Alberto Buitre
El pasado 15 de mayo el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, México, recibió una carta del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en la cual advertía que no instalaran casillas electorales en las comunidades de Oxale, Huejutla y El Lindero, Huautla, para las elecciones al Congreso local, pues sería atentatorio a los estatutos y organización comunitaria.
Palabras más, palabras menos, la histórica organización indígena-campesina dio aviso al IEE que no querían elecciones ahí y que “no pueden obligar a las comunidades organizadas a instalar casillas”, pidiendo “respeto a las comunidades”.
Entonces el 24 de mayo, el Consejero electoral Artemio Rubio Hernández, pidió mediante comunicado al Presidente Municipal de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, que ayudara al IEE a “subsanar la situación” expuesta por el FDOMEZ; entiéndase, mande policías a vigilar que los rebeldes no estorben la colocación de las casillas electorales, qué importa si no es su voluntad. Así nomás, la necedad del IEE pondría el primer foco rojo para las elecciones al Congreso del 7 de julio, algo que la prensa agradece antes de morir de aburrimiento.
Pero la cuestión va más allá.
Es cierto que la Constitución y la Ley Electoral obligan a toda comunidad, barrio, ranchería o colonia a permitir la imposición de casillas electorales porque se sobresee cualquier alternativa de Gobierno o ejercicio de la democracia a la dictada desde arriba; pero también es cierto que muy pocos, y menos aún en las comunas indígenas, se tragan ya el cuento que las elecciones es la única forma de organización, y peor que las y los diputados –mucho menos los locales- son figuras legítimas de representación popular.
Pero en el IEE, acostumbrados desde su nacimiento a obedecer las órdenes del cuarto piso -y si no hay qué ver donde acabaron los serviles ex presidentes electorales José Luis Lima Morales y Daniel Jiménez Rojo-, no cabe reflexión sobre si esta clase de elecciones representan realmente la voz y voluntad del pueblo. Es que si con penas pueden promover unas votaciones sin violar sus propios principios de transparencia e imparcialidad, es iluso creer que alguien en ese mamotreto de la burocracia burguesa se ha de detener a pensar: ¿Y por qué estas comunidades de Huejutla y Huautla no creen en el sistema?
Y aunque deberían, no extraña por tal motivo que la primera respuesta del IEE antes de la reflexión y el diálogo sea pedir la intervención del poder público.
De tal forma, sólo le dan la razón al FDOMEZ. Ya ni siquiera por lo legal, pues está claro que las autoridades vendrán con su ley en mano a suprimir el acuerdo generacional del ejido; sino porque ¿quién carajo aún cree en las elecciones? Menos si en el caso de la Huasteca, todos los candidatos ofrecidos por los partidos políticos representan lo de siempre: los intereses del poder económico y el de los caciques ¿Cómo quieren que existan votaciones así? Es como ponerles a elegir al verdugo, aunque si se quiere expresar con menos dramatismo, es como darle a huevo de comer a un niño hasta vomitar, y aún así, seguirle dando la misma porquería de comida. Básicamente, una tortura.
