Los poderes fácticos, que son poderes de hecho, que aparecen de modo incontrolable, con gran influencia en sectores sociales de la población son el principal riesgo que enfrentan las próximas elecciones. Se trata de gobernantes y funcionarios públicos que realizan acciones a favor de algún partido o candidatura. Los monopolios televisivos, estaciones de radio y medios impresos que apoyan abierta y directamente a los candidatos. Camarillas sindicales y empresariales para los que este país es el mismo de hace 40 años.
por Pablo Vargas González / DESDEABAJO
El Instituto Federal electoral (IFE), de acuerdo con su logística de organización de las elecciones prevé la identificación de “focos rojos” en casillas y secciones electorales con el fin de prevenir y adelantarse a las posibles irregularidades. Sin embargo, los principales riesgos no se encuentran en la preparación ni en la organización del proceso electoral sino en la intervención de poderes fácticos que pretenden interferir el voto ciudadano.
En efecto el IFE ya tiene ubicadas las secciones y casillas donde se prevén dificultades en la jornada electoral del próximo 1° de julio. Al interior del IFE se les conoce como secciones de atención especial (SAE), cuyo número se ha incrementado de manera exponencial, todas ellas por el problema de “inseguridad pública” y el aumento de la delincuencia. No es asunto generalizado, sino que se ubica en algunos estados.
El IFE realizó en todo el país, un trabajo de campo para determinar las características actuales de las 66 mil 740 secciones en las que está dividido el territorio nacional. Como resultado estableció que 2 mil 480 (3.7 del total) son de “atención especial”, es decir, zonas de “alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas, etcétera (sic)” (La Jornada, 11 de marzo de 2012).
Para realizar su trabajo, el IFE toma como parámetro una lista de 20 causas por las cuales una sección puede ser clasificada como de atención especial. Derivado de ello mantiene un monitoreo constante, por lo que esta lista, actualmente con 11 mil 55 secciones, puede variar de hoy al día de los comicios. Las entidades más afectadas por la inseguridad son Nuevo León, con 628 secciones de atención especial; Tamaulipas, con 387; Jalisco, 308; Chihuahua, 231; Sonora, 166, y Durango, con 124. Le siguen Baja California Sur, con 97; Coahuila, 88; Distrito Federal, 85, y Oaxaca, con 65 secciones de atención especial por la causal de “alta inseguridad pública”.
Otro problema es la emigración en estados y regiones donde la expulsión poblacional es fuerte. Ante todo ello, el IFE tiene dispositivos y operativos para prevenir y organizar las elecciones. En 2009 pudo sortear graves dificultades tanto en Chihuahua como Tamaulipas. Estos son factores que pueden influir de un modo “normal” pero que de ningún modo podría afectar la organización de las elecciones.
En cambio, habría que poner atención en los verdaderos “focos rojos” que si pueden interferir con la organización e influir en los resultados electorales. Se trata de la intervención de acciones de grupos o instancias de poder político y público que pretenden llevar “agua a su molino”. En estas últimas semanas hemos presenciado verdaderas injerencias y graves violaciones a la ley.
Por una parte, Felipe Calderón, principal figura del poder ejecutivo, interviniendo directamente ante 800 empresarios para ponderar una encuesta, financiada con recursos públicos, para ensalzar a una candidata, lo que implica una clara intromisión en la vida democrática y en el proceso electoral.
En los últimos días la visita del Papa alemán Benedicto XVI a un bastión partidario emblemático de la derecha política, trajo consigo mensajes políticos que es imposible desdeñar la fuerza de orientación a los fieles católicos para votar en contra de los intereses de la iglesia, como ya se han encargado de promocionar sacerdotes y jerarquía eclesiástica.
Los poderes fácticos, que son poderes de hecho, que aparecen de modo incontrolable, con gran influencia en sectores sociales de la población son el principal riesgo que enfrentan las próximas elecciones. Se trata de gobernantes y funcionarios públicos que realizan acciones a favor de algún partido o candidatura. Los monopolios televisivos, estaciones de radio y medios impresos que apoyan abierta y directamente a los candidatos. Camarillas sindicales y empresariales para los que este país es el mismo de hace 40 años.
Dos formas de detener los poderes fácticos son aplicar la ley y respetar la Constitución que impide el uso de recursos público y la intromisión gubernamental. Pero también la sociedad civil, las organizaciones civiles, los estudiantes, las y los trabajadores pueden movilizarse para generar una participación cívica que defienda la legalidad y los derechos ciudadanos. Una elección libre y participativa solo se hará con la movilización y la conciencia ciudadana, de otra manera tendremos que palmar con la permanencia de poderes a favor grupos alejados de las necesidades de la sociedad.