LA HABANA — Un año ha transcurrido desde los disturbios del 11 y 12 de junio en Cuba, cuando varias decenas de personas se lanzaron a las calles a protestar por el desabasto de productos, en una jornada que devino en la destrucción de propiedad pública, agresión a transeúntes y el ondeo de banderas estadounidenses en los puntos de las reyertas.
Por eso, doce meses después, grupos de ultraderecha situados en las capitales de América y algunas ciudades del occidente de Europa, han convocado a movilizarse frente a las sedes diplomáticas cubanas para repetir una jornada de protestas contra el gobierno de la isla.
También, al cabo de este año, varias investigaciones periodísticas dentro y fuera de Estados Unidos han arrojado luz sobre el trasfondo de los disturbios, revelando que instituciones ligadas a la Casa Blanca han financiado a los grupos opositores al gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Esta es historia vieja; una que comenzó el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447 que dispuso el bloqueo total del comercio con Cuba, con base en la Ley de Asistencia Exterior de septiembre de 1961 y la Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917. Su objetivo era impedir y obstaculizar toda la actividad económica y comercial de la Revolución Cubana, la cual ya había derrotado a los marines en Playa Girón y, no conforme, declaró su socialismo a noventa millas de territorio estadounidense.
El objetivo del bloqueo se revela en un extracto de la página 885 del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 1958 a 1960 (Volumen VI), donde aparece un memorándum secreto fechado el 6 de abril de 1960 del entonces subsecretario asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory.
Ahí, el funcionario estableció:
«La mayoría de los cubanos apoya a (Fidel) Castro […] el único modo previsible de restarle apoyo interno es a través del desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales […] hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba […] una línea de acción que, aun siendo la más mañosa y discreta posible, logre los mayores avances en privar a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno».
Desde entonces a la fecha, los daños del embargo contra Cuba ascienden a más de 147 mil 853 millones de dólares, de acuerdo con el informe sobre el bloqueo presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y si se toma en cuenta la depreciación del dólar frente al oro en el mercado internacional, la cifra aumenta a 1 billón 377 millones 998 mil dólares. En plena pandemia de COVID, de abril de 2019 a diciembre de 2020, la ruina a la economía cubana fue de más de 9 mil 157 millones de dólares.
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El impacto del bloqueo se siente día con día en las calles de Cuba. Falta el arroz, escasea la leche. Y lo sufre también la industria, la que tiene que recomponer y recomponer piezas porque se hace casi imposible adquirir refacciones a causa de los altos precios internacionales y las dificultades que tienen las empresas para comerciar con la isla.
Así, las protestas del llamado 11-J, se alinearon con una política que tiene el propósito de asfixiar la economía cubana, disminuir el apoyo a la Revolución y provocar la subversión en la isla.
Por ejemplo, el periodista Alan MacLeod del portal MintPressNews.com, descifró documentos que revelan que el gobierno de Estados Unidos motivó los altercados en La Habana financiando a artistas, blogueros y otros “líderes” para provocar un “cambio de régimen” en Cuba. Así surgió la canción “Patria y Vida” (en contrasentido del lema revolucionario “Patria o muerte. Venceremos”) interpretada por un reguetonero llamado Yotuel, la cual sirvió de una especie de himno de los disturbios.
Al respecto, MacLeod publica:
“Lo que no mencionaron estos medios (en referencia a los medios que cubrieron los altercados) fue la notable medida en que raperos cubanos como Yotuel han sido reclutados por el gobierno estadounidense para sembrar el descontento en la nación caribeña. Las últimas publicaciones sobre subvenciones del National Endowment for Democracy (NED), una organización establecida por la administración Reagan como grupo de fachada de la CIA, muestran que Washington está tratando de infiltrarse en la escena artística cubana para lograr un cambio de régimen”.
El periodista estadounidense recalcó más adelante en su reportaje una declaración de Allen Weinstein, cofundador de la NED, quien dijo a The Washington Post que “mucho de lo que hacemos hoy (en Cuba) fue hecho de forma encubierta por la CIA hace 25 años”, confirmando la participación de manos pagadas por Washington en la fabricación del 11-J.
De hecho, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), oficina hermana de la NED, otorgó hasta dos millones de dólares en financiamiento a “grupos que utilizan la cultura para lograr un cambio social en Cuba”. Así, los disturbios de hace un año en La Habana comenzaron con un supuesto colectivo artístico situado en el municipio habanero de San Antonio de los Baños y otras organizaciones, entre los cuales ya se han dictado sentencia sobre 129 personas por cometer disturbios y actos vandálicos por su participación en la destrucción de infraestructura pública
Pero, al cabo de un año, Miguel Díaz-Canel sigue despachando desde la plaza de la Revolución. En contraste, la administración de Joe Biden sufre una de sus peores crisis geopolíticas en Latinoamérica.
Así se demostró en la pasada Cumbre de las Américas de Los Ángeles donde el presidente estadounidense fue desairado por siete países de Latinoamérica liderados por México, quienes se negaron a asistir en protesta porque Washington le negó la invitación a Cuba y Venezuela. En tanto que, algunos de los que sí asistieron, como el caso del argentino Alberto Fernández, aprovecharon la oportunidad para criticar de cara a Joe Biden su política de segregación. Incluso, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, exigió la desaparición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), brazo geopolítico de la Casa Blanca sobre el resto del continente.
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En ese sentido, Washington realiza tímidos intentos por recuperar terreno en las relaciones con La Habana al reactivar los viajes académicos entre ambos países, algo de turismo y aligerando las restricciones en el envío de remesas. Sin embargo, siguen vigentes las 247 medidas adicionales al Bloqueo que implementó la administración de Donald Trump, por consejo del senador Marco Rubio, y no se mira en el horizonte alguna intención de eliminarlas por parte de la Casa Blanca.
El temor de los asesores del Partido Demócrata en la oficina oval es otorgarles a los republicanos en Miami excusas para equiparar a Biden con Díaz-Canel y así perder votos en las elecciones legislativas de noviembre. Creen que, si le hacen caso al mundo entero en su exigencia de levantar el Bloqueo, perderían la popularidad con los viejos anticastristas de la Calle 8, entre los que se encuentran antiguos militantes de la invasión a la Bahía Cochinos y mercenarios de tiempo completo.
Así es como una política que afecta a decenas de millones de seres humanos en ambos lados de la Florida, se decide en un par de mesas de dominó.
