Por primera vez en la historia democrática española, todos los sectores de la enseñanza pública, desde la escuela infantil hasta la universidad, participan en una huelga para protestar por las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los principales sindicatos de la educación pública han estimado que 80 por ciento de sus agremiados asisten a la huelga general este martes, mientras el Ministerio de Educación rebaja la participación al 19 por ciento.
En Barcelona unas 3 mil personas según la Policía y más de 18 mil según los organizadores marcharon por las calles de la ciudad.
Los cinco sindicatos convocantes de la huelga, respaldada también por la confederación de padres de alumnos y diversas plataformas de estudiantes, señalan el despido de 100 mil profesores interinos, la masificación en las aulas y una menor calidad de la educación española como las consecuencias más visibles de unos recortes que cifran en 7 mil 200 millones de euros en total.
Profesores, padres y alumnos de todos los tramos acusan al Gobierno de desmantelar la escuela pública con unos ajustes que, afirman, provocarán un retroceso de 40 años en las aulas españolas.
Al respecto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte precisa que 3 mil 400 de esos millones de euros fueron recortados en las dos anteriores legislaturas socialistas, sin que se produjeran protestas, y asegura que el único objetivo de los impulsores de la huelga es meter miedo a las familias españolas.
«Se trata de la mayor agresión a la educación pública de la historia democrática», señaló el portavoz para Educación del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Mario Bedera, poniendo de manifiesto el desacuerdo de la mayoría de las formaciones políticas españolas con los recortes impulsados por el Gobierno del Partido Popular (PP).
Los convocantes de la huelga en la enseñanza pública consideran que el despido de profesores interinos desencadenará una masificación en las aulas, con grupos de hasta 30 alumnos en Educación Infantil y Primaria, hasta 36 en Secundaria y hasta 42, ampliables a 46, en Bachillerato.
Además, los despidos implicarán un incremento de las horas lectivas para los docentes, que se verán obligados a impartir materias diferentes a su especialidad y para las que muchas veces no se consideran preparados. Los recortes también provocarán la eliminación de clases de refuerzo y compensatorias.
Otros desacuerdos con el Gobierno de Rajoy son la decisión de no sustituir a los profesores hasta que no hayan transcurrido diez días lectivos o quince naturales, algo que los inconformes consideran que afectará al desarrollo del curso escolar, y la libertad de los centros para ofertar todas las modalidades de Bachillerato.
Los inconformes protestan también por la ruptura en la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, debido al incremento, de hasta 50 por ciento, del precio de las tasas de matriculación en las carreras y la reducción en el presupuesto de becas.
El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, consideró una auténtica barbaridad el alza en las tasas universitarias, que se traduciría en una subida media de 540 euros al año.
«Qué trabajador ha tenido una subida salarial de 500 euros en los últimos 40 años. Es una tragedia para familias que están asfixiadas económicamente», indicó el líder estudiantil.
El Ministerio de Educación recordó que el Estado español paga entre el 75 y el 85 por ciento de la matrícula universitaria, por lo que, aseveran, es uno de los países europeos con mayor cobertura. Reiteran que están negociando con el Instituto de Crédito Oficial la creación de préstamos a intereses muy bajos para familias necesitadas.
El Gobierno conservador impuso recortes a la educación y la sanidad por más de 10 mil millones de euros como parte de un ajuste global para enfrentar la grave crisis económica y conseguir rebajar en 2012 el déficit público del 8.5 por ciento al 5.3 por ciento, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea.
En los últimos meses, miles de profesores, padres y alumnos han protestado en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla por los severos recortes a la educación pública que es obligatoria y gratuita en España hasta los 16 años de edad.
Ayer, la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno español para atajar la crisis económica calificándolas de desproporcionadas.
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