La actual iniciativa de reforma laboral contiene elementos que desmantelarían los principios de la Revolución Mexicana y las conquistas logradas por los trabajadores y sindicatos, a lo largo de décadas. Empero hoy resultan un estorbo para la nueva etapa y regreso del PRI.
por Pablo Vargas González
Diferentes fuerzas políticas y legisladores federales han dicho que la propuesta de reforma laboral, que impactará el Artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo puede generar “estallidos sociales” si se aprueba como fue enviada por el presidente Calderón. Por lo menos es una “papa caliente” en manos del presidente electo Enrique Peña Nieto que tendrá que convencer y explicar a los grandes sindicatos su aprobación.
Enviada como una iniciativa preferente del poder ejecutivo federal, la reforma laboral se podría aprobar en solo quince días, pues el plazo es el 30 de septiembre, lo que generaría un precedente de leyes elaboradas, improvisadas, “sobre las piernas” y “al vapor”, y que en lugar de generar aceptación provocaría mayor distención e inconformidades en los sectores sociales y en la clase trabajadora.
La actual iniciativa de reforma laboral contiene elementos que desmantelarían los principios de la Revolución Mexicana y las conquistas logradas por los trabajadores y sindicatos, a lo largo de décadas. Empero hoy resultan un estorbo para la nueva etapa y regreso del PRI, donde se piensa en un proyecto de país, que solo existe en las lujosas oficinas de los potentados.
Se habla de lograr la competitividad, elevar el empleo y la productividad, todo ello demandas prioridades del sector empresarial. Proponen reducir el costo de mano de obra, abatir la estabilidad en el empleo, favorecer el despido barato e incrementar el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva.
Se incluyen maquillajes discursivos como “trabajo decente”, igualdad de género, modernización procesal y de conceptos como dignidad en el trabajo y productividad, cuando sus efectos reales generarían más precariedad e incapacidad para construir relaciones laborales decentes, sustentadas en una negociación colectiva auténtica.
Sin embargo, la Reforma laboral tiene efectos tremendos contra las conquistas laborales, como pretender suprimir la responsabilidad patronal a través de una subcontratación sin protección. Si bien en la iniciativa se afirma que este nuevo régimen busca «“evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón”», la verdad es que pretende encubrir las obligaciones de los beneficiarios del servicio a través de una triangulación con los llamados subcontratistas, que sólo están obligados a cumplir con los derechos mínimos, salario mínimo y seguridad social.
El proyecto pretende destruir los principios básicos que rigen las relaciones laborales, que parten de la premisa de que quien se beneficia del trabajo de otro, es el verdadero patrón y asume responsabilidades como tal. Se propone encubrir esta obligación con un contrato mercantil, que revierte las cargas laborales al subcontratista, quien normalmente es una figura simulada para que el verdadero patrón se escabulla. En realidad, lo que se pretende es abrir la puerta legal para homologar a la baja las condiciones de trabajo. De aprobarse la iniciativa, el subcontratismo se convertirá en el régimen común porque no está debidamente regulado, el futuro será tan sólo de derechos mínimos; por otro lado se afectan el fisco y el régimen de seguridad social.
Desde hace décadas se venía cocinando una reforma laboral en México, por lo menos desde Salinas de Gortari (1988-1994), sin embargo no tuvieron la fuerza ni el apoyo social para llevarla a las cámaras con el respaldo de las grandes corporaciones y sindicatos obreros. Ante el anuncio hecho por el PRI, de presentar una propuesta de respaldar la reforma laboral, varios sindicatos y juristas han advertido de la posibilidad de una “contra reforma” a los principios de la “revolución” y de la constitución de 1917.
Tremenda responsabilidad tiene el presidente electo Enrique Peña Nieto y la coalición gobernante que lo llevó al poder. Como poder conciliar los intereses de los patrones y empresarios que pretenden un “paraíso laboral sin leyes” con los intereses de los trabajadores, “la prole”, y sus familias.
No cabe duda que el gran capital, y los empresarios pretenden imponer una reforma laboral que anule las conquistas de la revolución mexicana, como en que el Estado sea el garante y mediador en los conflictos entre los obreros y empresarios. Por lo que no se puede aprobar sin una discusión profunda en el país, y una gran consulta nacional una propuesta que afecta y daña los intereses de las mayorías.