Desde que el pasado 28 de abril estalló en Colombia el Paro Nacional que, primero protestaba contra el alza de impuestos y precios, y se convirtió en un movimiento de justicia ante la violencia del Estado, se han documentado cientos de violaciones a los derechos humanos a cargo del Gobierno de Ivan Duque.
El más reciente escándalo tiene que ver con la denuncia hecha por la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este país andino acerca de 113 casos de violencia sexual y de género, de los cuales 112 fueron perpetrados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la fuerza de choque preferida del Estado colombiano contra las movilizaciones.
De estos 112 casos, 99 fueron contra mujeres y 13 contra personas de la diversidad sexual. De acuerdo con el informe, 27 son hechos directos de violencia sexual, cinco considerados como «acceso carnal violento —o sea, violación—, y 22 «tocamientos».
Entre los casos se encuentran crímenes con agravantes contra menores de edad, como el de una adolescente que fue violada por agentes del ESMAD en la ciudad de Popayán, al suroeste de Bogotá, quien se suicidó el pasado 12 de mayo.
Así mismo, existen denuncias documentadas realizadas por mujeres indígenas quienes, además de ser agredidas sexualmente, fueron humilladas por su condición cultural.
En la población de Puerto Madera, en la ciudad de Cali, una mujer indígena fue interceptada por dos policías en motocicleta, quienes la humillaron y violaron.
La misión de la CIDH señaló que estos hechos “indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”.
