ALBERTO BUITRE
A usted maestro Miguel Ángel Granados Chapa, ya dos años de su partida física
Una semana antes del 14 de agosto, el gobernador Francisco Olvera pidió a José Alfredo Sepúlveda hacerse cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. El notario aceptó, sin saber acaso, qué aceptaba exactamente. Le sonó a leyes, le sonó a una oficina donde pasar cuatro años bajo el reflector de la función pública; el lugar ideal para alcanzar su verdadera meta: la presidencia de Rotary International.
Uno de los requisitos para aspirar a la máxima representación de RI es haber desempeñado un cargo público. Entonces los anhelos de Sepúlveda podrían concretarse en la presidencia de la CDHEH, aún si el estatuto rotario no aclara como necesario la conclusión de un periodo en cargo. Más, la mención misma en el curriculum, es lo redituable.
La carrera de Sepúlveda en los rotarios es conocida. Se ha desempañado en diversas comisiones de este club, incluida la dirección de Rotary International en México. Su interés político tiene como centro las utilidades de RI. Sus conocimientos y opiniones sobre asuntos públicos se basan en la idiosincrasia de dicha asociación de asistencia burguesa.
Sepúlveda no conoce sobre derechos humanos, y para sus fines, no necesita saber. Al entrevistarse con la Comisión legislativa que lo eligió, reconoció públicamente “no ser un experto” en la materia, ignorando, incluso, disposiciones básicas de la Ley de Derechos Humanos del Estado.
La fracción del PAN así lo acusó: “Su experiencia profesional se relaciona fundamentalmente con las actividades notariales y asistenciales pero no propiamente con la protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, ni con el combate a toda forma de discriminación”, de acuerdo a información relevada por elportalenred.com.
Este mismo medio reveló el 16 de octubre la postura abiertamente homofóbica de Sepúlveda, frente a la posibilidad del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, al decir, que la unión entre no heterosexuales “no debe ser considerada matrimonio”.
¿No se le debe dar la figura de matrimonio a éstas uniones?, le preguntaron. Y el ‘ombudsperson’ hidalguense respondió: «Pues no, tenemos que ver cuáles son los beneficios, qué causa en la sociedad, si mejoran, empeoran, se conserva igual, si se protegen derechos de minorías o es un derecho que se puede hablar que es también de las mayorías”.
Si Sepúlveda no es capaz de reconocer derechos universales, no creados por a ultranza de un grupo, sino por recomendación de la ONU ¿entonces qué hace en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo?
Fácil: el gobernador lo puso. Por su encargo, el ex delegado del ISSSTE, Alberto Jongitud Falcón operó su imposición. La Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Hidalguense de las Mujeres y el DIF presionaron a las organizaciones sociales para firmar en apoyo al ungido. A algunas las amenazaron con bloquearles proyectos o cancelar sus lobbys. También, maicearon a las y los diputados de oposición.
Así pasaron las cosas. Sepúlveda llegó al cargo sin saber y sin saber, tal vez ni lo concluya. En tanto, Hidalgo tiene un registro de más de 6 mil quejas por violaciones a derechos humanos. La mayoría, por parte de funcionaros de impartición de justicia; sí, los mismos que le firmaron cartas al nuevo ‘ombudsperson’. Eso es lo más triste del caso.
