México sigue en vilo. A punto de ser una “democracia delegativa” carente de compromisos con los electores pero anclado a los grandes poderes fácticos que domina el territorio o bien se marcha por un camino distinto de creación de consensos para una nueva etapa política, de nueva gobernabilidad democrática, incluyente y plural.
por Pablo Vargas González
La calificación apresurada de los magistrados del tribunal electoral del Poder Judicial, en que declaran al presidente electo, que aceleraron sus procedimientos y a pesar de que había un plazo hasta el 6 de septiembre para dar su fallo, genera una calificación imperfecta que solo traerá nuevas inconformidades pero no propiciará la legitimidad deseada por un gobernante.
Fue notable el medio y las formas en que los magistrados del TRIFE “fundamentaron” su decisión del “NO” aceptar las quejas y medios de prueba del Movimiento Progresista, no fue un desahogo que incluyera las reformas electorales a la constitución para que los magistrados y el Tribunal en su conjunto revisara el juicio de manera exhaustiva. Fue un portazo en la cara.
Se pusieron a prueba las reformas constitucionales de 2007 y 2008 correspondientes a valorar los principios de validez de la elección, en los que se encuentran los principios constitucionales de equidad, imparcialidad y objetividad. Fueron desdeñados. Es difícil que un grupo de magistrados de la vieja escuela, más fuerte que nunca, pudiera ser sensible a analizar a fondo, sin intereses de facción, las nuevas facultades. Es casi imposible, que nuevas leyes sean aplicadas por jueces de la vieja guardia.
Se abre un periodo que repite, casi el 2006, en que los poderes públicos, encargados de un asunto de gran importancia para el país y sus ciudadanos, se cierran de manera concertada aplastando la posibilidad de dar certeza, justicia y verdad a los procedimientos de gobernabilidad.
Una vez más, se cumplen los procedimientos jurídicos, de la orquestación de la “unanimidad”, que no dan oportunidad a la diferencia y al contraste de visiones de la realidad, que dan una legalidad forzada, pero incompleta e imperfecta. Pero aun cuando se minimicen las protestas y voces en contra, lo mismo que en 1988 y 2006 se constituirán gobiernos con poca aceptación social, o bien que mantendrán la desconfianza ciudadana de grandes sectores de población.
Prevalecerán las creencias y opiniones de los y las ciudadanas que vieron y vivieron las irregularidades. las evidencias y pruebas que circularon en algunos medios y en redes sociales, sobre compra y coacción del voto ponen en duda que el voto se haya expresado de manera libre y auténtica. Los ejemplos más publicitados son los de “Soriana Gate” que distribuyó miles de tarjetas de prepago para que los votantes que las recibieron votaran a favor de determinado partido por una cantidad de $200, 500 o $700. El caso se conoció cuando algunas tiendas fueron vaciadas por una masa de gente temerosa de que no les fueran a cumplir el pago.
Todo ello se constituyó en un sistema organizado de compra y presión sobre el voto que anuló los principios de libertad y autenticidad electoral. Todo esto “no fue claro ni elementos contundentes de prueba” para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quién tenía la misión de limpiar las elecciones. A ello se suma la denuncia de dos fuerzas políticas (PAN y PRD) sobre una posible “triangulación” de fondos para el financiamiento paralelo de la campaña electoral de un candidato.
Dado que se desconoce el monto de dinero que circuló en todo el país, para la compra y coacción del voto, que fue una millonada para un país pobre y desempleado, se tienen que escudriñar a fondo la repercusión que estas prácticas nefastas tuvieron sobre las elecciones. No es fácil señalar un número de casillas que estuvieron involucradas en la compra y presión de votantes sino que su existencia implica una enorme inequidad entre los contendientes.
No fue gratuito el surgimiento de las protestas sociales, principalmente de los jóvenes y estudiantes sobre la calidad del derecho a la información. No son los únicos sectores que se han pronunciado por la limpieza electoral, una gran cantidad de ciudadanos exigieron que se fuera al fondo en esta etapa electoral, pero no fueron escuchados.
México sigue en vilo. A punto de ser una “democracia delegativa” carente de compromisos con los electores pero anclado a los grandes poderes fácticos que domina el territorio o bien se marcha por un camino distinto de creación de consensos para una nueva etapa política, de nueva gobernabilidad democrática, incluyente y plural, como es la sociedad mexicana. La credibilidad y confianza de las nuevas generaciones, y de todos los ciudadanos, está en juego.
