Pablo Vargas González
Con gran difusión se ha propalado el 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM), que se desarrollará el 8 y 9 de agosto en Pachuca, en donde se espera la asistencia de instituciones de diferentes entidades del país y cuyo tema principal será “la Participación Ciudadana, en el Fortalecimiento de los Organismo Públicos Autónomos”. Sin duda es importante reflexionar sobre los avances en esta materia en Hidalgo.
En el contexto de la transición mexicana se puso mayor atención: a) al deterioro de la legitimidad del régimen; b) a los cambios del partido hegemónico; c) en los organismos e instituciones electorales centrales, y d) en los alcances de las modificaciones a la ley electoral federal. Pero muy poco se atendió a las condiciones y cambios de poder ocurridos en los niveles local y regional. Y, sin lugar a dudas, es en el nivel local (estados y municipios) en los que mejor se pueden apreciar las dificultades de la transición política nacional, puesto que los avances y retrocesos se vinculan con la mayor o menor apertura política en las entidades federativas, y con el balance de las contradicciones y conflictos entre grupos de poder con influencia extra local, los grupos tradicionales y las fuerzas civiles alternativas.
Hasta 1994 la implementación de la “reforma del Estado” consideraba débilmente modificaciones profundas en las entidades federativas. Como sucedió desde la “reforma política” lópez-portillista de 1977, la apertura política quedó limitada a los alcances de carácter nacional y esperó a que éstos fueran secundados por los gobiernos locales pues, de acuerdo con el régimen federalista, los estados son “libres y soberanos”. Empero, no ocurrió así sino que en algunos casos hubo retrocesos que imposibilitaron el desarrollo de un ambiente de pluralismo.
Sobre los alcances de la reforma política de 1977, que es el punto de partida del “reformismo” dosificado a la mexicana, se ha argumentado que, debido a la fuerte resistencia de los elementos conservadores del régimen establecido, sus objetivos no fueron crear una reforma profunda que condujera a la alternancia, quedando reducida a una liberalización política de carácter limitado y gradualista, pactada desde la elite del poder y conducida por ella, ya que sus alcances no llegaban a tener siquiera condiciones pre transicionales.
Varios estudios sobre la “adaptación” de las reformas electorales de 1977 a las leyes locales en materia electoral, muestran que en la mayoría de entidades federativas los gobiernos locales escamotearon los distintos alcances de apertura y pluralismo políticos. Algunos no aplicaron correctamente o sólo aplicaron de manera parcial las medidas que debían ser generales para todo el país. Aumentaron los requisitos para obtener diputados de representación proporcional pero, sobre todo, permaneció un férreo control sobre los organismos locales electorales.
En el nivel local, los estados y municipios, el Estado mexicano no tuvo la capacidad ni la voluntad de garantizar mejores condiciones políticas y electorales. Tampoco propició condiciones de certidumbre y legalidad tanto en el entorno como en el proceso electoral, pues las reformas electorales fueron tardías e incompletas.
Por el contrario, los niveles locales fueron espacios de subordinación a los intereses de la elite política, donde prevalecieron los mecanismos de control que caracterizaban las elecciones semicompetitivas del régimen autoritario: la refuncionalización y la rehabilitación del corporativismo y los cacicazgos, el control exacerbado de los organismos electorales, la coacción clientelar, el uso patrimonialista de programas sociales y la propagación de la cultura del miedo para forzar el voto de la “estabilidad”.
En esta etapa de “regreso del PRI a Los Pinos” se requiere dar pasos firmes hacía una “reforma del Estado donde los Organismos públicos autónomos no estén partidizados, ni estén controlados por los gobiernos y grupos de poder dominante en los estados. Fortalecer los organismos que se han creado para una intervención de la ciudadanía es un reto para la sociedad y el gobierno.
