Segunda parte
LOS ÁNGELES, California.- Las evidencias sobre rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda dados a conocer por Los Ángeles Press, el pasado 31 de mayo, indignaron fuertemente a su madre Isabel Miranda Torres. “Que den pruebas, no suposiciones”, escribió a esta periodista por su cuenta de Twiter @WallaceIsabel y abundó por el mismo medio descalificando la información periodística: “los delincuentes se mienten tanto a sí mismos que se creen sus propias mentiras…”.
En el primer contacto por la misma cuenta, Miranda adjuntó la imagen de una denuncia en contra de Ámbar Treviño Pérez, quien fue abogada de la inculpada Brenda Quevedo Cruz, en 2010. En el documento se señala la orden de acción penal PGR/SIEDO/UEIS/144/2010 en contra de Treviño por supuestos delitos de “falsificación de documentos, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, responsabilidad profesional y delincuencia organizada con finalidad de cometer secuestro”.
Por esta acusación, se libró la orden de aprehensión contra la abogada Ámbar Treviño y estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010. El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad –el 6 de mayo– bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”. Isabel Miranda no desconoce este dictamen, y sin embargo, sigue usando una denuncia presentada por ella misma como prueba de «delincuencia organizada con intención de secuestro» en flagrante calumnia contra la abogada.
El perjurio de Isabel Miranda ante la Corte de Chicago
Otra de las pruebas que delataron a Isabel Miranda sobre la manipulación del caso Wallace es el delito de perjurio cometido contra la Corte de Chicago en Illinois, el 6 de enero de 2008, al haber presentado una carta apócrifa de no antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto Wallace.
Brenda Quevedo Cruz, refugiada en Estados Unidos después de la acusación pública de Miranda en 2006, fue localizada y detenida en Louisville, Kentucky en 2007. Los agentes de Migración la internaron en un centro de detención en Chicago, donde enfrentó el juicio de deportación. Fue cuando la Corte de Chicago solicitó el récord de los antecedentes criminales tanto de la inculpada como de la presunta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda.
Quevedo Cruz no tuvo antecedentes penales. Wallace Miranda, por el contrario, había sido procesado por el delito de “contrabando” en 2001. Sin embargo, el documento presentado a la Corte de Chicago por su madre afirmaba:
“Hugo Alberto Wallace Miranda does not have any preliminary investigations, court orders or criminal background for a crime for local matters in this Attorney General’s Office”.
La misiva en inglés contiene un logo alterado del Gobierno de la Ciudad de México y el membrete de la Procuraduría General de la República con el número 203/2606/08-10. Incluía supuestamente la firma del entonces fiscal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juan Maya Avilés (actualmente retirado del cargo).
La Secretaría de Seguridad Pública en México es quien realiza los trámites de no antecedentes penales, y para ello se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y credencial de elector presentado por el interesado. De acuerdo a la información oficial, si éste no puede asistir, lo puede tramitar un familiar directo, con carta poder firmada por el interesado. Ante la pregunta de esta periodista a la funcionaria pública que atiende dichas solicitudes de si era posible otorgar una carta de no antecedentes penales a una persona fallecida a petición de la madre, respondió sin cortapisas que no, pero continuó: “A menos que sea una institución que lo solicite a nuestra institución, esto es que mande un oficio por escrito a la secretaría” –y reiteró– “una solicitud de institución a institución, esos son casos especiales en los que no se niega”.
–¿Puede un fiscal de Autosecuestros firmar una carta de no antecedentes penales, suponiendo que se solicitó de institución a institución? –preguntó la periodista.
–No, de ninguna manera. Ningún fiscal está autorizado para firmar esos documentos, sólo los directores y, por ausencia, los subdirectores –respondió la funcionaria.
–Tengo copia de una carta de no antecedentes penales presentada en una Corte de Estados Unidos, firmada por un fiscal de Antisecuestros y con un sello de la Ciudad de México y membrete de la PGR. La carta es de 2008, ¿esto posible, es decir, podría ser legal?
–No es posible. Le repito, ningún fiscal firma cartas de no antecedentes penales, eso no es una política nueva, es nuestro reglamento. Pero además nosotros dependemos de la Segob (Secretaría de Gobernación), no del Gobierno de la Ciudad de México. La carta de no antecedentes penales la expide la Secretaría de Seguridad Pública y las cartas llevan el sello de la Segob.
La explicación de la funcionaria coincidió con la información del sitio oficial de la PGR en la red: “La Procuraduría General de la República no expide cartas de no antecedentes penales, toda vez que éstas son solicitadas a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”.
El gobierno mexicano, a través del agente del Ministerio Público, Jesús Andrés Hernández López, desmintió a Isabel Miranda y presentó una declaración jurada en apoyo de la petición de extradición de Brenda Quevedo Cruz, al localizar información criminal a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. En este documento, se hizo referencia a la orden de reaprehensión por el Juez Decimotercero de Distrito de Procedimientos Penales Federales dentro de la causa 196/2001. En su declaración dijo el agente que Wallace fue liberado bajo fianza por la cantidad de $14,665.00 pesos mexicanos (USD$ 1,173).
De acuerdo con la argumentación de la defensa de Quevedo Cruz en el juicio de deportación, realizada por el abogado Stanley J. Horn, y el despacho jurídico en el que trabajaba entonces “Horn, Khalaf, Abuzir, Mitchell & Schmitd”, el gobierno mexicano no proveía las suficientes evidencias de que su cliente hubiera participado en el supuesto crimen y le resultaba “cuestionable la veracidad de las confesiones” de los imputados que habían intentado retractarse.
“De hecho, la evidencia proveída por el gobierno –señaló Horn en el alegato de ocho páginas– junto con las explicaciones de la acusada son radicalmente diferentes. La falta de evidencia del gobierno es todavía más cuestionable basada en la información proveída por Quevedo Cruz que demuestra una excelente probabilidad de que la supuesta víctima esté viva, incluyendo los récords de llamadas telefónicas, correos electrónicos y testimonios…”. La defensa de Quevedo concluyó que si a su cliente la deportaban sería torturada en México para obligarla a incriminarse. Tal como sucedió, aunque no se ha incriminado hasta la fecha, pese a haber sufrido dos torturas y la violación sexual de sus agresores, el 27 de noviembre de 2009 y el 13 de octubre de 2010.
El esposo de Isabel Miranda, sin comparecer
La evidencia más contundente para Isabel Miranda Torres ha sido la prueba de ADN obtenida de un elemento piloso y una gota de sangre, encontrados en el departamento de Perugino #6, supuesto lugar del crimen, correspondiente al perfil biológico de su cónyuge José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Sin embargo, una segunda acta de nacimiento que se dio a conocer en la primera parte de este reportaje revela que él no es el padre biológico de Hugo Alberto. A Enrique Wallace se le citó a declarar en varias ocasiones, pero su esposa, Isabel Miranda, respondió, al Juez Décimo Sexto de Distrito de Procedimientos Penales el 9 de noviembre de 2006 que no tenía comunicación con él y desconocía su paradero:
“…me permito informar a usted que desconozco dónde pueda ser localizado el C. José Enrique del Socorro Wallace Díaz en virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad, no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”.
Posterior a esa fecha, a Isabel Miranda y Enrique Wallace se les ha visto en diferentes ocasiones en eventos sociales. Uno de éstos fue el 15 de diciembre de 2011, el cual se trataba de un festejo de cumpleaños de un alto funcionario, cuyo evento fue amenizado por el Mariachi de la Secretaría de Marina. Incluso en la campaña política de Miranda cuando aspiró a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal en 2012, Enrique Wallace acompañó a su esposa en varios eventos políticos. No obstante, desde 2006 hasta la fecha no se le ha obligado a presentarse ante el Ministerio Público para responder a la solicitud de la autoridad.
En evento social de 2011
En evento político de 2012
El torturador, de las confianzas de Isabel Miranda
Dos de los inculpados identificaron al agente del Ministerio Público, Oswaldo Jiménez Juárez, como su torturador: Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín. Por parte de la defensa de Quevedo se presentó una inconformidad de no acción penal contra Jiménez Juárez ante la Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la indiferencia de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor de Quevedo Cruz, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a Quevedo por la tortura recibida el 27 de noviembre de 2009.
Fragmento imagen de texto
En la reciente audiencia pública del 5 de marzo de 2014 en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, que presidió el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres inculpados con la causa penal 35/2006, estuvieron presentes María Isabel Miranda, su hermano Roberto Miranda, defensores de oficio, secretario y el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.
En el careo, tanto Jacobo Tagle como César Freyre deslindaron a Brenda Quevedo de toda responsabilidad. Incluso, ratificaron que ella no conocía personalmente a Hugo Alberto Wallace Miranda, sólo había escuchado hablar de él. Según el análisis del abogado especialista, Luis Vargas, de la Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos, “los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y César Freyre durante el careo, refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio”.
Abunda Vargas que las declaraciones por parte de los co-procesados que llegaron a incriminar a Brenda al inicio del proceso “fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo”.
Jacobo Tagle, en su declaración preparatoria, ya había expuesto que “fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz”. César Freyre también manifestó que Brenda no fue partícipe del crimen y afirmó haber sido víctima de tortura física y mental, por lo que puso una denuncia ante la Corte Interamericana de derechos Humanos por los actos de tortura.
En la audiencia, era la primera vez que leía un documento el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez. Fue cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Veracruz, donde tuvo la segunda tortura.
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Después de esta denuncia, Jacobo Tagle fue trasladado con “carácter urgente” del penal Altiplano No.1 al CEFERESO No. 12 en Guanajuato, a solicitud de José Luis Musi Nahmías, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, según el oficio SEGOB/OADPRS/20847/2014, con fecha del 12 de mayo. La defensa de Tagle solicitó el motivo de traslado y de incomunicación, y la respuesta del Juez Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales, Ricardo Garduña Pasten, fue que había sido “por seguridad” porque lo estaban “molestando verbalmente” de acuerdo al alegato de Musi. La familia, por su parte, declaró a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad que Jacobo Tagle no estaba siendo hostigado en el penal como para decidir con urgencia su traslado y mantenerlo incomunicado, “Jacobo estaba bien”, enfatizó a la organización de derechos humanos.
En la imagen, de izquierda a derecha, se encuentra Roberto Miranda (hermano de Isabel Miranda), Oswaldo Jiménez Juárez, Isabel Miranda, el abogado Ricardo Martínez Chávez y el sobrino de Isabel Miranda. La evidente relación entre Miranda y el agente ministerial identificado como responsable de tortura Oswaldo Jiménez Juárez con Miranda, sin embargo no ha sido investigada por las autoridades, pese a las denuncias de los inculpados y la valoración psiquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Protocolo de Estambul, tanto de Brenda Quevedo como de Jacobo Tagle.
Los nacimientos de Isabel Miranda
Isabel Miranda, además de tener varias versiones de su vida, ha usado diferentes nombres personales, ha dado diferentes nombres de padres y diferentes fechas de nacimiento. Los ha utilizado en documentos oficiales, como en el acta de nacimiento de su hijo Hugo Alberto Miranda Torres, bajo el nombre de Isabel Torres y el padre Jacinto Miranda Jaimez, que ya se reportó en la primera parte. Miranda señaló el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter que no sabía quién era «Isabel Torres», pero guardó silencio con el nombre de su hijo de apellidos Miranda Torres y de su primera pareja, que se separó de ella después de haber registrado a su hijo en 1970.
Isabel Miranda –en entrevistas a los medios– ha dado, al menos, cuatro fechas de nacimiento: 1949, 1951 (con dos fechas distintas) y 1955. A CNN, por ejemplo, dijo que había nacido el 27 de mayo de 1951 y así fue difundido por la televisora, mientras que a El Universal le especificó el 17 de enero de 1951. Pero en las actas de nacimiento y el CURP de Hugo Alberto, así como en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, del que ella es la única fuente, coinciden en que la fecha de nacimiento de su hijo es el 12 de octubre de 1969. Si ella hubiese nacido en 1951, habría tenido su hijo a los 16 años; edad en la que dijo haberse casado con Enrique Wallace. El acta de reconocimiento a Hugo Alberto, por parte de Wallace Díaz se expidió con fecha del 19 de noviembre de 1975, año en que nació su hija Claudia, y Hugo Alberto tenía seis años de edad.
Si Isabel Miranda hubiese nacido en 1955, como ha sostenido a TV Azteca y a la Revista Quién, entre otros medios, y siguiendo la fuente de su biógrafo Martín Moreno, habría tenido a su hijo a los doce años de edad. Sin embargo, en las actas de nacimiento de su hijo, con lo apellidos «Wallace Miranda» ella dice tener 24 años de edad, y en la de «Miranda Torres», 21 años.
Isabel Miranda también ha cambiado los nombres de su padre. refiriendo los nombres de Fausto Miranda, Heriberto Miranda y Alfredo Torres, usados también en documentos oficiales. En el caso de la madre, el nombre de pila ha sido constante: Mónica, pero varía en los apellidos: Torres Jaimes y Romero.
Quiénes han visto a Hugo Alberto Wallace
Hay siete testigos que afirman haber visto a Hugo, en diferentes fechas posteriores al supuesto homicidio. Algunos de estos testigos cuando informaron a las autoridades judiciales de haber sido testigos visuales, o de evidencias como llamadas por teléfonos, mensajes de texto, correos electrónicos, gastos con tarjeta de crédito a su nombre, fueron hostigados por Isabel Miranda y acusados de intentar extorsionarla o de querer “dañar a su familia”.
Uno de estos casos fue el del empresario José Luis Moya, pareja sentimental de la mejor amiga de Hugo Alberto en 2005, quien después de dar su testimonio, en 2006, de manera contundente a las dos procuradurías, la federal y la del DF, Isabel Miranda lo acusó públicamente a los medios de intento de extorsión. Incluso, en su última comparecencia, dos horas antes fue amenazado de muerte.
En su declaración, Moya afirmó que tenía información de que Hugo estaba vivo:
“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa. Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios, siendo, al respecto declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y se confirme la posible autenticidad de los mismos en un principio porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos informó que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace presuntamente ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.
Laura Domínguez, amiga muy cercana a Hugo Alberto Wallace y de muchos años, también fue amedrentada por Miranda y no quiso volver a hablar del tema, después de que ella misma le había pedido a José Luis Moya que le ayudara a buscar a su amigo. Cuando Moya empezó a tener resultados contundentes de la investigación y parte de ésta la dio a conocer en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Miranda mostró su hostilidad hacia ellos que ayudaban con la investigación, y poco después se convirtieron en el blanco de sus amenazas. Laura Domínguez pidió a la defensa de los inculpados que no la buscaran, porque su vida estaba en riesgo.
Otra de las personas intimidadas por Miranda fue el padre biológico de Hugo Alberto, el señor Jacinto Miranda, quien en una reunión privada también enfatizó a una fuente confidencial: “por favor, no me vayan a llamar declarar, puedo decirles todo, pero no me llamen a declarar”. Jacinto Miranda radica ahora en Baja California.
Una persona más que vio a Hugo Alberto con vida fue un informante, que de acuerdo a varios funcionarios públicos de testigos, tuvo contacto directo con Isabel Miranda. “El Alfil”, es el alias con el que se llegó a identificar y señaló en su declaración que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. La información de “El Alfil” se dio en junio de 2006, sin embargo, para febrero de 2007 ya había desaparecido la declaración de las indagatorias. Según la fuente, ese año, había nuevas llamadas de Hugo Alberto Wallace, a través de un nuevo celular, y se dieron constancias de acuse de recibo por parte de Jorge Rosas García, expedidas en su oficina de Plaza de la República, Número 43, en el segundo piso.
Otra persona cercana a Hugo Albeto Wallace lo reconoció en un bar en Tres Palos, municipio de Acapulco. Al saludarlo le dijo: “No mames, guey, tu madre está lucrando con tu muerte”. A lo que Wallace respondió haciendo un chasquido con la boca: “Ah, mi madre está loca, por eso ni la veo”. Después de beber algunas cervezas, se despidieron, y antes de irse, Hugo Alberto lo amenazó de muerte si llegaba a mencionar que lo había visto.
Hay dos testigos más que estuvieron en contacto con Hugo Alberto Wallace en dos ocasiones después de la fecha de su supuesto homicidio. A mediados de julio y la primera semana de agosto de 2005. La primera ocasión él iba conduciendo una camioneta negra con vidrios oscuros, acompañado por otras dos personas en el auto; y la segunda, Hugo conducía una motocicleta, también acompañado por otras dos personas. Estos testigos han aceptado declarar ante el Ministerio Público de la Federación y ante cualquier autoridad judicial en México, después de que se concrete su ingreso al programa de protección internacional de testigos y víctimas, promovido por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad con sede en Montreal, en coordinación con la organización sin fines de lucro Protección Internacional para testigos y víctimas, basada en Bruselas.
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Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre
*Un reportaje original de Los Angeles Press
