independiente Enoé Uranga, hoy la Constitución de la República obliga a los presuntos responsables y al Estado a reparar el daño, investigar y hacer justicia.
Reformas, leyes, fiscalías y algunos aparatos de alto costo para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres, no sirven, y los militares siguen gozando inopinadamente del «fuero militar»; los responsables civiles gozan de la complicidad de ministerios públicos, jueces y magistrados. No parece importar a nadie, que la reforma a la Constitución, ésta fundacional que ha elevado al máximo rango la no discriminación y los derechos humanos esté vigente y deba cumplirse, porque en la práctica cotidiana esto no es más que papel mojado.
Igual sucede en la sociedad, que aplaude el reconocimiento a Valentina Rosendo Cantú, mientras permanecen en la nota cotidiana el feminicidio de al menos dos mil mujeres al año en todas partes del país, y siguen sin investigación casos horrendos contra las defensoras de los derechos humanos.
Duele esta indiferencia, y duele que mientras esto se escribe, lo único que parece importar es el acomodo de nuevas y antiguas políticas que ya se han apuntado en las listas de precandidatas. Por cierto de decenas de nombradas, sacadas de los acuerdos y negociaciones, no existe más que una feminista y defensora de las mujeres indígenas, Martha Sánchez Néstor, a quien ya se le regatea su derecho ciudadano.
LOS HECHOS
La violencia brutal contra los cuerpos de mujeres tiene diferentes significados: en ellas la violencia sexual es una de las expresiones máximas del patriarcado donde su cuerpo se vuelve campo de batalla y botín de guerra. Tal vez por ello cuando la Fuerza Armada de México, a través de su ejército, recurre a la violencia sexual es para destruir la dignidad y la fuerza de las mujeres.
Miriam Isaura López Vargas, de 28 años es la última de las víctimas conocidas. Fue violada y torturada durante los meses en que fue recluida en instalaciones castrenses, desde febrero de 2011. Su denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra integrantes de la II Región Militar en Baja California, incluye, señala el expediente «actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual».
Ella cursó la denuncia el mismo día que todas y todos, y hasta quienes ni imaginan lo que sucede en los sótanos de este país, decía, el mismo día que celebramos el reconocimiento de los horrores que sufrió Valentina, la indígena tlapaneca ultrajada por integrantes del ejército, en la montaña de Guerrero.
De ella supimos todo en un día mediático. Indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, originaria de Caxitepec, Guerrero. Dos elementos del ejército, igual que a Miriam Isaura, la intimidaron preguntándole sobre los guerrilleros, la torturaron sexualmente y escaparon. Hoy, a pesar de todo, apenas se harán las investigaciones, según dijo ese día la Procuradora General de la República, Marisela Morales. Informó que el 20 de septiembre de 2011, el caso se abrió en la justicia civil, cuando ya la CIDH había terminado la investigación. Diez años después.
De Inés González, atropellada en el mismo año de 2002, en la misma zona. Nada. De las tres jóvenes Tzeltales, violadas por el ejército en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994, nada. De las violadas por el ejército en la Zona Loxicha y de las Tiquis asesinadas en Oaxaca, nada. Tampoco hay justicia real y profunda para las atropelladas y violadas por integrantes del ejército en 2006 en Castaños, Coahuila.
Poiré, en el acto mediático, donde Valentina explicó cómo no dejó de pedir justicia entre sus 17 y 26 años, dijo que el gobierno mexicano «no admite actos de esta naturaleza» y aseguró que no se trata de una política. Llegó a decir que el de Valentina es o fue «un caso aislado».
Yo recuerdo que en los años sesenta, las trabajadoras de Camisas Medalla, que marcharon de Monterrey a la Ciudad de México pidiendo justicia laboral, fueron detenidas y enviadas a la Escuela de Policía. Veinte años después, una de las integrantes, llamada Celia, me contó cómo fueron torturadas sexualmente.
En aquél tiempo, así me dijo, «no podíamos atrevernos a contar nuestra deshonra» y eso me rebela más contra la vida, porque, y eso lo sabemos de Valentina rechazada por su esposo, todavía el entorno de las mujeres es tan tremendo que una mujer violada pierde valor social. Son sus cuerpos propiedad de todos, menos de ellas y «perder la virginidad» o «ser de otro», las desmantela como personas.
Lo mismo sucedió a las jóvenes Tzeltales, que tuvieron que huir de su comunidad, luego de hacerse la denuncia, porque encima se las desprestigió socialmente. Y no puedo olvidar el rostro de tristeza de su madre.
Nadie puede en su sano juicio suponer que el «acto de reconocimiento» por parte del gobierno puede ser festinado, mientras todas y cada una de las vejadas, perseguidas, atropelladas, violadas y algunas asesinadas, permanezcan sin justicia.
Éste, el de la violencia sexual, representa el signo de este año fatídico que termina el próximo sábado. Y muestra hasta qué punto el ejercicio de la fuerza discurre sin indignación. Miriam Isaura explicó a una revista cómo vivió en las cuarteles militares, en un arraigo, por un supuesto delito contra la salud del que fue absuelta el 1 de septiembre último, por el juez décimo de Distrito, José Neals André.
Hoy, Miriam Isaura tiene miedo, libre y decidida a olvidar los agravios, se siente amenazada nuevamente por militares. Y Poiré dice que esta no es una práctica contra lo que esta guerra descerebrada e impulsada por Felipe Calderón, hace con hombres y mujeres de este país. Y todavía Calderón sigue en los Pinos. Una verdadera desgracia.
por Sara Lovera / DESDE ABAJO
