Termina el sexenio de Calderón y empieza el de Enrique Peña Nieto. La transición no llevará cambios profundos en el respeto a los derechos humanos, puesto que seguirá el Ejército en las calles y la continuidad de las políticas de seguridad, aunadas a la asesoría de “expertos colombianos”
por Pablo Vargas González
En este 10 de diciembre de 2012, día internacional de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, es importante hacer un balance profundo sobre el avance y situación de los derechos humanos en México. Es difícil decir que hay “claroscuros” se estaría falseando la realidad, cuando aún persisten enfoques, instancias y prácticas donde se transgreden las normas, se distorsiona la ley y existe una amplia impunidad.
Concluye un sexenio donde se dio preponderancia a la “guerra contra la delincuencia”, un grave planteamiento que capturó a la sociedad mexicana al miedo y la zozobra sobre la seguridad pública y la seguridad personal. Empieza desde ahora un análisis sobre los resultados.
En cambio esta famosa “guerra contra la delincuencia” deja saldos negros y números rojo evidentes se han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias hasta el último día de la administración. Así como también el uso excesivo de la fuerza, y la presencia en las calles de soldados del Ejército y la Marina, con un bajo control sobre sus acciones.
Dadas las críticas y la molestia de grandes grupos de la sociedad mexicana el gobierno de Felipe Calderón intentó tardíamente equilibrar su política de seguridad en relación con los derechos humanos.
En el sexenio varios actores sociales y movimientos, así como también medios de comunicación se organizaron y pudieron poner límites a las estrategias del gobierno federal en la “guerra contra la delincuencia”, entre ellas el poeta Javier Sicilia con el “Movimiento por la paz con justicia y dignidad” que puso en evidencia la triste realidad de los derechos humanos y el desdén del Estado para hacerlos respetar.
También han sido importantes los informes internacionales de las agencias de derechos humanos, sobre todo de manera importante Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), de este último su informe de 2011, que señala: “México: abusos generalizados en la guerra contra el narcotráfico”, da pormenores de la impunidad, de torturas, “desapariciones”, y ejecuciones que amenazan la seguridad pública.
En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país.
El titulo del informe no dejo lugar a dudas: “Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México” examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país” (Human Rights Watch, 2011).
Termina el sexenio de Calderón y empieza el de Enrique Peña Nieto. La transición no llevará cambios profundos en el respeto a los derechos humanos, puesto que seguirá el Ejército en las calles y la continuidad de las políticas de seguridad, aunadas a la asesoría de “expertos colombianos”, que no es para “saltar de contentos” pues ese caso no canta mal las rancheras en la represión y militarización de la sociedad.
Existen en este momento grandes expectativas sobre el respeto a los derechos humanos por parte del “nuevo gobierno federal”. La reforma constitucional de derechos humanos sigue latente, y las entidades federativas siguen como si nada pasara, haciendo de la vista gorda. Que se puede esperar de autoridades y políticos solo interesados en los cargos y los cambios políticos. La sociedad civil debe seguir en el conocimiento, la lucha por la extensión de derechos, su protección y su respeto. Felicidades a todos y todas las activistas sociales.
