Una de las propuestas más avanzadas de la Reforma Electoral trabajada por partidos políticos y autoridades electorales estatales, es la que trata sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia política hacia las mujeres. El tema resulta crucial pues, elección tras elección, se pueden documentar episodios donde las agresiones en época electoral se exacerban cuando se trata de una candidata, derivado de su condición de género; en suma, se trata del traslado de la misoginia al escenario político donde los hombres de poder, en el poder o que aspiran al poder, pretenden impedir por medios violentos el acceso de las mujeres a cargos públicos, valiéndose para ello desde las amenazas de muerte, los atentados y, lo más común, la calumnia de índole sexual. En DESDEABAJO.MX tenemos un programa permanente de monitoreo de estos casos mediante el proyecto PARIDAD SIN VIOLENCIA y hemos atestiguado los horrores de la misoginia electoral. De tal modo, resultaría trascendental que se apruebe la nueva ley política propuesta puesto que, dentro de sus acciones afirmativas contra la violencia política por razones de género, se encuentra la de anular aquella elección donde se documente un caso semejante. Esto sería un avance definitivo en la lucha de las mujeres a participar en asuntos públicos, en la cual siempre han privado la reacción primitiva de uno o varios hombres que se niegan a perder un ápice de sus privilegios, ciegos ante inevitable arribo de la democracia igualitaria. Tal parece ser el caso del coordinador del Congreso, Ricardo Baptista González que, por razones facciosas, se niega a abordar la Reforma Electoral, dilatando su discusión y aprobación. En tanto, el tiempo apremia, y de no aprobarse la legislación, Hidalgo se perderá de una norma de avanzada que, además, ratifica la paridad en todas las candidaturas a puestos de elección popular. Esto, seguramente las mujeres hidalguenses no se lo perdonarán al actual presidente del poder Legislativo.