Los mexicanos vivimos una guerra de clase y lo sabemos bien. El dominio y el dinero de “ellos”, es proporcional a la capacidad de resistencia y los impuestos de “nosotros”. Y los recursos no son eternos ni la conciencia siempre ciega.
por Guadalupe Lizárraga
Después de casi dos años del asesinato de Marisela Escobedo, y una serie de irregularidades por parte del gobierno de Chihuahua y del gobierno federal en la investigación, la fiscalía presentó a un presunto homicida. Al parecer, el contexto que obliga a las autoridades a actuar de manera intempestiva y a cometer nuevas irregularidades es el asesinato del hijo de Humberto Moreira, ejecutado en Coahuila y para el que hubo un gran despliegue de agentes investigadores que en cuestión de días han logrado resultados satisfactorios para su familia.
La rapidez con que se ha atendido el caso Moreira ha generado indignación entre los mexicanos y lo han manifestado en las redes sociales y medios alternativos, cuestionando una “justicia de clase”. Mientras, los medios tradicionales han intentado legitimar la figura del priista como “una víctima más” de la supuesta guerra contra el narcotráfico, las redes sociales recuerdan los crímenes de Moreira que van desde el peculado cuando fue gobernador, desapariciones forzadas, persecuciones políticas y hasta control de influencias en el tráfico de la droga en la región.
Junto con el caso de Marisela Escobedo, las autoridades presentaron también al supuesto autor de la masacre de 72 migrantes acribillados en San Fernando, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias, “La ardilla”. Y coronaron la “eficacia” del sistema de justicia con la supuesta ejecución del narcotraficante Heriberto Lazcano, del cártel de los Zetas, quien después de muerto fue desaparecido de la morgue “por un comando”.
Sin embargo, el feminicidio de Marisela Escobedo, madre de otra víctima de feminicidio, Rubí Marisol Freyre, va mucho más allá de encontrar un asesino y presentarlo ante la prensa como caso resuelto. Ni siquiera es suficiente que se plante frente a las cámaras el mismo gobernador César Duarte y balbucee tropiezos editados, para hacer creer que “eso” es justicia.
Al igual que los demás casos, el de Marisela Escobedo tiene muchos cabos sueltos, especialmente porque involucra a las mismas autoridades de la fiscalía en la corrupción de la investigación, como ya se había denunciado en diciembre de 2011, en Los Ángeles Press, que después se convirtieron en amenazas de muerte a los periodistas.
La fiscal de Chihuahua, Rosa María Sandoval fue denunciada, en ese entonces, por destruir evidencia del caso, como los discos que grabó el asesino de la hija de Escobedo, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Las grabaciones eran canciones en las que, en estrofas al estilo de corridos, contaba todo lo que le había hecho a la joven hasta destazarla y dársela a los cerdos. Así de grotesco.
La fiscal destruyó esos discos frente al testigo protegido y la denunció por intentar vincular a Escobedo con el cártel del Chapo Guzmán una semana después de asesinada. También la fiscal fue denunciada por amenazas de muerte contra el mismo joven al negarse cambiar su testimonio, por lo que hoy se encuentra en proceso de asilo político en Estados Unidos.
La fiscal es ahora la que lleva las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez. La que revisa expedientes con las madres de las víctimas. La que les da larga en los casos de sus hijas mientras les arrima una despensa de menos de setenta pesos. Y los feminicidios y los secuestros siguen dándose.
A Duarte, a la fiscal, a los medios de comunicación, a Moreira, a la PGR y a todos los involucrados en la manipulación del concepto de justicia, les resultará sencillo y hasta divertido lanzar sus historias increíbles al pueblo de México. Les resultará divertido fracturar un esqueleto y repartirlo en varias ataúdes para decir que “hallaron” unos cuerpos de desaparecidas. Les parecerá entretenido ver cómo resisten las madres tantas caminatas ya sin lágrimas. Para ellos, subestimar la vida del pueblo mexicano es cosa cotidiana.
No obstante, la sociedad se mueve. Se articula, interviene y se transforma en comunidad con individuos diferentes y competencias distintas. Es en este contexto, que la verdad aflora por diferentes vías y cruzando fronteras en resistencia a la manipulación y a la mentira. Los mexicanos vivimos una guerra de clase y lo sabemos bien. El dominio y el dinero de “ellos”, es proporcional a la capacidad de resistencia y los impuestos de “nosotros”. Y los recursos no son eternos ni la conciencia siempre ciega.
El pueblo también tiene su propio concepto de justicia. Lo vimos con el caso Moreira. Un pueblo burlándose del dolor del priísta, como se burla del nivel de inteligencia que representa a quien quieren imponer como presidente.
Un pueblo que también tiene el valor de denunciar como Manuel García, como Aleph Jiménez, como los jóvenes de Veracruz, de Tuxtla o de Mexicali. Todos formanla dignidad como contrapeso a los abusos del narcopoder.
El pueblo tienesus propias armas en esta guerra de clase, y la más poderosa es la solidaridad entre los ciudadanos. Aun cuando no sea evidente para el pueblo mismo, la red ya está tejida.
