Sin duda es una buena noticia la llegada de Erika Rodríguez Hernández a la dirigencia del PRI en Hidalgo. El avance político de las mujeres, sin distingo partidario, significa el avance de sus derechos históricamente negados. Es notable que sea una mujer visiblemente comprometida con las libertades y la igualdad, desde el ámbito civil y como directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres en donde dejó consolidada una red de instancias y liderazgos feministas en los municipios, así como legisladora federal, cargo desde el cual impulsó un posgrado para legislar con perspectiva de género. Por tanto era deseable que su paso por la presidencia estatal del Revolucionario Institucional no fuera transitorio, sino por un periodo completo. Rodríguez Hernández asumió la dirigencia tricolor por prelación, es decir, por ser la siguiente en el cargo de su antecesor, lo cual implica que, al cabo de tres meses, dejará el puesto para convocar a elecciones. Los dados favorecen al ex legislador, Julio Valera Piedras. De confirmarse la tendencia, Valera sí, ejercerá el cargo por los cuatro años reglamentarios, no obstante sus méritos políticos no se asemejan a los de la hoy presidenta priísta. Antes de Rodríguez Hernández, otra destaca funcionaria, Geraldina García Gordillo, fue presidenta tricolor sólo de forma interina, pero sus éxitos electorales no le valieron su ratificación; y en 1975, Estela Rojas –la primera mujer en ser dirigenta de ese partido–, fue designada por el centro. De modo que la marca que presume el PRI de tener tres presidentas en su historia, se diluye a la luz del cuestionamiento: ¿quienes han ejercido el poder real? Sólo hombres, cuyo mérito es la herencia de su género y no necesariamente su talento político.
Debe haberse seguido la carrera de Andrés Manuel López Obrador y haber puesto especial atención a su pensamiento político para entender la lógica que sustenta su abierta confrontación con las organizaciones de la sociedad civil. El presidente apuesta por el fortalecimiento del aparato estatal, lo que significa más Gobierno, menos privados. Es su obsesión el bien público, por tanto, ocupará el andamiaje del Ejecutivo para monopolizar la atención a grupos vulnerables; luego entonces, el trabajo de las asociaciones civiles terminó. Claro que luego cabe cuestionarse si la estrategia es la adecuada. Por ejemplo, en el caso de los refugios para mujeres, sería terrible simplemente entregar el dinero a las víctimas, como alertaron algunos medios; no obstante hoy se sabe que será el Gobierno quien asumirá el control de estos irrenunciables servicios, lo cual es bueno. De la misma manera ocurrirá con la atención a personas con discapacidad o de quienes estudian. Luego entonces las asociaciones civiles que sólo vivían del erario, son aquellas que trinan y truenan contra AMLO. Sólo aquellas con verdadera vocación de servicio prevalecerán; es más, esas no han levantado ni una sola protesta. Saben que, con o sin Estado, su trabajo depende de su capacidad organizativa, de su trayectoria y la seriedad de sus objetivos
